El retraso en un trámite entre departamentos del Gobierno de Cantabria permitió que COPSESA, la constructora del alcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio (miembro del Comité Ejecutivo del PP) pudiera seguir con la actividad en la planta de asfalto en Igollo de Camargo.

José Domingo San Emeterio

Este proyecto ha acabado llevando a San Emeterio a declarar ante los tribunales en calidad de imputado por un delito medioambiental, junto al director general de Industria del Gobierno de Cantabria (en este caso por prevaricación), en la fase de instrucción, es decir, de investigaciones previas para determinar si hay o no juicio y acusaciones en firme.

San Emeterio es el responsable de COPSESA, empresa adjudicataria habitual del Ayuntamiento de Santander (gobernado por un compañero de partido).

En UTE con Isolux-Corsán, ejecuta el vial de la S-20 que forzó la expropiación de Amparo Pérez, la anciana santanderina fallecida tras una larga lucha por defender su finca en la Vaguada de Las Llamas, y del que esta semana se conocía que se beneficiaría de sobrecostes por valor de 220.000 euros respecto al proyecto inicial.

Otro proyecto, el de una planta de asfalto en Igollo de Camargo, le ha llevado ante los tribunales, tras una denuncia ante la Fiscalía propiciada por Ecologistas en Acción y la plataforma vecinal Por el Aire Puro y la Transparencia de Camargo por la puesta en marcha de esta planta sin las licencias necesarias.

La actividad en la planta llegó a ser clausurada y pese a ello el proceso continuó. Es uno de los asuntos por los que le ha preguntado este jueves el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander

Y al que ha respondido que esa actividad no eran trabajos de la planta, sino tareas “de mantenimiento”, además de alegar que debe mantener a sus tres empleados para retener una subvención recibida por su contratación.

EL RETRASO EN LOS TRÁMITES

No obstante, él considera que la planta no necesitaba trámites ambientales nuevos al habérsela adquirido a otra empresa (Emilio Bolado) ya que así se lo dijo la Administración.

Uno de los aspectos que se ha abordado es el retraso en un trámite entre departamentos del Gobierno de Cantabria.

La Dirección General de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente, debía enviarle un informe a la Dirección General de Industria, de la Consejería de Industria.

Era necesario para abordar la respuesta a su recurso a la decisión de Industria de paralizar los trabajos al entenderse que ahora sí hacía falta evaluación ambiental.

Pero Medio Ambiente se retrasó al hacerlo, con lo que expiró el plazo para responder el recurso, y en ese caso se considera que la falta de respuesta le daba la razón, así que comenzó de nuevo la actividad sin esperar siquiera a notificación.

Es más, el director general de Industria ha señalado que se avisó en dos ocasiones de ese extremo, de que si Medio Ambiente no emitía el informe y se lo derivaba a su departamento, la resolución recurrida por COPSESA (es decir, la paralización) dejaba de tener validez, sin que el responsable de Medio Ambiente respondiera a esas peticiones, que ahora se justifican en motivos judiciales.

Un informe jurídico de Industria abundaba en esas tesis.

Durante el interrogatorio, el responsable de Copsesa ha admitido que habló de este asunto con el director general de Medio Ambiente, David Redondo, a quien la acusación se plantea pedir que declare para que aclare estos extremos.

De momento en la causa hay otro director general imputado, el de Industria, Fernando Javier Rodríguez, quien se ha mostrado muy parco en sus respuestas, ciñéndose a que actuó guiado por los informes de los técnicos de la Consejería.

Por tanto, se espera que estos sean llamados a declarar, bien porque lo pida el juez por iniciativa suya o bien porque se lo solicite la acusación.

La próxima prueba testifical que habrá, aún sin fecha, será a los técnicos del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.