Promontorio de San Martín

Este miércoles, 24 de diciembre, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado la aprobación definitiva del convenio urbanístico de gestión para el desarrollo del área del Promontorio de San Martín.

Esta aprobación definitiva tuvo lugar hace tres meses, el 24 de septiembre, con los votos a favor del PP, la abstención del PRC y la oposición del PSOE.

El convenio establece la cesión del espacio necesario para la construcción de un parque en el área, la ampliación de un vial y el desalojo y posterior realojo de propietarios de nuevas edificaciones allí mismo, en una zona en la que se prevé la construcción de hasta 140 viviendas.

Mediante este acuerdo, los propietarios acceden a ceder al Ayuntamiento alrededor de un tercio de la parcela, que, en total, cuenta con 5.700 metros cuadrados de extensión. El “gran parque público” contará con unos 2.000 metros cuadrados de superficie y estará ubicado en la zona sur.

DOS EMPRESAS PROPIETARIAS DE 70% DE LOS TERRENOS

El convenio, es decir, el acuerdo entre los propietarios de las parcelas y el Ayuntamiento de Santander, cuenta en su parte privada con dos clases: Por un lado los vecinos, propietarios de los pisos de forma individual. A estos el convenio les garantiza un realojo en los nuevos inmuebles que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), prevé construir en la zona en condiciones similares a los pisos que cederán.

Por otro lado están las empresas o sociedades privadas que son propietarias de los terrenos de la zona. En este caso, dos empresas suman más del 70% de la propiedad de los terrenos: Raimconsa Producciones, procedente de Burgos y propiedad de Raimundo Jiménez, y Playa de San Martín.

La primera tiene una finca en la zona y la segunda cuenta con hasta cuatro fincas y partes de otras, como pisos en comunidades de vecinos.

Promoción de viviendas a cargo de Sadisa, una de las empresas con más terrenos en la zona.

Playa de San Martín es una comunidad de Bienes que nació en el año 2004. Según los reglamentos de la Comunidad de Bienes, sus miembros aportan dinero o bienes en especie, manteniendo la propiedad de lo aportado.

Los miembros de Playa de San Martín son dos empresas: Norcasa (Casas del Norte), centrada en la promoción inmobiliaria aunque con intereses en el mundo hotelero, y el Grupo Sadisa.

Concretamente el concejal de Urbanismo, César Díaz, uno de los mayores promotores del convenio, fue empleado de empresas del grupo Sadisa.

APROBACIÓN A CARRERA

La aprobación del convenio se produjo el pasado 24 de septiembre, en un proceso a contrarreloj al que se le acababan las hojas del calendario. Y es que si vencía el plazo de dos años desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la zona perdía la posibilidad de la cesión del espacio libre previsto y, también, se hubiera tenido que reducir la edificabilidad en la zona.

El PGOU fue aprobado el 27 de septiembre de 2012, se publicó en el BOC el 29 y el día 30 entró en vigor. De haber superado la fecha de los dos años, uno de los espacios reservados a zona verde sería privado y la edificabilidad se reduciría de los 7.500 a los 4.532 metros cuadrados.

Tanta era la prisa que la tramitación del expediente del convenio se produjo durante el verano, en unos días en que la Jefa de Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander estaba de vacaciones.

Concretamente la fecha de inicio fue el 30 de julio, dando pie a que el periodo de 20 días de alegaciones fuera en el mes de agosto, en pleno verano y durante el Mundial de Vela.

Tanto el arquitecto como el secretario técnico de la Junta del Gobierno local, en sus informes sobre el expediente, advirtieron de este singular hecho. Fue este último el que destacó en su informe que la Jefa de Servicio se encontraba de vacaciones, aunque justificó la actuación debido a la “premura” de tiempo que daban los plazos impuestos.

Por lo tanto, y según datos cronológicos, el Convenio se registró en el Ayuntamiento el 30 de julio de este año. Al día siguiente se realizó el informe del arquitecto municipal, y el 1 de agosto el secretario de la Junta de Gobierno dio el visto bueno.

El 4 de agosto fue aprobado por la Junta de Gobierno local, sin que quede constancia de que se informara a los medios de comunicación. El expediente, eso sí, pudo ser consultado en las dependencias municipales.

Al día siguiente, 5 de agosto, se envió el BOC, que lo publicó el día 11. Esa fue la fecha a partir de la cual se abrió el plazo de los 20 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

El 19 de septiembre se aprobó en Comisión y, finalmente, el 24 de septiembre llegó al Pleno, que lo aprobó definitivamente. Concretamente seis días antes de la espiración del plazo impuesto por el Plan General.