La aprobación del convenio urbanístico para el Promontorio de San Martín, cuyo principal propietario será una entidad ligada al Grupo Sadisa, culminó el pasado miércoles con su paso por el Pleno.

Uno de los solares en el Promontorio de San Martín

Con la votación se finalizaba un proceso de tramitación a contrarreloj, que tenía necesariamente la vista puesta en el calendario, pues si vencía un plazo determinado se perdía la posibilidad de la cesión del espacio libre previsto y, también, se hubiera tenido que reducir la edificabilidad en la zona.

El convenio del Promontorio de San Martín, un acuerdo entre particulares y el Ayuntamiento, permite la cesión del espacio necesario para la construcción de un parque en el área, la ampliación de un vial y el desalojo y posterior realojo de propietarios en nuevas edificaciones, en una zona en la que se autoriza la construcción de hasta 140 viviendas.

La ficha de la zona marcaba una serie de indicaciones temporales: en cuanto pasaran dos años después de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (el PGOU, el documento maestro que regula el urbanismo en la ciudad), uno de los espacios reservados a zona verde sería privado y la edificabilidad se reduciría, de los 7.500  a los 4.532 metros cuadrados.

Esa fecha estaba a punto de cumplirse: el Plan General se aprobó el 27 de septiembre de 2012, se publicó en el BOC el 29 y entró en vigor el 30, y el convenio de San Martín se aprobó definitivamente por el Pleno municipal el pasado miércoles, 24 de septiembre.

El plazo ha estado en mente de todos los intervinientes en el proceso, según se desprende de la documentación del expediente del convenio del Promontorio de San Martín, a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

LOS AVISOS

Pisos a la venta en San Martín. Promociona Sadisa

En concreto, en el texto del convenio se mencionan estos plazos cuando se refiere al contenido y las indicaciones temporales, y se recurre a la expresión, “sin que hayan transcurrido” los dos años, como se admite.

El arquitecto municipal, en su informe, también percibe esta situación, avisando de que se había producido una “sustancial alteración” en la normativa habitual, ya que si pasan los dos años desde la aprobación del Plan General que incluye como “rasgo más significativo” la reducción de la edificabilidad, que pasa de 7.500 metros cuadrados a 4.532.

Por eso, añade que si se produce la cesión del espacio libre público, que se tipifica como “zona verde privada”, en el plazo comprometido, se permitiría mantener las previsiones iniciales de edificabilidad, esto es, los 7.500 metros cuadrados, y da indicaciones de que así suceda, en la misma línea que el informe del secretario técnico de la Junta de Gobierno local, que recuerda además las fechas exactas y reconoce la “premura” de tiempo en el proceso.

LOS PLAZOS

El convenio entra en registro del Ayuntamiento el 30 de julio. Al día siguiente, es el informe del arquitecto municipal, y el 1 de agosto, le da el visto bueno el secretario técnico de la Junta de Gobierno. El 4 de agosto es aprobado por la Junta de Gobierno local, sin que conste información del Ayuntamiento a los medios de comunicación sobre ello.

El expediente pudo ser consultado en las dependencias municipales. El 5 de agosto se envió al Boletín Oficial de Cantabria, que lo publicó el 11 de agosto, fecha a partir de la cual se abrió el plazo de los 20 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

El convenio se aprobó el pasado 19 de septiembre en Comisión, hasta llegar al Pleno el 23 de septiembre, donde salió adelante con el voto en contra del PSOE y la abstención regionalista.

Los dos años de vigencia del Plan General de Santander se cumplen el 30 de septiembre.