El Fracking no está exento de polémica, y tampoco las medidas tomadas por las distintas administraciones y empresas para adquirir los terrenos que necesitan para esta técnica de extracción de gas.

Con la nueva reforma de la Ley de Hidrocarburos, el Ministerio de Industria trata de poner a los propietarios de los terrenos de su lado. En vez de expropiarlos, cuestión que sería más costosa para las empresas y también peor vista de cara a la opinión pública, se ofertará a los dueños un 1% del valor del gas explotado en sus terrenos.

Carmen González, de la Plataforma contra el Fracking en Cantabria, criticó estas medidas el pasado viernes en el especial que Buenas Tardes Cantabria emitió sobre medio ambiente. “Con esto pretenden que los dueños de los terrenos vean una rentabilidad inmediata, y se cieguen. Y cuando quieran darse cuenta de las consecuencias ya será muy tarde, les tendrán metidos en sus terrenos sin posibilidad de dar vuelta atrás”.

Recientemente han sido noticia las palabras del Defensor del Pueblo, que asegura que la valoración del Ministerio sobre el impacto del Fracking no es concluyente, y ha pedido información adicional que permita acreditar que “existen soluciones técnicas para evitar impactos específicos y no deseados que deriven del uso del ‘Fracking’”.

El pasado 28 de noviembre hubo una mesa redonda sobre el Fracking en el Barrio Covadonga, en Torelavega. En ella, Francisco Javier Fernández, Consejero de Medio Ambiente, reafirmó la posición del Ejecutivo cántabro contra esta técnica, y aseguró que el dinero o las posibles subvenciones no les iban a hacer cambiar de opinión en un tema que consideran tan peligroso.

FALTA DE INFORMACIÓN

Ante la pregunta de si este intento de compra de voluntades podría tener una buena respuesta por parte de los dueños de los terrenos, Carmen González se mostró bastante confiada en la firme oposición de los vecinos.

“En las zonas rurales, que es donde más pueden surgir los problemas en primera instancia, creo que la gente lo tiene muy claro. Sabemos que este tipo de industria que nos quieren imponer podría cambiar radicalmente nuestro terreno y nuestras vidas”, afirmó.

Destacó también la falta de información y la poca transparencia que está habiendo en este tema. Cuestiones que no se tocan o no se han admitido hasta que los medio de comunicación lo han aireado.

Por ejemplo, las empresas del Fracking siguen sin aclarar qué tipo de químicos son los que inyectarían en la tierra tras la extracción del gas, ni la cantidad de componentes que llevarían. Pueden ir desde decenas hasta centenares, y se ignora el efecto que podrían tener en el medio ambiente y en las personas.

“Se escudan en que muchos de los químicos que usan son los que también se utilizan en los alimentos, pero se han encontrado pruebas de algunos productos, incluso cancerígenos”, aseguró González.

De hecho, en Texas, tierra oficial de fracking desde hace 10 años, han encontrado arsénico en un tercio de los pozos del estado. Ya se han llevado a cabo las primeras denuncias y condenas a las empresas, pero no ha sido hasta pasada la década que han empezado a aparecer las peores consecuencias.

PRESIONES A LOS VECINOS

Actualmente los permisos de Cantabria, tanto Luena, Angosto o Bigüenzo están algo paralizados, aunque desde la Plataforma contra el Fracking alertan de que es algo temporal.

En Angosto, que es parte de un permiso más grande que afecta a las comunidades de Cantabria, País Vasco y Castilla y León, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi ha dado un paso el pasado noviembre para solicitar la creación de un pozo en esa zona.

En los otros permisos aún se encuentran dentro de los plazos estipulados para hacer el informe del impacto medioambiental y los sondeos, aunque los vecinos de las distintas zonas no han percibido movimiento en las últimas semanas.

Donde sí se ha desatado la polémica ha sido en Burgos. Concretamente en Villarcayo de Merindad, donde se han realizado estos últimos días varias manifestaciones para apoyar a los vecinos que están siendo presionados por las empresas, concretamente por BNK Petroleum, quien adquirió el permiso de la zona.

El primer caso fue el de una vecina, a la que le llegó una carta de un bufete de abogados que representa a la empresa, y en la que se percibían amenazas de expropiación si la propia vecina se negaba a llegar a un acuerdo por sus terrenos.

Tras la polémica en los medios de comunicación, BNK admitió que el tono de la carta no era el adecuado y se retiraron con cautela. Sin embargo, en los últimos días varios vecinos han denunciado haber recibido llamadas telefónicas para presionarles a vender o ceder sus terrenos.

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