La Plataforma de Afectados por las Hipotecas es el colectivo más activo en la lucha contra los excesos bancarios, como la cláusula suelo o las preferentes.

Los créditos blandos, el último escándalo de la antigua Caja Cantabria, ahora Liberbank, tienen un coincidente desafortunado en el tiempo.

Tal y como ha informado El Faradio, durante los años 2004 y 2013 los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de esta entidad disfrutaban de beneficios destinados a trabajadores de las Cajas como préstamos hipotecarios, créditos personales, préstamos personales y avales para ellos, sus familiares, sus sociedades y las que pertenecían a miembros de su familia.

Ayer José Ramón Blanco, portavoz de la PAH de Santander, recordó en Buenas Tardes Cantabria que fue en ese mismo periodo cuando Caja Cantabria empezó a emitir las hipotecas con la famosa cláusula suelo. Es decir, muchos de los usuarios que firmaron un contrato con la entidad por aquellas fechas sufrieron, y muchos aún sufren, una imposición de una cuantía mínima tan alta que les imposibilita beneficiarse de la bajada de los tipos de interés.

Pese a que la concesión de créditos blandos es, en primer momento, totalmente legal pues corresponde a unos beneficios que todos los trabajadores de las cajas de ahorros cuentan en su trabajo, no deja de contrastar dramáticamente con las condiciones que han sufrido sus usuarios.

José Ramón Blanco  asegura que desde la PAH se ha acogido esta noticia con “rabia”. “Enterarte de que a unos privilegiados se les concedía estos beneficios cuando a otros vecinos de Cantabria se les intenta echar de sus casas por el mero delito de no tener trabajo crea mucha rabia”, aseguró en el programa de radio.

PRÁCTICA LEGAL AUNQUE DESIGUAL

La concesión de créditos blandos ha afectado a más de sesenta políticos, sindicalistas y empresarios, además de a sus familias. Estos préstamos o avales conllevaron cifras de todo tipo, desde los 1.000 euros hasta los 400.000, la más elevada. Aunque no son los casos mayoritarios, también se ha tenido constancia de la existencia de hipotecas por encima de los 200.000 euros concedidas en condiciones más favorables que las del mercado.

Como ya se ha dicho, esta práctica es en primer momento legal, ya que se trata de condiciones para trabajadores que se han extendido a los consejos de administración y a sus familiares. Durante estas prácticas se podían pedir también créditos para empresas propias o de familiares, e incluso para partidos políticos.

Los nombres de muchos beneficiarios ya han sido revelados por El Faradio, entre los que destacan por parte del Partido Popular, Gastón Gómez y Carlos Sainz (que también fue presidente de Caja Cantabria), por parte del PSOE, Isidoro Rábago y Joaquín Ruiz Sisniega, que fue presidente de la Comisión de Control de la Caja, o Severiano Ballesteros y Juan José Sota, del PRC. También han salido a la palestra nombres como el de Javier Puente (CC.OO.), Luis Santos Clemente (UGT) y  Miguel Mirones y Miguel Ángel Castañedo (CEOE-CEPYME).

UNA CLÁUSULA DECLARADA NULA

En mayo de 2013 el Tribunal Supremo declaró la nulidad de las cláusulas suelo en los casos en los que se producía una falta de transparencia.

Este punto ha sido muy polémico en los últimos años, cuando muchos usuarios que pensaban beneficiarse por la bajada del Euribor descubrieron que en el contrato de su hipoteca había fijado un ‘suelo’ que determinaba una cuantía mínima del tipo de interés, que se unía al importe del préstamo que debían abonar en cada cuota.

Esa cuantía mínima imposibilitaba a los consumidores beneficiarse de la bajada de los tipos de interés, y en algunos casos ha supuesto un sobrecoste de la hipoteca de entre 1.500 y 2.000 euros anuales.

La sentencia del Tribunal Supremo ratificó que en muchos casos, además, se impusieron estas condiciones sin contar con la transparencia necesaria para el usuario. Es decir, suponía un abuso de la posición de superioridad que ostentaban los Bancos y Cajas en el momento de la contratación.

El 25 de octubre de 2013 el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander dictó la primera sentencia en Cantabria contra la cláusula suelo. En ese caso quedó demostrado que Caja Cantabria entregó a los firmantes un documento hecho a mano donde figuraban los gastos aproximados, comisiones de apertura, plazos y cuota, con un interés inicial del 3% seguido de un Euribor + 0,90 sin mención alguna a la cláusula suelo de la hipoteca.

El que este tipo de prácticas, ya declaradas ilegales, coincidiera en el tiempo con los créditos blandos de los consejos de administración solo ha provocado más indignación entre los colectivos sociales, que denuncian una vez más la desigualdad creada por la crisis económica.

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