Cantabria tendrá que aprobar un nuevo plan de ajuste al detectarse un incremento en sus previsiones de déficit, y el motivo es el Racing de Santander, cuya operación de compraventa es objeto de investigación judicial esta misma semana.

Por partes. El diario digital Voz Populi adelanta este jueves que la comunidad autónoma tendrá que aprobar un nuevo plan de ajuste, que es esa medida a la que se someten a quienes no cumplen las previsiones que se les habían marcado de déficit (se han aprobado varios ya durante estos años, con medidas de aumento de impuestos y recorte de servicios para equilibrar las cuentas).

La subvención del Gobierno de Cantabria al Racing sí computa como déficit. Se incumplen las previsiones y hay que aprobar un nuevo plan de ajuste.

En detalle, lo que ha sucedido es que el déficit que se había previsto era de un 1,13 por ciento respecto al PIB (el Producto Interior Bruto). Y todo parecía ir bien: se pensaba, de hecho, que se iba a cerrar el año en un 1%. Pero al final el déficit se ha ‘ido’ hasta un 1,19%.

Es así: lo confirman a EL FARADIO desde la Consejería de Economía. ¿Qué ha pasado, entonces? El Racing, como siempre últimamente en Cantabria.

Desde la última década –desde que asumiera la propiedad y luego la derivada a otras empresas–, el Gobierno de Cantabria ayuda con dos millones de euros al año al conjunto deportivo con el argumento de apoyar a sus categorías inferiores.

La cifra total asciende a 22 millones de euros, y resulta que el Ministerio de Hacienda, al escudriñar las cuentas cántabras, ha interpretado que esa subvención sí que computa como déficit, sí que influye en el más y el menos de las grandes cifras cántabras.

Es un cambio de criterio que ha sorprendido a Economía, que de hecho le ha pedido explicaciones por ello al Gobierno central, a Hacienda.

Así pues, estos 22 millones de euros, la suma de la subvención año a año, desequilibran los planes de ingresos y gasto de Cantabria.

Pero no tanto: desde Economía se precisa que la cantidad ya está abonada, por lo que el plan de ajuste será el más breve de los que se han aprobado en la comunidad autónoma hasta la fecha y no conllevará ningún ajuste extra.

El quid de la cuestión está en que el de 2013 es el único ejercicio que quedaba abierto, sin cerrar, y la Unión Europea tiene normas que obligan a incluir lo restante en este ejercicio, incluyendo toda la ayuda, y no sólo la que correspondiera a este año.

Una ayuda, por cierto, que ya ha sido señalada en anteriores ocasiones por el Tribunal de Cuentas.

AL CAMPO EN SALESAS

Noticia que se conoce en plena ronda de declaraciones de testigos e imputados por la operación de compraventa del Racing de Santander.

Este pasado miércoles declaraba ante la jueza Paz Hialgo el exconsejero de Economía Ángel Agudo, presidente del PSOE, este jueves lo hará Francisco Javier López Marcano, quien como máximo responsable de la empresa pública Cantur formalizó operaciones, y previamente lo había hecho Luisi Egusquiza, exdirector del Instituto Cántabro de Finanzas, a las órdenes de Agudo. Tanto Agudo como Egusquiza han coincidido en incidir en que todas las decisiones sobre la venta del club fueron fruto de una acción colegiada del conjunto del anterior Gobierno de Cantabria en su conjunto.

La magistrada Paz Hidalgo está llevando una incisiva instrucción judicial

Otro de los factores judiciales que ha sorprendido es el papel de las empresas públicas. En su investigación, la magistrada Paz Hidalgo encontró un nuevo quebranto patrimonial (36 millones de euros), en este caso,  a las empresas públicas CEP Cantabria (un ente que coordinaba a todo el sector público) y el ICAF, el Instituto de Finanzas. (Hasta entonces, sólo se habían contabilizado los 7 millones de la empresa Cantur).

En consecuencia, pidió al Gobierno de Cantabria que se personara como acusación desde estas empresas, para que hicieran la reclamación correspondiente, que se sumaría a la otra, la de CANTUR, que sí está personada.

El Gobierno respondió personándose como Gobierno de Cantabria, en lugar de, como le pedía la jueza, a través de esas dos empresas concretas perjudicadas. Y la jueza le respondió rechazando esa petición del Gobierno, que no se correspondía con lo que ella les había indicado.

Eso desató la duda de si el Gobierno de Cantabria actuó de esa forma, sin obedecer las indicaciones judiciales, movido por la desconfianza hacia unas empresas en las que todavía hay personas ligadas a la anterior etapa y, por tanto, a la operación de compraventa del Racing.

Lejos de rectificar y cumplir esa indicación judicial, el Gobierno de Cantabria no descarta presentar recurso contra el auto que les rechazaba. El plazo vence hoy.

Y las empresas CEP e ICAF están convocadas para decidir este viernes si se personan o no, pues desde el Ejecutivo se alega que el sector público empresarial tiene autonomía respecto al propio Gobierno. Es decir, serán estos entes los que decidan si cumplen o no las peticiones, ya insistentes, de la jueza Paz Hidalgo.

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