Amparo (86 años, vaguada de Las Llamas) es el último de muchos casos en los que el Ayuntamiento se muestra insensible, inflexible y desalmado ante el ciudadano, en favor siempre de otros intereses. Estos son sólo algunos:

Entorno del Prado San Roque, sobre el Río de la Pila.

Juana era vecina del Prado San Roque. Su vivienda requería reformas, muy deteriorada por el paso de los años. Solicitó en numerosas ocasiones una licencia de obra menor para rehabilitar grietas y otras deficiencias de una estructura dañada. Siempre se encontró con la negativa municipal y pasado un tiempo los técnicos declararon la casa en ruinas. El Ayuntamiento ya ha acometido en la zona varios derribos. Son bastantes más los afectados, que se han constituido en plataforma para denunciar los planes de construir viviendas de lujo en una zona con vistas privilegiadas a la Bahía. Para esos nuevos inquilinos del barrio, el Consistorio sí dotará al barrio de inversiones y nuevos espacios de convivencia, junto al Campo de Fútbol del Regimiento. Afortunados ellos. Juana se tuvo que marchar a Renedo de Piélagos, a casa de un familiar.

José Luis es vecino de General Dávila. Es uno de los diez herederos de una finca de 500 metros cuadrados que el Ayuntamiento necesitaba expropiar en 2004 para acometer el funicular del Río de la Pila. Acordaron una permuta por otros terrenos, 700 metros cuadrados en el área 30-31 de Santander. Diez años después, esta familia no ha recibido los nuevos terrenos y, de manera incomprensible, llevan toda esta década pagando los casi 1.000 euros del IBI de la finca que les fue expropiada. El Ayuntamiento se desentiende, por haber prescrito, de los seis primeros años de contribución, mientras que para devolver el dinero de los últimos cuatro años, pide a la familia que aporte la documentación que demuestre haber pagado todos los recibos.

La noche del gran incendio de Tetuán

José Antonio vivía en la calle Tetuán. Es uno de los más de 50 vecinos afectados por el incendio de octubre del año 2008 que destruyó los números 41, 43 y 45. Para las tareas de extinción, los bomberos se encontraron con la dificultad de que las bocas de riego más cercanas estaban anuladas por la obra del aparcamiento subterráneo que estaba en fase de ejecución. Hoy piden 5,8 millones de euros de indemnización. El Ayuntamiento se negó a dar licencia para trabajos de rehabilitación, escudándose en que la zona estaba fuera de ordenación. En ese momento, el equipo de Gobierno trabajaba en el Plan General de Ordenación Urbana y se negó a acometer una modificación puntual del que estaba en vigor, para dar una solución a los afectados.

Amparo tiene 86 años, una casa y una finca en la vaguada de Las Llamas. Desde 1996 figura en el planeamiento municipal una conexión transversal, entre la Avenida de los Castros y la S-20, como prolongación de la bajada de Camilo Alonso Vega. Cuando empezó la tramitación los terrenos de Amparo eran urbanos, pero un buen día el Ayuntamiento los rebajó a rústicos. Recientemente comenzó el trámite de expropiación, por el que Amparo y su familia sólo recibirán 79.000 euros, mucho menos que los más de 100.000 que son base de cálculo a efectos fiscales. El juez ha autorizado el desalojo.

La actuación que afecta a Amparo podrá ser legal pero es radicalmente injusta. La diferencia entre el precio de expropiación y una cantidad justa para esta familia era de unos pocos miles de euros. Y haber satisfecho a Amparo era perfectamente posible y totalmente legal.

Marco, el nieto de Amparo, con el cartel de la campaña #AmparoNoEstaSola

Ese es el problema: que es el mismo Ayuntamiento que no puso reparo para desembolsar 1,3 millones de euros en sobrecostes injustificados para el Tribunal de Cuentas, en la conexión transversal inmediatamente anterior (Bajada de Polio). La empresa constructora de aquel proyecto y también del que condena a Amparo es Copsesa, del alcalde de Ramales, Domingo San Emeterio (PP), el mismo partido al que pertenece el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

El Ayuntamiento se ha mostrado inflexible para negociar la situación de Amparo. Más aún: ha despachado la polémica con excesos verbales, acusándole a ella y su familia casi de defender oscuros intereses y querer forzar al equipo de Gobierno a cometer prevaricación. Tratar a las personas como si fueran oposición, muy de moda.

Se lo dice a una vecina de 86 años un Consistorio que firma sin pestañear los sobrecostes injustificados en obras que ejecutan determinadas empresas. Para ellas, ninguna pega, ningún reparo, más allá de un tirón de orejas del Tribunal de Cuentas sin ningún tipo de efecto, porque llega siempre tarde.

Y es el mismo Ayuntamiento que en unas zonas de la ciudad expropia, deniega permisos y termina expulsando a los vecinos y en otras, como en el Promontorio de San Martín, llega a acuerdos mediante un convenio aprobado con la jefa de urbanismo de vacaciones, a favor de la última empresa para la que trabajó el concejal de Urbanismo. Un convenio que consolida los derechos de los viejos propietarios sobre los nuevos pisos de lujo, que recibirán llave en mano y con las mismas vistas que tenían en los viejos.

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Ese es el problema de fondo: que tenemos un Ayuntamiento débil con el fuerte y fuerte contra el débil. Con los vecinos, la administración más cercana se muestra inflexible; con los poderosos, empresarios y otros propietarios, el Ayuntamiento se pone a su servicio.  Es ese trato desigual el que se pone de manifiesto en la expropiación de Amparo. Por eso es un símbolo tan poderoso. El símbolo de un Ayuntamiento que no tiene alma.

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