Las diferentes asociaciones estudiantiles de la región, englobadas en el Bloque Estudiantil de Cantabria, el Colectivo de Estudiantes y el Colectivo Juvenil La Mecha, se lanzarán este jueves, día 26, a la huelga para protestar contra el nuevo Plan de Educación, ya conocido como 3+2.

El Colectivo de Estudiantes lleva desde finales de enero organizando diferentes reuniones para acordar estas movilizaciones. Concretamente desde que se conoció la nueva reforma que propone el Ministerio de Educación, encabezado por el Minstro José Ignacio Wert.

Cartel con el que el Colectivo de Estudiantes llama a la huelga este jueves 26.

La fecha de la huelga se ha fijado en este jueves 26, en el que habrá distintas acciones. A las once de la mañana se ha convocado una concentración frente al rectorado de la Universidad de Cantabria (UC); y, a la misma hora, otra concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Torrelavega.

Posteriormente, a las 12:30 del mediodía se unirán todos en una manifestación que recorrerá las calles de Santander, y que partirá desde la Consejería de Educación.

Según ha podido saber El Faradio, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública pretende convocar una gran manifestación este sábado, día 28, a las cinco y media de la tarde, y que englobará a todos los niveles y agente educativos.

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC) y el área de juventud de Izquierda Unida se han sumado también a esta convocatoria. Ambas agrupaciones coinciden en que esta reforma tiene un interés privatizador que puede dañar seriamente la educación pública y el acceso equitativo de los estudiantes a la enseñanza superior.

EL COLECTIVO DE ESTUDIANTES DENUNCIA UNA CAMPAÑA ILEGAL CONTRA LA HUELGA

El Colectivo de Estudiantes ha denunciado “un boicot a la Movilización estudiantil por parte de profesores afines al Gobierno”. A pesar de que “la mayoría de los profesores y equipos directivos han mostrado una actitud dialogante y colaboradora”, la asociación de alumnos informa de que se están poniendo exámenes para obligar a los estudiantes a ir a los institutos.

A través de una nota de prensa, la organización estudiantil ha informado que la mayoría de los exámenes han sido impuestos esta semana, después anunciarse la huelga prevista para este jueves.

También se ha exigido a los alumnos la autorización de los padres para hacer huelga, algo que la Ley no exige. El caso ya ha sido denunciado ante la Consejería de Educación. El Colectivo de Estudiantes recalca que el Tribunal Supremo ya ha dejado claro que el ejercicio de inasistencia colectiva a clase no está sujeto a ningún tipo de autorización previa.

Desde sus redes sociales, la organización estudiantil ha advertido que emprenderán acciones legales a lo largo del día, y que todos los casos de irregularidades que impidan a los estudiantes el libre desarrollo de sus derechos serán llevados ante la Inspección Educativa, y a los tribunales si fuera necesario.

«LOS ESTUDIANTES TENDRÁN QUE PAGAR MÁS POR ESTUDIAR»

La implantación del modelo 3+2 significa reducir la duración de los grados de cuatro a tres años, incluyendo dos años de máster posteriores. Esta medida ya estaba recogida en el plan Bolonia y fue uno de los puntos más criticados, aunque en ese momento el Gobierno español optó por la fórmula 4+1.

Este nuevo modelo se adaptaría mejor a la idea del plan Bolonia, que busca ofrecer grados más generalistas y centrar la especialidad en los másteres. Los colectivos de estudiantes temen que este plan sea una “excusa” para degradar o eliminar la universidad pública en beneficio de la privada.

Durante el programa de este lunes en Buenas Tardes Cantabria, el Delegado de Alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria y miembro del Bloque Estudiantil, Francisco Javier de la Fuente, criticó fuertemente esta medida.

Según explicó De la Fuente, temen que la implantación de este sistema convierta a los futuros licenciados con menos recursos económicos en “trabajadores de segunda”, al no poder permitirse los dos años de máster privado que se precisarían para especializarse.

“Con esta medida muchos estudiantes tendrá un título más degradado, de solo tres años de carrera”, explicó el líder estudiantil. Durante su intervención en el programa denunció que la educación va “cada vez peor”.

Y es que de las licenciaturas de cinco años, pasaron a ser de cuatro más un curso más de un máster con el Plan Bolonia, y ahora el tiempo de estudios generales se rebaja para darle mayor importancia a los másteres.

“Esto significa que los estudiantes tendrán que pagar más por estudiar, y también habrá mayor dificultad al acceso de las becas”, denuncia De la Fuente.

LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN INSISTE EN QUE EL ACTUAL SISTEMA “NO ES SOSTENIBLE”

La Secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio, niega que este sistema conlleve ninguna privatización, aunque sí insiste en que se debe iniciar un debate sobre qué sistema educativo queremos, porque el actual “no es sostenible”.

Acusa a los estudiantes de utilizar “un mensaje muy demagógico” y que “no tiene que ver con las propuestas que nosotros hacemos”.

Según Gomendio, la educación española tiene las tasas “más bajas de matrícula de toda la Unión Europea”, además de “impuestos bajos y prácticamente ninguna selección de entrada a la universidad”.

