¿Había tarjetas black en Caja Cantabria? Es la pregunta que se ha hecho todo el mundo por aquí a raíz de que estallara el escándalo en Bankia que se ha llevado por delante la militancia de Rodrigo Rato en el Partido Popular y de una decena de cargos socialistas, entre otros.

En Liberbank, el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria, se les ha abierto un, de momento incipiente, frente judicial.

UPYD ha pedido a la Fiscalía de Cantabria que investigue si en Caja Cantabria se usaron también las famosas tarjetas negras, ese sistema de retribución a consejeros, opaco fiscalmente, y que representantes de partidos, sindicatos y patronales en Caja Madrid (hoy Bankia) utilizaron para costearse todo tipo de productos, desde cenas hasta lencería pasando por noches en salas de fiesta.

La entidad de la que forman parte Caja Astur (que carga con la frustrada Caja Castilla La Mancha), Caja Extremadura y Caja Cantabria había conseguido despejar el balón judicial de la investigación en la Audiencia Nacional por los pagos al marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP Y presidenta de la Junta de Castilla La Mancha, así como al expresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí Scharfhausen por trabajos cuya ejecución no constaba.

Sin embargo, aún queda otro frente: el de la operación urbanística en un pueblo de Llanes, en el que se financió la compra de un terreno desde una empresa propiedad de CajaAstur en una operación en plena burbuja que acabó saliendo mal y que investiga un juzgado asturiano.

En estos dos casos las denuncias partieron de sindicatos, el primero, Comisiones Obreras, y el otro, CSI.

Ahora es un partido político, de los que no estuvieron en los consejos, UPYD, el que abre este frente.

Su coordinador regional y candidato a las elecciones autonómicas, Román San Emeterio, ha presentado una denuncia ante el fiscal superior de la región para que abra diligencias penales e investigue si Caja Cantabria tuvo también tarjetas opacas a la Hacienda Pública como las que utilizaron los directivos de Caja Madrid.

UPyD pide además, que, en caso de descubrir que se han cometido delitos, se interponga una querella criminal contra sus directivos.

Esta acción se está realizando en toda España simultáneamente con lo que la formación magenta está instando a los fiscales a investigar a 41 cajas de ahorros para conocer si hay existencia de delitos societarios, fiscales, de falsedad documental y/o apropiación indebida.

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