El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander ha declarado culpable el concurso de GFB, la fábrica de fibroyeso en Marina de Cudeyo, que contó con participación pública en un proyecto fracasado, con EREs antes de empezar, impagos varios y que acabó liquidado, en manos de la alemana Fermacell.

Miguel Ángel Pesquera

La sentencia inhabilita ara administrar bienes ajenos durante dos años a los dos presidentes que tuvo la empresa, pero también al vicepresidente, que era el consejero de Industria Miguel Ángel Pesquera, del PSOE, en los primeros años de los Gobiernos entre socialistas y regionalistas, y que tiene trayectoria empresarial en el sector privado.

GFB era la mezcla del Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Sodercan, de la Consejería de Industria; y del socio privado, en un proyecto marcado por los recelos hacia el socio privado, y en una idea, la de la construcción de placas de fibroyeso (una alternativa al pladur) demasiado volcada hacia modelo de la construcción justo en los años previos al inminente estallido de la burbuja.

La gestión del proyecto fue polémica, con desencuentros entre los socios, señalada por el PP, que en la oposición lo convirtió en objeto de decenas de iniciativas parlamentarias y que, al llegar al Gobierno, impulsó una Comisión de Investigación, en la que se pudieron conocer más detalles de la gestión.

Esa gestión llevó a los tribunales en un proceso que fue archivado en cuanto a la petición de responsabilidades por, digamos, mala fe, pero a la que le quedaba otra pata, la derivada de los impagos a los proveedores, que provocó un concurso de acreedores, proceso judicial que es el que vive ahora este episodio.

El PP criticó entonces agriamente la participación de lo público como socio y accionista en proyectos privados, en un modelo que luego ha repetido esta legislatura en iniciativas como la de Tubacex, Coated Solutions o Néstor Martín, atravesando en la actualidad dificultades y desencuentros con la parte privada en un proyecto criticado por la oposición actual, en especial la socialista,

INHABILITACIÓN

Además, se ha inhabilitado para la administración de bienes ajenos durante dos años a tres de los miembros de su Consejo de Administración: el exconsejero de Industria en los primeros años del anterior Gobierno PSOE-PRC,  y vicepresidente de la empresa, Miguel Ángel Pesquera; y los que fueran presidentes de la entidad Sebastián Tena Pujol y Max Fischel Mora.

“Ha habido una clara culpa grave en los administradores al haber actuado de forma negligente”

La sentencia condena, además, a la empresa Euroamérica y a Sebastián Tena Pujol –representante del Grupo Pujol Martí, el socio privado del Gobierno de Cantabria en aquella aventura empresarial- a indemnizar solidariamente con 15,9 millones de euros por la venta de maquinaria y material.

También se fija una indemnización de 131.222 euros por la contratación de personal que deberán abonar Euroamérica y Sodercan, y se condena a estas dos entidades y al Grupo Pujol Martí a indemnizar a los acreedores concursales, es decir, a todas las personas a las que se le debe dinero como consecuencia de la acumulación de impagos del proyecto, en la totalidad del importe de sus créditos que no perciban.

DEBERÍA HABERSE DETENIDO EL PROYECTO

En la resolución, la juez afirma que “el modelo financiero era inadecuado y enseguida se pudieron observar los déficits financieros alertados por los auditores externos”, por lo que los administradores de GFB “deberían haber detenido inmediatamente el proyecto”.

Recuerda, en este sentido, que nunca se llegó a abrir la fábrica “a causa del citado agotamiento financiero” y que “el control y el seguimiento del proyecto fue defectuoso”.

Añade, además, que “existía una sobredimensión de la planta” que se realizó “únicamente para justificar la compra de maquinaria a Euroamérica, y por eso se planteó una producción exagerada para lo que en realidad reclamaba el mercado”.

«A pesar de los informes negativos, continuaban agravando la insolvencia de la concursada”.

“Existe un claro nexo entre su actitud descuidada y la agravación de la insolvencia”, señala la sentencia, que sustenta esta afirmación en tres hechos:

-los sobrecostes (por valor de ocho millones de euros) en el pago la maquinaria, sin adaptar (hubo que pagar 6,5 millones para conseguirlo), a uno de los miembros del propio Consejo de Administracion

-la compra de un material no apropiado y que no se llegó a vender

-y la contratación de trabajadores pese a que ya se conocía el déficit de financiación de la empresa.

Todo por una mezcla de responsabilidades entre el socio público, Sodercan y Euroamérica, que no aportaron las cantidades comprometidas, con el agravante de que la parte privada sí consiguió beneficio.