EDUARDO SAN JOSÉ || Politólogo y analista político. Fuente: www.barómetrosocial.com

La metáfora de la cola de la lagartija sucede a la del blindaje de las élites.

Cuando una lagartija se siente atacada es habitual que, como sistema de defensa, se desprenda de su cola, ésta se mueve durante un buen rato distrayendo a su atacante y permitiéndole huir mientras tanto. Es un sacrificio que compensa pues, con el tiempo, le crecerá de nuevo.

Las propuestas de regeneración política planteadas en España recientemente parecen cumplir la misma función que el desprendimiento de la cola en la lagartija: distraer a la ciudadanía para que no perciba la gravedad de la situación. No es de recibo que personas que llevan veinte años en política, cuya única profesión conocida es ésa, sean capaces de presentarse como abanderados de la regeneración: no es creíble.

Me gustaría destacar dos medidas que nunca plantearán desde los órganos de los partidos políticos en España, que inciden en aspectos esenciales de la desafección ciudadana hacia la política y que nos están llevando a fenómenos populistas y simplistas como opciones políticas. Esas medidas afectarían a la duración de los cargos públicos y a la remuneración de los mismos. Si se quiere recuperar la credibilidad de los actores políticos hay que insistir en estas dos propuestas y no soltar la cola de lagartija como es el caso de las primarias.

Es preciso establecer una limitación temporal a los cargos públicos remunerados.

En vista del elevado número de casos de corrupción, verdaderos responsables de la desafección ciudadana, la limitación temporal de mandatos es una medida de higiene democrática por un lado y  por otro, una forma de aumentar la participación política de personas que, de otra manera, no lo harían por el muro de los aparatos de los partidos.

La profesionalización de la política no tiene sentido en Organizaciones Administrativas que ya cuentan con personal propio y que garantizan la continuidad de las mismas, sea quien sea el responsable político de las mismas.

Los representantes democráticamente elegidos para gobernar son los que deben marcar las pautas y prioridades en función de su representatividad, pero la ejecución de las mismas así como la continuidad de las Administraciones, la garantizan los funcionarios que permanecen gobierne quien gobierne y que, además, tienen la condición de funcionarios públicos precisamente para eso.

Una limitación de ocho años, por ejemplo, permitiría que ciudadanos con proyectos profesionales ajenos a la política se decidieran a participar en un momento dado con el propósito de aportar algo a la sociedad. Se promovería la participación de personas que actualmente no lo hacen. Personas que pueden provenir de la enseñanza, la sanidad, la empresa, etc., con el valor añadido de la experiencia previa en sus respectivas actividades.

El inconveniente fundamental de la limitación de mandatos vendría de los propios

partidos políticos que con su sistema de selección de élites precisan de toda la vida

profesional del político. La selección suele producirse en movimientos asociativos, universidades, etc. y, tras un proceso de garantía de lealtad por parte del seleccionado, éste puede ir subiendo en el escalafón de responsabilidades.

Argumentaciones en contra sobre la limitación de mandatos hay muchas, pero quizá la más recurrente sea la de que mientras la ciudadanía mantenga su apoyo electoral no hay que limitar nada. Esta argumentación, con los altos niveles de abstención y de hastío generalizado, cae por su propio peso.

La otra medida, que nadie se atreve a plantear, es la cuantía de las remuneraciones de los cargos públicos.

No existe actualmente ninguna profesión que permita un ascenso social tan rápido y con tantos privilegios como la actividad política. ¿En qué actividad sin formación adecuada, se puede llegar a gestionar, sin apenas responsabilidad, tantos recursos? ¿Qué actividad permite vivir como millonario por el mero hecho de tomar posesión de un cargo? Coches oficiales, sueldos muy por encima de la media, flexibilidad horaria, viajes de lujo, dietas, etc. son muy comunes en demasiados cargos públicos. Esta situación aleja aún más la actividad política del sentir ciudadano y, en la situación económica actual, genera un rechazo absoluto. Evidentemente, un concejal de un pueblecito pequeño que no cobra nada no sería el caso.

La retribución de un cargo público debe plantearse como una medida que permita que nadie deje de participar por el coste económico que le supondría en su vida. Es decir, sin remuneración sólo podrían participar los que no necesiten trabajar para vivir: los ricos. Dicho esto, otra cuestión sería las cantidades de esa remuneración. Podemos plantear que el sueldo debería ir en función de la responsabilidad, lo cual nos llevaría inmediatamente a que el perfil del cargo debería ir de acuerdo con esa responsabilidad.

Vayamos al fondo del porqué de la remuneración: facilitar  la participación de cualquier ciudadano o ciudadana. En este segundo caso, la propuesta es sencilla: se debería cobrar lo que se deja de percibir en la actividad anterior. Es decir, si un ciudadano percibía una remuneración de 2.000 euros en su ocupación previa, ésa debería ser su remuneración como cargo público. En el caso de no disponer de un trabajo previo, el criterio debería ser que la actividad pública no sea lesiva siempre para el participante.

Sé que estas dos medidas, en apariencia sencillas, colisionan de lleno en el sistema de partidos actual, pero  ha llegado la hora de elegir entre medidas de regeneración reales o soltar la cola como la lagartija.

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