La pregunta es pertinente, después de conocerse que el Gobierno de Cantabria se personará finalmente en la querella de Cantur, pero que lo hará a través de los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia y no mediante las empresas públicas CEP Cantabria e ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas) como había instado la juez que investiga la pérdida de dinero público por la participación del anterior Ejecutivo (PSOE-PRC) en las compras-ventas del Racing de Santander.

El detalle no es menor. Este viernes está previsto que el letrado del Gobierno acuda a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para personar al Ejecutivo como acusación particular, más de un mes después de que la juez Paz Hidalgo instara a las empresas públicas CEP Cantabria e ICAF a implicarse en el proceso, por un quebranto patrimonial de 36,1 millones de euros, que es mucho más que los 7,7 millones que originaron la querella de Cantur. En total 43,8 millones de euros

El caso es que, en su investigación, la juez ha tirado del hilo y ha llegado mucho más lejos que los querellantes (Cantur), que inicialmente sólo pedían depurar responsabilidades en la venta del Racing al empresario indio Ali Syed en Zurich en enero del año 2011, por el quebranto patrimonial de las cuentas públicas al levantar el Gobierno las garantías de cobro que había previamente.

Por este motivo, la juez ha citado en calidad de imputado a Emiliano Garayar (un mero testigo en la querella inicial), después de investigar el caso Racing hasta la anterior operación de compraventa, la del año 2005, que devino en fuertes relaciones económicas entre el propio Garayar y el sector público empresarial cántabro, hasta una facturación de 3,6 millones de euros.

En este caso, la juez entiende que el presunto quebranto a las arcas públicas tuvo un origen anterior y dependiente de otras empresas, motivo por el que invitaba a CEP y al ICAF, empresas públicas que dependen del Gobierno, a que se personaran como acusación particular. Pero desde el 10 de octubre, fecha del auto de la magistrada, ambas sociedades públicas han respondido con silencio.

El hecho de que haya tenido que ser el Consejo de Gobierno el que, directamente, haya adoptado la decisión, resucita todas las dudas sobre la capacidad de influencia y control del presidente, Ignacio Diego, sobre los directivos de esas dos empresas públicas, que son clave en el entramado del sector público empresarial de Cantabria (la Coordinadora de Empresas Públicas y el Instituto Cántabro de Finanzas).

Al respecto, es conocido que hasta la fecha había dos sensibilidades en el Partido Popular sobre el caso Racing, a favor y en contra de personarse en el procedimiento judicial. Es decir, dos posiciones: una que apuesta por llegar hasta el final de la depuración de las responsabilidades y la otra que preferiría evitar el riesgo de pisar algún callo en las filas propias.

Para el Gobierno del PP sería hoy muy difícil de sostener no persegur judicialmente las responsabilidades del caso Racing, después de haber iniciado el procedimiento a través de la querella de Cantur, años de denuncias públicas, una comisión de investigación parlamentaria que dedicó muchos meses a esta historia y ríos de tinta publicados en los distintos medios de comunicación.

En la actualidad, en el CEP Cantabria del PP se mantienen dos personas que ya estaban en la anterior etapa de Gobierno (PSOE-PRC), con otros dos de los acusados al mando: Ángel Agudo, exconsejero de Economía y Luis Egusquiza, ex consejero delegado de CEP. Son Emilio del Valle, actual secretario general de la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria y María Eugenia Gómez Revuelta, funcionaria del ICAF y actual secretaria del Consejo de Administración de CEP.

Pero también se mantiene como auditor José Gabriel Sainz de la Maza, a través de la firma SOCAN Auditores, que podría bloquear la actuación de CEP ante la justicia en caso de que no hubiera consenso en el consejo de administración. Sainz de la Maza fue el apoderado de WGA que permitió acabar con la era Pernía, pero al tiempo el auditor de la operación de Zurich.

Tampoco ha contribuido a que el Gobierno confíe en estas dos empresas públicas conocer la actuación del director financiero del ICAF y apoderado de CEP Cantabria, Jesús Bulnes, que tuvo que ser citado hasta en tres ocasiones por la juez, hasta que por fin llevó a Las Salesas el informe que ha permitido estimar en 36,1 millones la pérdida de dinero público en el Racing.

Finalmente, sólo la petición expresa de la juez Paz Hidalgo para que se personen las dos empresas públicas y la proximidad de las primeras citaciones de imputados (Egusquiza, 18 de noviembre) ha forzado al Gobierno a mover ficha. Y aunque jerárquicamente el Gobierno está por encima de las empresas públicas, queda la legítima duda que plantea el titular: ¿Controla Diego CEP y el ICAF o desconfía de ambas? Si no las controla… ¿Por qué motivo? ¿Se hubiera fiado Diego de la actuación de sus empresas públicas personadas en el procedimiento del Racing?

AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA

Otro de los asuntos que se tienen que resolver en los próximos días es si el letrado que designen los Servicios Jurídicos del Gobierno pide la ampliación de la querella, porque de otra manera pueden decaer pruebas si las defensas reclaman que no están relacionadas con los hechos que se denunciaron (la venta de Zürich).

Y está por ver si hay más personaciones en el proceso. El sindicato Manos Limpias solicitó hacerlo pero la Sala de Gobierno del TSJC impuso una fianza de 6.000 euros para hacerlo, una decisión que cuestionan poniendo como ejemplo casos como los ERES de Andalucía o la trama de Urdangarín, en los que no tuvieron que pagar.

El sindicato ha abierto una cuenta corriente en el Banco Santander denominada ‘querella Racing’, por la que pueden preguntar ciudadanos y aficionados del Racing interesados en contribuir a costear la fianza para que Manos Limpias pueda ejercer la acusación popular.

En cualquier caso, el letrado que ha recibido el encargo de Manos Limpias se ha mostrado confiado, en el programa de radio Buenas Tardes Cantabria, de conseguir ese dinero y poder personarse, y además ha valorado que puede haber más acusados, entre otros los principales gestores en el Racing del periodo que se investiga, Francisco Pernía y Roberto Bedoya.

Escucha aquí la entrevista:

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