Le ha costado mucho tiempo y mucho, mucho dinero, darse cuenta, pero, finalmente, Liberbank, el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria, se rinde y saca bandera blanca en su estrategia judicial en el espinoso tema de las participaciones preferentes, ese producto tóxico vendido como ahorro y que dejó retenidos los ahorros de miles de clientes.

Fachada de Caja Canttabria

La entidad formada por la fusión de Caja Cantabria, Caja Extremadura y Caja Astur (que a su vez cargaba en su mochila con la frustrada Caja Castilla La Mancha) ha optado por reconocer la realidad y sacar bandera blanca.

Lo hace tras asumir lo que era obvio: que los tribunales estaban dando la razón a los afectados en los juicios, tanto en primera instancia como en los recursos ante la Audiencia Provincial que seguía empeñándose en recurrir en lugar de buscar acuerdos.

Lo último ya es, además de empezar a dar instrucciones para no recurrir, empezar a dirigirse a los clientes que habían presentado quejas sin llegar aún a los tribunales para ofrecerles acuerdos que eviten tener que ir a un juicio que, inevitablemente, iban a perder.

Protestas de la plataforma dejando carbón en oficinas

En la decisión ha pesado mucho el factor económico: los primeros cálculos del Juzgado de las Preferentes, creado específicamente para atender estos casos, situaban la cuantía de las indemnizaciones en 50 millones de euros, en una cifra muy inicial.

La estrategia judicial de Liberbank también ha fracasado en la persecución a la que sometieron a los propios afectados, con denuncias a los clientes que participaban en protestas contra sus oficinas que han ido siendo desestimadas, con la absolución del ‘carbonero real’ (un miembro de la Plataforma que justo las pasadas navidades iban dejando carbón en las oficinas por haberse portado mal).

Más suerte tuvieron con el archivo de la causa de los pagos al marido de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, aunque sigue pendiente el caso de la operación urbanística en Llanes y la Fiscalía ha abierto diligencias a la petición de UPyD sobre si en Caja Cantabria se usaron las famosas black cards de Bankia, una práctica que no ha trascendido.

Al contrario que la de los créditos blandos, en mejores condiciones que el mercado, que en la última década concedió la entidad a una treinta de miembros de partidos, patronal y sindicatos, tal y como ha contado EL FARADIO.

LA CRISIS DE REFERENTES

No es el único referente institucional cántabro que ha llegado tocado a final de año, con un Racing inmerso en una ampliación de capital con dificultades y un proceso judicial pendiente de cerrarse mientras el abogado Berdejo pone en jaque el club al reclamarle la deuda extrajudicial; y con una Ceoe-Cepyme enzarzada en un complejo proceso electoral.

Paralelamente, el Gobierno de Cantabria trata de cerrar el año con la aprobación de los presupuestos y un mensaje optimista en lo económico de cara al electoral 2015 (elecciones autonómicas), mientras la oposición insiste en la falta de palabra del presidente Ignacio Diego ante las contradicciones entre la versión dada ante el Parlamento sobre la reserva de su estancia en un balneario asturiano a cargo de Aquagest y las revelaciones de un informe policial elevado ante el Tribunal Supremo.

Mientras tanto, nuevas formaciones como Podemos tratan de cerrar el proceso para su constitución en Santander (con el debate sobre la confluencia para una candidatura unitaria junto a movimientos sociales en la ciudad), previa a la propia creación del partido en Cantabria, a nivel autonómico; y Cantabria Abora, el colectivo formado por los exregionalistas Paco Sierra y Conchi Solanas, ha finalizado una de sus primeras acciones, la recogida de firmas para su manifiesto ‘Una nueva Cantabria’.