“¿En qué se rigen para decir que no hay necesidad pública?”
La sede de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria ha sido la mañana de este lunes el escenario de una de las últimas protestas de la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas).
El motivo ha sido la presentación a subasta pública de un piso en Castro Urdiales, patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El proceso de enajenación por subasta del piso se ha decidido, según la consejera Cristina Mazas “al no resultar necesario para el uso general ni para el servicio público, ni resultar conveniente su explotación”.
Según datos de la PAH de Castro Urdiales actualmente hay unos 400 o 500 procedimientos judiciales abiertos solo en Cantabria. Lo que viene a desmentir la ausencia de una necesidad de uso público de dicha vivienda.
Desde la PAH de Castro Urdiales han convocado una concentración frente a la sede de la Consejería a la misma hora que se realizaba la subasta para exigir la creación de un parque público de viviendas con las disponibles y vacías que son propiedad del Gobierno.
Más de cuarenta personas han acudido a la llamada desde las tres plataformas de la PAH en Cantabria (Torrelavega, Santander y Castro Urdiales), y también se han unido compañeros de la plataforma de Vizcaya y de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros).
UN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS
Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas llevan años pidiendo la creación de un parque público de viviendas que se destine a personas en graves dificultades económicas o sociales, para que así estos puedan tener acceso a una viviendo digna en régimen de alquiler social.
Por ello ven en este caso una oportunidad perfecta para que el Gobierno deje de ignorar los pedidos de la ciudadanía y utilice este piso para fines sociales. Desde la PAH de Castro Urdiales, Elizabeth Torres asegura que llevan más de un año y medio pidiendo estas soluciones a su ayuntamiento, donde siempre han negado tener ningún espacio disponible.
Por ello ha sido una sorpresa para ellos descubrir la existencia de este inmueble, y la intención del Gobierno de subastarlo negando la necesidad de un uso público. “¿En qué se rigen para asegurar que no hay una necesidad?”, ha asegurado en declaraciones a este medio. “Ninguno ha venido a nuestras plataformas en las que llevamos años pidiendo esto. Cada vez hay más peticiones de ayuda y más desahucios, el drama está yendo a peor”.
Aseguran, además, haberse sentido agredidos por las instituciones públicas. “Nos han ignorado, insultado y dejado con la palabra en la boca en las pocas reuniones que hemos tenido. Nos han dicho que no representamos al pueblo, lo que por desgracia es mentira”.
Ese maltrato también lo ha denunciado ADICAE, que en su comunicado asegura que el Gobierno de la región “niega a la asociación una legitimidad que se ha ganado a pulso, día a día, en las calles de toda Cantabria”. Dicha negación asegura que procede de temas de proyectos públicos.
UN DRAMA QUE NO ACABA
Begoña Barrutia, abogada de la PAH de Castro Urdiales y de Vizcaya, ha puesto una cifra al drama de los desahucios. Pese a que no hay ningún organismo que lleve las cuentas, Barrutia cree que desde 2009 se han producido entre 2000 ó 3000 desahucios en toda Cantabria.
Muchos de esos casos eran callados durante los primeros años de la crisis, ya que los afectados los consideraban una vergüenza privada.
No ha sido hasta la visibilidad en los medios, la creación de plataforma de afectados y la consecución de algunas alternativas, que han empezado a acercarse a los distintos colectivos para tratar de frenar sus ejecuciones.
Otro dato interesante es que los desahucios son más numerosos en las ciudades que en los pueblos, donde muchas personas viven en la casa familiar y, por ello, han podido resistir mejor a los estragos de la crisis. La ausencia de ese colchón familiar en las grandes ciudades ha empeorado una situación que no parece tener fin, ni contar con la disposición de las instituciones públicas para atajarla.
Con una media de cinco ejecuciones cada hora, dato que proporciona ADICAE, el drama de los desahucios parece estar muy lejos de resolverse. La tirita puesta por el Gobierno en noviembre de 2012 fue una ley de moratoria para paralizar los casos que entraron en vigor tras su aprobación. Estos casos concretos debían demostrar una vulnerabilidad especial y un determinado nivel de renta para poder acogerse a esta medida.
El primer plazo de esa moratoria finalizó ayer, 16 de noviembre, y el segundo lo hará el 15 de mayo de 2015 sin que haya supuesto un respiro para los afectados. Desde la PAH, de hecho, consideran que la expiración de esta ley traerá consigo un dramático aumento de los desahucios con respecto a este año pasado.
APOYO DE LA PAH DE OTRAS COMUNIDADES
A la concentración en repulsa de esta subasta pública han acudido las tres plataformas de la PAH en Cantabria, además de ADICAE. Sin embargo, también han contado con la presencia de una representación de la PAH de Vizcaya, que ha querido solidarizarse con sus compañeros y familias afectadas.
“Nosotros, en la medida que podemos, nos mostramos solidarios con todos, porque consideramos que las injusticias no tienen frontera ni localidad. Son universales. Tenemos que solidarizarnos con las actuaciones prepotentes de la banca y con las familias que tengan problemas allá donde estén”, asegura Imanol Arnaiz, miembro de la PAH de Vizcaya que, además, se ocupa del apoyo a las familias en cuestiones salud mental.
El día 9 se cumplió el segundo aniversario del suicidio de Amaia Agaña en Barakaldo, en un caso que sacudió a la opinión pública. La PAH de Vizcaya ha querido recordar a esta mujer, víctima de los desahucios, utilizando su ejemplo para recordar que hay muchas personas en su situación. Ya no solo es el drama de perder la vivienda, se trata de perder vidas enteras lo que está en juego.
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