El Ayuntamiento de Santander deberá pagar a una treintena de propietarios más de 2,6 millones de euros en indemnizaciones por los daños causados a los propietarios de los dos edificios que ardieron en la calle Tetuán hace más de seis años.

La jornada del 8 de octubre de 2008 fue especialmente convulsa: todo comenzó con un escape de gas en el número 41 que provocó una explosión y desalojo.

Incendio en la calle Tetuán

Pero a la noche, ese mismo edificio comenzó a arder, en un incendio que se extendió al 43 y que, tras una sucesión de gestiones burocráticas por parte del Ayuntamiento de Santander, dejó a sus propietarios sin vivienda ni posibilidad de rehabilitarla.

En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander, Juan Varea, echa por tierra con dureza la versión ofrecida por el Ayuntamiento y carga contra el “funcionamiento anormal” de sus servicios públicos esa larga noche.

El Ayuntamiento de Santander siempre se ha aferrado a que la causa del incendio fue una “reacción anómala” a la explosión.

Esa teoría implicaba que todo era imprevisible, que la causa del incendio fue el escape de gas en el que ellos no tuvieron parte y que no era necesario dejar un retén de bomberos de guardia, como se decidió ese día.

Frente a esa versión, informes de expertos de prestigio y de la Policía Científica avalan la teoría del ‘fuego latente’ que quedó tras el escape, que no fue detectado porque los bomberos carecían de formación suficiente para manejar los equipos, por lo que la única forma de frenar la expansión del fuego hubiera sido dejar allí el retén.

El juez critica al Ayuntamiento porque asegura que sabía que existía esa posibilidad y pese a ello prescindió del retén.

Y deslegitima los informes aportados por el Consistorio por su falta de rigor científico y por apoyarse únicamente en testimonios de profesionales que tratan de evitar que se cuestionara su actuación.

EL ORIGEN DEL FUEGO

El Ayuntamiento sostenía que la causa del incendio se debía al primer suceso, la explosión de gas, provocada por una fuga, en la que ellos no tuvieron nada que ver.

El juez concede al Consistorio que no tuvieron la culpa del escape: el fontanero responsable de unos trabajos en una vivienda admitió en el juicio que no taponó la tubería de gas, confiando en que nadie usaría el servicio, que quedó abierto tras la obra. La única prevención fue pedir que no se usara el gas, que se cerró y luego fue abierto. El fontanero no tenía el carné de instalador de gas.

Pero luego matiza que una cosa es el escape y la explosión, y otra el incendio, que fue el que provocó la desaparición de los edificios (de hecho, se extendió del 41 al 43, en el que no se dio la explosión).

El único efecto que tiene ese argumento es que a la hora de indemnizar, al Ayuntamiento se le descuentan, exclusivamente, los daños que provocó la explosión derivada de la fuga, pero no los del incendio.

LOS INFORMES

Todos los informes periciales (de los expertos) coinciden, tanto los que encargaron los afectados ( a la empresa que investigó el incendio del Windsor en Madrid, cuya solvencia alaba el juez) como los de la Policía Científica, sobre cuya neutralidad incide el juez en que no hay duda alguna.

Y coinciden en que el problema no fue la actuación de la Policía Local, ni siquiera en el servicio de extinción y sus retrasos en acudir o lo que sucedió con los hidrantes (que no estaban debidamente conectados), factores que se considera que no influyeron en el origen del incendio.

El juez y los informes descartan en el origen del incendio la ‘teoría del colchón’ y se quita valor a que hubiera inspecciones posteriores de gas, que hubieran servido para evitar otra explosión, pero es que los daños los causó un incendio.

EL RETÉN, ÚNICO MEDIO DE SEGURIDAD

El problema fue que no se detectó el fuego residual (latente), derivado de la explosión.

Y en que no se detectara influyeron varias causas, desde una “excesiva confianza” hasta la “falta de inspección” de las cubiertas, pasando, y esto es lo que afecta a la parte municipal, por no dejar un retén de guardia que hubiera podido evitar no que se originara, pero sí que se propagara con la “rapidez y virulencia” con la que lo hizo.

Y la posibilidad de que esto sucediera, además de ser algo previsible, fue conocida por el servicio de extinción, pero no actuó en consecuencia.

