||por Paco Gómez Nadal (miembro de LIBRES)||

La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el Gobierno, ya está a un solo paso de entrar en vigor.

El trámite de rigor en el Senado se cumplirá con el rigor del rodillo de la mayoría del Partido Popular, igual que ha ocurrido en el Parlamento.

De nada ha servido que, tal y como refleja la encuesta elaborada por Metroscopia para Avaaz.org, el 82% de los ciudadanos esté en contra de su formulación, ni que 326.000 personas hayan firmado ya la petición para que esta ley no llegue a promulgarse.

Preocupación entre los movimientos sociales por la Ley Mordaza

La brecha entre la acción del gobierno y la ciudadanía es cada vez mayor y, con ella, la crisis de este modelo de democracia se acentúa.

La Ley de Seguridad Ciudadana, o también conocida como Ley Mordaza o Barra Libre para la Policía es uno de los eslabones de una serie de reformas que consolidan un auténtico recorte de las libertades y de las garantías democráticas en el Reino de España.

La Ley de Tasas Judiciales, la Ley de Seguridad Privada, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial o la reforma del Código Penal consolidan un auténtico atentado a la ya de por si precaria arquitectura legal de protección de los derechos políticos y civiles en España.

Por un lado, se limita el acceso a la justicia y se cercena claramente la independencia judicial.

Por otro, se pone en marcha una Ley de  Seguridad Ciudadana a medida de las peores pesadillas del gobierno.

El castigo de las formas de protesta más vistas en los últimos años (las llevadas a cabo por el 15M, las PAH, o Greenpeace…), el blindaje de la vida pública de políticos y representantes del poder (con la prohibición de cualquier forma de alteración de eventos públicos), la reacción a los movimientos independentistas (sancionando cualquier “ultraje” a España), la protección del sistema bipartidista (prohibición de las protestas en periodo de reflexión electoral, sanción de las que se dieran frente a sede parlamentaria, etcétera), el refuerzo de la discrecionalidad policial con la potestad de crear “Zonas de Seguridad” (pequeños estados de excepción) y de la autoridad en general (posibilidad de suspender espectáculos, hacer registros, disolver reuniones…), la creación de registros de “infractores” e incluso de “sospechosos”… la Ley es un atentado contra los tratados internacionales y contra el buen juicio y solo basta analizarla con detalle para percatarse de cómo en España, los recortes nos retrotraen a tiempos que parecían olvidados.

El hecho de que los últimos trámites de esta ley se desarrollen en fechas festivas no es casual. Una población ya aturdida por recortes en sus derechos laborales, con graves problemas para garantizar la calidad de vida y con la vana esperanza de una súbita mejora de la situación deja pasar hechos tan graves como los que están aconteciendo.

La Doctrina del Shock una vez más funciona: solo hace falta una sociedad en estado de shock para que admita modificaciones en las reglas del juego que, en otras condiciones, jamás aceptaría.

Foto: Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública

Sin embargo, España ha perdido en muchos aspectos en esta última década pero se ha fortalecido en tejido social.

Por ello, este sábado, 20 de diciembre, al menos 13 ciudades españolas vivirán protestas contra esta ley mordaza.

En Santander, ha sido la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) la que ha convocado a las 12 del medio día frente a la Delegación del Gobierno, invitando a la ciudadanía a asistir con mordaza a esta concentración tan necesaria como urgente para defender nuestras libertades.

Bajo la lógica de que los derechos no se pide, sino que se ejercen, diferentes movimientos retan todos los días a este Gobierno y a sus órganos represores. Lo hacen con imaginación, con valentía y con información.

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