De izquierda a derecha, Ruth Beitia, Luis Carlos Albalá, José Antonio Cagigas, Javier López Marcano y Lola Gorostiaga. || Foto: Parlamento de Cantabria

El Parlamento de Cantabria no celebrará ningún acto oficial para promocionar la ampliación de capital del Racing de Santander, como habían solicitado formalmente los representantes del club verdiblanco.

La iniciativa, que el presidente de la cámara, José Antonio Cagigas (PP) quería someter a consenso, encontró la oposición del diputado del PRC, Francisco Javier López Marcano, al considerar que el tema del Racing está “sub júdice”.

Marcano está acusado en la querella de Cantur (PP) por la pérdida de dinero público en la venta del Racing en 2011 en Zurich al indio Ali Syed

El origen del desencuentro está en la recepción, la semana pasada, al presidente del Racing, Juan Antonio Sañudo y al secretario del Consejo de Administración, David González Pescador, a petición del Racing en el marco de la búsqueda de apoyos institucionales a la ampliación de capital.

En este caso, el club pretendía una presentación en sede parlamentaria, posibilidad que Cagigas quedó en someter a un acuerdo de la Mesa del Parlamento, para que la iniciativa contara con el consenso de los tres partidos con representación (PP, PRC y PSOE).

La mesa está compuesta por el propio presidente de la cámara, el vicepresidente, Luis Carlos Albalá; el vicepresidente segundo, López Marcano; la secretaria, Ruth Beitia; y la secretaria segunda, Lola Gorostiaga.  A la reunión también fueron convocados los portavoces de los tres grupos parlamentarios.

En el último punto del orden del día estaba la petición del consejo de administración del Racing. Cagigas planteó que sometía el acto de la ampliación de capital al consenso de la mesa del Parlamento y Marcano, visiblemente molesto, se negó al considerarlo una “provocación”, según fuentes parlamentarias.

En declaraciones a El Faradio, el diputado regionalista enmarca su postura en una “opinión personal”, con el argumento de que “no es razonable” un acto oficial sobre un tema “directamente relacionado” con un asunto que está “sub júdice”.

Además, Marcano apunta que hay otros asuntos que se tratan en la mesa del Parlamento que no se someten al consenso de sus miembros, como sí ha hecho el presidente de la cámara con esta petición de la directiva del Racing.

Y subraya que su postura nada tiene que ver con su “racinguismo”, que demostrará con su apoyo a la ampliación de capital, proceso en el que tiene la intención de participar comprando acciones en los próximos días, tal y como ha asegurado.

ESTADO DE LA QUERELLA DE CANTUR

La querella de Cantur por la venta del Racing al indio Ali Syed en enero de 2011, entre Zurich y Santander, está en fase de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), precisamente porque Marcano es uno de los acusados y es diputado regional, por lo tanto está aforado.

La empresa pública, ahora bajo control del Gobierno del PP, sostiene que en aquella venta se pudo incurrir en presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a ente público y delito societario por administración fraudulenta o desleal, y apunta que la operación supuso una «pérdida irreversible» de casi 6 millones de euros para las arcas públicas.

En su investigación, la magistrada Paz Hidalgo ha elevado el quebranto patrimonial a 43,8 millones de euros, contando la pérdida de dinero público desde la Coordinadora de Empresas Públicas, CEP Cantabria, y desde el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) en todo el periodo de intervención del Ejecutivo en el Racing (2004-2011).

Además de contra Marcano, la acusación se dirige contra los exconsejeros cántabros de Economía, Ángel Agudo (PSOE). También se investiga al exdirector de la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP), Luis Egusquiza, al empresario Jacobo Montalvo y a Dumviro Ventures, la empresa instrumental que canalizó la participación del Gobierno en el Racing.

Y además ha citado a declarar al abogado Emiliano Garayar, creador de Dumviro en el año 2005, el próximo 11 de diciembre. Garayar facturó 3,6 millones de euros con el sector público empresarial de Cantabria entre 2006 y 2009. Y está relacionado, entre otros asuntos, con la adjudicación de Ecoparque Besaya a una empresa del grupo de Montalvo.

En estos últimos días de instrucción se han personado CEP Cantabria, que no lo había hecho hasta ahora a pesar de que estaba instada por la juez desde un auto del 10 de octubre, y también el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular, después de depositar una fianza de 6.000 euros impuesta por la Sala de Gobierno del TSJC.