Paz Hidalgo había instado a CEP y al ICAF a defender una pérdida patrimonial de 36,1 millones de euros.

La juez que investiga el caso Racing de Santander en el marco de la querella de Cantur ha denegado al Gobierno de Cantabria personarse en la causa, como había solicitado el pasado viernes a través de los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia, una vez que lo había autorizado el Consejo de Gobierno en su última reunión.

En un auto firmado a comienzos de esta semana, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Paz Hidalgo, deniega la petición del Ejecutivo, según ha podido saber El Faradio.

La propia Hidalgo había instado a personarse a la administración, pero no al Gobierno de Cantabria, sino a las empresas públicas CEP Cantabria e Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), como entidades perjudicadas y que son las que deben tener interés directo en el asunto.

El caso es que, en el proceso de investigación de las operaciones de compra venta del Gobierno con el Racing, tirando del hilo hasta 2004, la juez ha detectado que sumando el quebranto en esas empresas públicas (36,1 millones de euros) la pérdida de dinero público alcanza como mínimo 43,8 millones de euros.

De hecho, el motivo inicial de la querella impulsada por el Ejecutivo a través de Cantur cifraba esa pérdida de dinero público en las operaciones del Gobierno con el Racing en 7,7 millones de euros, fundamentalmente por la venta de Zurich al empresario indio Ahsan Ali Syed. Pero la cifra se ha quedado corta al entrar en juego las pérdidas de CEP y del ICAF.

El Gobierno tiene en su poder el auto desde la mañana del martes, fecha en que comenzaban las declaraciones en calidad de imputados de los acusados en la querella, con la de, precisamente, el exdirector del ICAF y exconsejero delegado de la Coordinadora de Empresas Públicas, Luis Egusquiza.

Una vez rechazada su decisión de personarse como Gobierno de Cantabria, a través de los servicios jurídicos, el presidente Ignacio Diego y su Consejo de Gobierno deberán decidir entre forzar a los actuales directivos de las empresas públicas CEP Cantabria e ICAF a personarse o destituir a los mismos, para que una nueva dirección responda a la petición de la juez.

De lo contrario, el Gobierno se verá en una incómoda situación para explicar por qué no acude al TSJC a defender la pérdida patrimonial que señala la magistrada, después de haber impulsado una comisión de investigación parlamentaria y una querella contra los gestores del anterior Gobierno y la familia Montalvo a través de otra empresa pública (Cantur).

NUEVAS DECLARACIONES

Este miércoles, 19 de noviembre, declara su superior en aquella etapa (2003-2011), el exconsejero de Economía y Hacienda y actual presidente del PSOE, Ángel Agudo. Un día después, el jueves 20 de noviembre, hará lo propio el exconsejero de Deporte y actual diputado del PRC, Francisco Javier López Marcano.

La semana que viene será el turno para la declaración ante la juez de Jacobo Montalvo (25 de noviembre), propietario de Dumviro Ventures, la empresa instrumental que ha servido para gestionar el Racing desde el año 2004.

Y dos días más tarde, el 27 de noviembre, lo hará el abogado que creó la sociedad, Emiliano Garayar, que en un principio estaba solicitada su testifical, pero como consecuencia de las pruebas que han ido apareciendo en el proceso, ha sido llamado a declarar como el resto de acusados, en calidad de imputado.

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