Sobre sus palabras, Francisco Javier de la Fuente las calificó de “excusas”. Asegura que el Bloque Estudiantil no espera “nada” del Gobierno de España porque «esa gente no quiere dialogar. Ellos actúan de acuerdo al capital y no van a ceder un ápice”. Por lo tanto, según su opinión a ellos solo les queda organizarse y “luchar hasta el final”.

Los colectivos de estudiantes temen que este plan sea una “excusa” para degradar o eliminar la universidad pública en beneficio de la privada.

Aun así hay una falta de consenso entre las distintas facultades de la UC. Algunas, como la de Educación o la de Historia, cuentan con un gran apoyo a la huelga, pero sin embargo en otras los estudiantes han elegido una opción más “neutral”.

De la Fuente asegura que muchos quieren “evitarse problemas”, y otros tanto “están a la expectativa”, ya que el rector no ha sido del todo claro y ha afirmado que estas medidas se retrasarán, por lo menos, hasta el año 2017.

«LA REFORMA DEBE SER ESTUDIADA EN PROFUNDIDAD ANTES DE IMPLANTARLA»

El pasado 3 de febrero el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, señaló que la reforma aprobada por el Gobierno “debe ser estudiada en profundidad antes de implantarla”.

“No se trata simplemente de retrasar su aplicación, sino de empezar desde ya un trabajo serio de análisis de varios aspectos que aún no han sido estudiados”, dijo, tras asistir en Madrid a la reunión de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

La práctica mayoría de las universidades que integran la CRUE (58 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones) acordó no plantear la modificación de los planes de estudio, pasando del modelo actual de 4+1 al de 3+2, antes de septiembre de 2016, de manera que no se impartiría ninguno de estos títulos de tres años antes del curso 2017-2018.

El rector aseguró que, en términos económicos, “echamos en falta un estudio económico real del coste que supone bajar las carreras de cuatro a tres años, porque evidentemente estas costarán menos, pero si se suman los dos años de máster es más caro para el estudiante”.

EL CONSEJO DE ESTUDIANTES APOYA LAS MOVILIZACIONES

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC), apoya y promueve la participación en la concentración en el Rectorado y en la manifestación en la Consejería de Educación.

Mediante una nota de prensa el CEUC ha querido unirse a sus compañeros asegurando que rechaza la aprobación de la reforma y aprueba la moratoria acordada por el CRUE.

Condenan la puesta marcha del Real Decreto aprobado por el Ministerio sin haber realizado un análisis previo del sistema actual del 4+1, y de las consecuencias de implementar la fórmula 3+2.

El CEUC se posiciona contra las medidas del Ministerio alertando de la delicada situación en la que se encuentra la dimensión social del estudiante, ya que actualmente es más caro estudiar que en los años pasados.

En su opinión, la implantación de grados de 180 ECTS con los costes actuales de un máster produciría un daño irreparable en la equidad del acceso a la universidad de los estudiantes.

El Consejo de Estudiantes ha denunciado las constantes medidas y declaraciones de los responsables del Ministerio de Educación en contra de la Universidad pública “con el único objeto de privatizar la Educación Superior y generar desigualdad social”.

LOS EXPERTOS RECOMIENDAN UN «BUEN DISEÑO DE LOS PRÉSTAMOS UNIVERSITARIOS»

El pasado 5 de febrero tuvo lugar en Santander el XXII Encuentro de Economía Pública donde se reunieron 150 expertos internacionales en Hacienda Pública, y plantearon las cerca de 100 investigaciones que recientemente se han divulgado en distintas áreas.

Durante la ponencia inaugural, el profesor Nicholas Barr, de la prestigiosa London School of Economics, sugirió a las autoridades españolas empezar las reformas en la educación superior por un “buen diseño” de las políticas de préstamos universitarios en lugar de apostar por medidas extremas que son políticamente inestables.

Este economista británico, considera importante que en España se deje de equiparar los préstamos para la financiación de la educación superior con cargas financieras mucho más gravosas, como por ejemplo las de las tarjetas de crédito o las hipotecas.

“Antes financiábamos los estudios universitarios sólo con los impuestos, pero era muy poca gente la que accedía”, explicó el profesor Barr. Al aumentar el acceso a los niveles superiores, propuso que “ahora cada individuo tiene que asumir su propia parte de la financiación de sus estudios, si además queremos que la educación superior sea de calidad”.

Sobre estos préstamos, que recalcó que debían pagar los ya graduados y no estudiantes, aseguró que deben estar bien diseñados en características tan básicas como la cuantía, el tipo de interés y la devolución.

Señaló como un acierto el sistema de financiación que puso en marcha el Reino Unido en 2006, que cubría la cuota total de la matrícula y los costes de vida, con condonación de la deuda pasados 25 años. Y, sobre todo, permitía que los graduados devolvieran el principal sólo cuando se hubieran incorporado al mercado laboral.

Esto fue acompañado de una subida razonable de las tasas universitarias hasta las 3.000 libras por año – algo más de 4.000 euros- en sustitución de la anterior tarifa fija de 1.000 libras.

Sin embargo, criticó duramente las reformas de 2012, que “desequilibraron un buen diseño de préstamos” al aumentar las matriculas hasta los 9.000 euros, con un incremento en los tipos de interés y del periodo para la condonación de la deuda (30 años), y que además conllevaron la abolición de las subvenciones a los estudios de artes, humanidades y ciencias sociales.