Es más, el juez incide en que “el único medio de seguridad” apto era el propio retén y un informe señala que debía haberse dejado durante al menos 12 horas y que “hubiera reducido el tiempo de reacción” ante el incendio.

El juez rechaza los argumentos del Ayuntamiento para no dejarlo.

En el Consistorio dicen que era innecesario porque ya había policía, que no bomberos, y que, visto lo visto con los daños al edificio, se podía poner en riesgo las vidas de estos profesionales, los bomberos (pero no la de los policías, que sí estaban).

El juez le responde que los bomberos no eran necesarios en ningún sitio en ese momento y el edificio no corría riesgo estructural de caerse (de hecho, se permitió el acceso a propietarios).

Además, el uso de cámaras para detectar calor se reveló como inútil porque los bomberos no tenían la formación suficiente para manejar estos aparatos (una hora de curso de manejo, cuando son herramientas complejas).

LA VERDAD MUNICIPAL

Frente a estas tesis, que defienden los informes de la empresa del Windsor (redactados por expertos como el jefe del servicio de extensión de Barcelona, entre otros) y el de la Policía Científica, está la versión que quiso trasladar el Ayuntamiento con sus propios informes, los de los servicios municipales.

Para ellos, la causa fue una “reacción anómala” a los materiales con la que un informe encargado por el Ayuntamiento descarta la teoría del fuego latente a pesar de reconocer que “no tiene prueba alguna” de ella.

El resto del informe se limita a valoraciones, es decir, opiniones, defendiendo el trabajo de los servicios públicos municipales esa noche e incidiendo en que el retén que todos los demás consideraban básico era “innecesario”.

El juez cuestiona el “rigor científico” de las declaraciones del jefe de Bomberos de Santander, que son “simplemente afirmaciones” que no se apoyan en datos.

Y luego están los informes del propio servicio de extinción. El juez se muestra duro con ambos: asegura que en el juicio quedó demostrado su “desconocimiento” en cuestiones relacionadas con el funcionamiento del fuego o de los gases.

LAS INDEMNIZACIONES

La cifra varía en función de los afectados, ya que algunos ya cobraron indemnizaciones de sus propios seguros y porque se dan distintas circunstancias, desde el valor de los pisos o de los enseres que había dentro o su participación en el conjunto de la propiedad.

Les corresponde pagarlas al Ayuntamiento, y, solidariamente (es decir, si no puede), a la aseguradora. Hay una pequeña parte de las indemnizaciones que le corresponde al fontanero.

A la cifra superior a los 2,6 millones de euros hay que añadir varios casos en los que el Ayuntamiento debe pagarles el coste del alquiler (cifrado en torno a 500 euros al mes) de donde se alojan ahora, hasta que cobren la indemnización.

El juicio ha ido sobre el origen del incendio y las indemnizaciones, no sobre la actuación urbanística posterior, que desembocó en el derribo de las viviendas y la falta de alternativas a sus propietarios.

Contra esta sentencia se puede recurrir, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

REACCIONES

Se han producido reacciones a la sentencia: dese el Ayuntamiento, el portavoz del equipo de Gobierno, Antonio Gómez, avanzaba en un comunicado que no recurrirán el fallo, e interpretaba que el fallo no pone en cuestión la actuación municipal en temas como los hidrantes o el papel de la Policía, obviando que el juez es especialmente crítico con la decisión de no dejar un retén de bomberos de guardia, lo que hubiera evitado la extensión de las llamas.

Este es precisamente el único asunto al que no se refiere el portavoz en su comunicado. Los demás que cita no los considera relevantes el juez, pues se refieren a cosas que sucedieron cuando ya se había producido el fuego, es decir, no afectan a lo que determina la sentencia.

También han reaccionado los partidos de la oposición municipal, el PSOE  y el PRC, que han pedido responsabilidades políticas más allá de las judiciales, y reprochando al Ayuntamiento su falta de sensibilidad y de diálogo con los vecinos, que les llevó a tener que recurrir a los tribunales ante la ausencia de alternativas a su problema.

Y desde Izquierda Unida se felicitaban de que haya sido la Justicia la que haya protegido a los vecinos perjudicados, subrayando que es algo que el Ayuntamiento de Santander no hizo, en una opinión que compartía, en la tertulia de Buenas Tardes Cantabria Íñigo Velasco, el candidato de UPYD a la Alcaldía de Santander.