Finca de La Carmencita, en Torrelavega, sobre la que se levantará el Centro de Emprendedores

Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT) recurrirá el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia contra el empresario Luis del Rio por la supuesta manipulación del convenio de La Carmencita, terrenos sobre los que está en ejecución la obra del Centro de Emprendedores.

La formación que dirige el concejal Iván Martínez dará los detalles del recurso en una rueda de prensa convocada este lunes, a las 11.15, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Torrelavega.

Las diligencias archivadas empezaron en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), al estar acusado también el diputado del PRC, Francisco Javier López Marcano, que era alcalde de Torrelavega cuando se firmó el convenio.

Pero el TSJC dio traslado al juzgado número 5 de Torrelavega para que investigara al promotor inmobiliario, al entender que cualquier delito que hubiera podido cometer el exalcalde de Torrelavega había prescrito.

Los hechos denunciados se remontan al año 2003, al final de la legislatura y pocos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales. Según ACPT, Marcano y Del Río alteraron los términos del convenio que había aprobado el Pleno municipal, de manera beneficiosa para el empresario.

El convenio aprobado en el Pleno facultaba a Del Río a reclamar si no se podía ejecutar una operación de permuta urbanística por cuestiones relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana.

Pero el texto que se firmó finalmente ante notario sufrió una modificación, una frase entre comas que permitía que el promotor fuera indemnizado si había retrasos o por cualquier otro tipo de problema.

La promotora Terrenos de Adarzo había comprado la finca de “La Carmencita” por 937.578,88 euros. Tan sólo dos días después, la inmobiliaria la vendió al Ayuntamiento de Torrelavega a cambio de aprovechamientos urbanísticos por valor de 3.805.678 euros.

Y, según la denuncia que el juez ha archivado de forma provisional y que ACPT va a recurrir, como consecuencia de los cambios introducidos en la redacción del convenio que modificó el documento que había aprobado el Pleno municipal, la inmobiliaria de Luis del Río (Terrenos de Adarzo) reclama al Ayuntamiento de Torrelavega 4,5 millones de euros.

Pero el magistrado ha considerado que «no consta por ningún lado» la comisión del delito que denunció ACPT, ni siquiera la participación del empresario imputado en la redacción del convenio urbanístico, ya que «incluso la firma de la escritura la realiza un apoderado suyo».

EL CONVENIO

El convenio de permuta de terrenos aprobado en aquel Pleno municipal estaba valorado en 3.895.678 euros, y contenía una cláusula de indemnización en caso de modificaciones o revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

Tal y como relata la denuncia, cuando Del Rio propone la operación al Ayuntamiento, en octubre de 2002, los terrenos eran de propiedad de los hermanos Franco, de quienes actúa como representante.

Pero sólo dos días después de la celebración del Pleno, el 2 de abril, Luis del Río aporta las escrituras de compra – del 27 de marzo-, por un importe notoriamente inferior al del convenio (937.578,88 euros).

Según la denuncia, el pleno de 31 de marzo de 2003 aprobó el convenio con Luis del Río desconociendo totalmente que este acababa de comprar las fincas por mucho menos valor del que le estaba otorgando el Ayuntamiento, con lo que el promotor consiguió unos beneficios de tres millones de euros en apenas dos días, a costa del patrimonio municipal.

El expediente fue tramitado por el entonces director de la Gerencia de Urbanismo, Pablo Sámano, que después sería nombrado gerente del Consorcio de Museos que dependía de la Consejería de Cultura que dirigía Marcano.

Sámano no dio traslado al Interventor Municipal para que informara la operación, como era preceptivo al exceder el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal.

ACPT considera “indiscutible” que la Gerencia de Urbanismo tramitó el expediente sin comprobar las escrituras, un fallo o error “aún más sorprendente cuando, es conocido por todos, que el entonces gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Torrelavega, Pablo Sámano, es un reputado abogado urbanista con una abultadísima experiencia en estos lares, y que fue nombrado Gerente de Urbanismo directamente por Francisco Javier López Marcano, el 17 de mayo de 2001″.

Además, Sámano tramitó el expediente como una “simple» escritura pública de permuta, con lo que consiguió eludir el trámite de información al ciudadano y el acuerdo plenario facultó a Marcano para la firma de la elevación a público del convenio.

MARCANO Y DEL RIO MANIPULARON EL ACUERDO PLENARIO

El convenio aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega el 31 de marzo reconocía el derecho a ser indemnizados “como consecuencia de revisión o modificación puntual del Plan General, en lo que no pudieran materializar, en todo o en parte, del aprovechamiento urbanístico reconocido por la permuta de estas parcelas.”

Sin embargo, el acuerdo firmado el 23 de mayo de 2003 – dos días antes de las elecciones- ante la Notaria de Torrelavega, Paula Peralta Ortega – al otro lado de la plaza del Ayuntamiento-, fue decisivamente modificado, para estipular la siguiente causa de indemnización:

“En el supuesto de que, como consecuencia de la revisión o modificación puntual del PGOU, del Plan Parcial, o por cualquier otra causa, Terrenos Adarzo S.L. no pudiera materializar todo o parte del aprovechamiento urbanístico […]».