Ha costado, pero al final una institución dependiente del Gobierno de Cantabria ha obedecido la petición de la Justicia.

La magistrada Paz Hidalgo está llevando una incisiva instrucción judicial

Finalmente, CEP Cantabria (la Coordinadora de Empresas Públicas, un ente creado por el anterior Gobierno PSOE-PRC, impulsado por Ángel Agudo para coordinar a las empresas públicas ante su crecimiento y complejidad) se personará en el proceso judicial por la compraventa del Racing de Santander.

Este viernes los miembros del CEP estaban citados a una reunión para decidir si cumplían o  no el requerimiento de la magistrada Paz Hidalgo y, según confirman fuentes del proceso a EL FARADIO, finalmente así ha sucedido.

En este causa (en la fase previa, la de investigación, cuando se cierre este momento se verá si hay o no juicio) se investiga el quebranto patrimonial sufrido por las arcas cántabras en la compraventa del Racing de Santander en Zurich.

Inicialmente, se documentaron 7 millones de euros, pero la investigación de la jueza, de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ‘encontró’ otras pérdidas, que ascendían a 36 millones de euros.

Esa cifra se correspondía con pérdidas a las empresas públicas CEP Cantabria y al ICAF, el Instituto de Finanzas. Por ese motivo, la jueza pedía al Gobierno que, como perjudicadas, esas empresas se personaran en el proceso, al igual –y en coherencia– que Cantur, la empresa pública de Turismo en la que se detectó el primer quebranto, que sí está personada.

Pero el Gobierno de Ignacio Diego no respondíó de forma literal a esa petición, y acabó personándose como TODO el Ejecutivo, y no desde las empresas que habían sufrido la pérdida, que es a lo que le instaba expresamente la jueza.

Fue una decisión que suscitó dudas sobre la confianza que mantiene Diego en unos órganos en los que sigue habiendo miembros de aquella etapa y con protagonismo en la polémica operación de compraventa del Racing.

La jueza denegó esa petición, el Gobierno no la recurrió y dejó a la autonomía del CEP la decisión de personarse o no. Finalmente, se han personado en el proceso, y la fase que se abre ahora es la de ver quien se encarga de llevar la representación legal y, también, cuál es su actitud durante el proceso.

EL PROFESOR DE LATÍN

Todo esto con el proceso en marcha, mientras se toma declaraciones a imputados en la causa, esta semana al exconsejero de Economía Ángel Agudo, presidente del PSOE cántabro, y, ayer (jueves) mismo, al exconsejero de Cultura, Javier López Marcano, diputado del PRC.

Exconsejero de Cultura, profesor de Latín, extiende la causa al año 2004

Un hombre que sabe Latín y tuvo el arrojo de decírselo a la cara a la juez. «Señora Hidalgo, yo soy filólogo; el que controlaba era Agudo y yo me fiaba de él».

Fue una de las muestras de la estrategia del exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte en la comparecencia del jueves en el TSJC, la tercera de cinco en esta decisiva fase de la instrucción del caso Racing, en el que la magistrada ha cifrado un quebranto patrimonial de las arcas públicas de 43,8 millones de euros, entre 2004 y 2011, llegando más lejos que la propia querella.

La clave de todo es que la juez ha llegado mucho más lejos que la propia querella de Cantur con la que se iniciaron las diligencias.

La denuncia perseguía las posibles responsabilidades penales de los responsables del Gobierno y el empresario Jacobo Montalbo,en la venta del Racing al empresario indio Ahsan Ali Syed, entre Zurich y Santander, en los últimos días del mes de enero de 2011, a pocos meses de las elecciones, por una pérdida de 7,7 millones para el Gobierno.

Pero fruto de las investigaciones, la magistrada Paz Hidalgo ha llegado mucho más lejos en el tiempo y en el agujero detectado en las arcas regionales, sobre todo a partir de un informe exigido a Jesús Bulnes, director financiero del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), y que aglutina otros 36,1 millones de euros de pérdidas a través sobre todo de la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP Cantabria).

En su comparecencia, López Marcano estuvo muy olvidadizo, amnésico, como ya adelantó a los periodistas a las puertas de Las Salesas. Apenas recordaba detalles de las negociaciones previas a la operación de Zurich, ni siquiera sobre el contenido de al menos 10 contratos y documentos relacionados con la participación del Gobierno en el Racing, que asegura que firmó «sin leer».

Según su versión, su fe era ciega, su «confianza plena» en el entonces consejero de Economía, actual presidente del PSOE, Ángel Agudo, que compareció un día antes en los tribunales. Él era el que «controlaba» y el resto se fiaba de lo que hacía. Y se escuda Marcano en el acuerdo del Consejo de Gobierno del año 2004 que facultaba a CEP Cantabria sobre Cantur, entidad que presidía, en asuntos del Racing.

De alguna manera, el testimonio de Marcano amplia el ámbito de la instrucción del Racing en la misma dirección que la juez Paz Hidalgo ha ido avanzando en sus pesquisas: 2004, la compra del Racing por parte del Gobierno al empresario Santiago Díaz por 16 euros a cambio de liberarle de una deuda de 20 millones de euros. De nuevo se ampara en las «decisiones colegiadas», de todos los consejeros de aquel Gobierno que presidía Miguel Ángel Revilla, su jefe en el PRC.

Y suena a órdago, a impunidad o a control total de la situación, sobre todo con el Gobierno de Cantabria haciendo escorzos para no personarse en la causa, como la propia magistrada ha indicado en un auto del día 10 de octubre. Este mismo martes se reunía el consejo de administración de CEP Cantabria para tomar una decisión al respecto.

¿Y AHORA QUÉ?

La semana que viene declaran en calidad de imputados dos personajes clave:

– Jacobo Montalvo, el empresario que se hizo propietario de Dumviro (máximo accionista del club) y según la querella de Cantur beneficiado por la venta del Racing en Zurich, al no devolver nunca el crédito participativo de la empresa pública (7,7 millones de euros).

– Y Emiliano Garayar, el cerebro jurídico de la operación, que en los años posteriores facturó 3,6 millones de euros como asesor del Gobierno, y relacionado también con la operación urbanísitica del Ecoparque Besaya, que sólo quedó frustrada por los tribunales, precisamente tras una denuncia de la empresa del anterior propietario, Santiago Díaz.

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