Liberbank ha conseguido que se cierre una de las investigaciones judiciales que mantenía abiertas: la de los pagos al marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. La instruía la Audiencia Nacional y el cierre se debe a a que los denunciantes, Comisiones Obreras, a través de su federación de banca, no han conseguido reunir el dinero suficiente para seguir adelante con un proceso judicial que no es el único al que se enfrenta la entidad en la que se integra la antigua Caja Cantabria.

En Asturias, la instrucción judicial de la derivada en esa comunidad del caso Pokemón, que investiga una presunta trama de sobornos a cambio de concesiones de obra pública, se ha convertido en toda una marea que se ha llevado por delante una buena carga de imputaciones a empresarios, funcionarios y políticos de la comunidad vecina.

Una delicadísima investigación judicial que, en un efecto mariposa de libro, ha tenido consecuencias sobre otra instrucción que afectaba de manera indirecta a Cantabria.

Ángel Sorando, juez del caso Marea (FOTO: TPA)

A Ángel Sorando, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo le tocaron, prácticamente uno detrás de otro, dos casos peliagudos: lo que se dio en llamar el caso Marea, que no es más que la extensión en Asturias del caso Pokemón, con la investigación ya concluida; y la incipiente investigación sobre una operación urbanística en Llanes que afecta a Liberbank, el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria y en el que el peso mayor lo tiene lo que era Caja Astur.

Ese caso está en su fase más inicial: la presentación de la denuncia, a cargo del sindicato asturiano CSI-Liberbank, y la primera petición de datos a la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía.

Lo que se pretendía que se investigara en este caso era una operación urbanística en la que participaba una sociedad participada por CajaAstur, hoy dentro de Liberbank, que acabó perjudicando al banco en beneficio de un grupo empresarial para un proyecto en esa zona.

Sin embargo, esa fase inicial, que comenzó el pasado mes de abril, se ha quedado estancada bien pronto.

Ángel Sorando, titular del juzgado, pidió abandonar el caso, lo que tuvo como efecto una parálisis de todo el proceso: no se ha citado a declarar a testigos ni imputados ni recabado documentación que pudiera aportar luz sobre el caso.

Ahora ya ha llegado el sustituto, que tiene sobre la mesa la denuncia, hecha por un sindicato de Liberbank en su parte asturiana, y tiene que pronunciarse sobre si continúa la investigación con más peticiones.

PRESIONES DE “ALTOS CARGOS” CON “SOBRADAS INFLUENCIAS”

¿Por qué dejó el juez Sorando su juzgado? Lo hizo a petición propia, reclamando el traslado voluntario a Lleida, donde se encarga ya del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Lleida, de Familia, Incapacidades y Tutelas, tal y como resolvió el pasado mes de julio el Consejo General del Poder Judicial.

En uno de sus últimos autos sobre el caso Marea el juez describía la forma de funcionar de la trama, a base de presiones que llegaron a afectarle incluso a él.

En ese documento, y de forma bastante gráfica para lo que es habitual en el lenguaje judicial, Sorando aseguraba que a lo largo de su investigación había sufrido las presiones de personas “con altos cargos y sobradas influencias” implicadas “en un caso de corrupción bastante importante”, lo que a su juicio confirmaba “la existencia de prácticas delictivas que claramente pueden calificarse de mafiosas”.

De hecho, el juez llegó a emplear la palabra ‘omertá’ para referirse a la “capacidad de presión” de algunos de los implicados, suficiente para “para arruinar la vida de cualquier funcionario o trabajador que se arriesgue a testificar sobre las irregularidades de las que tuvo conocimiento”.

Presiones que, para que quede claro, “hasta el propio instructor ha sufrido ya”, según expuso en ese auto (en el que, por cierto, respondía a la petición de unos acusados de que se desvelara la identidad de un testigo protegido que había suministrado información.

Ángel Sorando lo vio claro:

“La autoridad judicial que esta causa instruye ha apreciado personal y racionalmente un peligro grave para dicho testigo, estando en riesgo inclusive su salud, según se ha apreciado, sin que se pueda dar más datos, pues ellos lo identificarían indirectamente”.

“Están implicadas muchas personas, y algunas de ellas con altos cargos, y sobradas influencias y capacidad de presión”.

La instrucción que llevó a cabo sobre este caso también le supuso al juez reproches del ministerio público, esto es, de la Fiscalía Superior de Asturias, que le acusó de extender demasiado su investigación y de imputar a personas sin motivos suficientes.

La Fiscalía, en un documento público (la Memoria Anual de 2012) atribuyó la “multitud de avatares” en este caso a la “personalidad” del titular del Juzgado, “hostil” a la intervención del Ministerio Público, y a quien en algún momento del proceso llegó a pedir que no pudiera acceder a sus investigaciones. El conflicto le acarreó al juez una sanción del Consejo General del Poder Judicial.

LA FINCA DE LA TALÁ

Lo que se tiene que investigar es una denuncia del sindicato CSI (Corriente Sindical de Izquierdas) sobre una operación urbanística en la denominada finca de La Talá, en Llanes.

Manu Menéndez, presidente de Liberbank

Allí, Beyos y Ponga, una empresa participada en su totalidad por la antigua Caja Astur compró a otra empresa (Desarrollos Urbanísticos Nozar) una propiedad afectada por sentencias judiciales.

La venta se hizo por un importe de 41 millones de euros, en el año 2008, cuando las sentencias databan de 2002, en el caso de la del Supremo. La cantidad se formalizó una parte en efectivo y la otra mediante préstamos con Caja Astur.

Los denunciantes sostienen que lo que sucedió realmente fue que se perjudicó a los intereses de la empresa que pertenecía a Caja Astur para actuar “en exclusivo beneficio” a los del grupo de empresas privado al que se realizó la compra.

No es, por cierto, la única conexión judicial entre Cantabria y Asturias que pasa por el caso Marea: también se encuentra la factura que una de las empresas implicadas, Aquagest, abonó por unos días de balneario al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en esa época presidente del PP regional.

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