Las dos caras de los acuerdos de libre comercio se citaban esta mañana en la Plaza Porticada.

Protesta contra el Tratado de Libre Comercio en la Cámara de Comercio

Allí, en la sede de la Cámara de Comercio, se desarrollaba un encuentro sobre el Acuerdo Comercial UE-Canadá, con la presencia del embajador de Canadá en España, Jon Allen; y de Erik Rovina Mardones, Subdirector General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte.

En él se mostraba una visión optimista, tanto por el embajador como desde Cantabria, cuyo presidente, Ignacio Diego, se aferraba a las posibilidades comerciales y de creación de empleo que supondría para la comunidad autónoma.

Y por otro, miembros de la plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, que advierten de que estas negociaciones, vinculadas al TTIP, el Tratado de Libre Comercio, entre Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea.

Les preocupa, como hicieron constar a la puerta de la Cámara de Comercio, sus efectos sobre los derechos laborales y la soberanía de los Estados, ante el excesivo poder que se da a las empresas multinacionales frente a los gobiernos nacionales.

“Creemos que es una carta blanca que quieren firmar los gobiernos a las multinaciones americanas, quitando derechos, con la ayuda de grandes bufetes de abogads que trabajarán contra nosotros. Se quiere vaciar de contenido a todos los derechos que habíamos conseguido en España y Europa”.

Es un proyecto del que cuesta mucho conseguir información: en la era de la transparencia, eurodiputados como Marina Albiol de Izquierda Unida han relatado como sólo pueden consultarlo en una sala cerrada de la que no pueden llevarse ninguna copia.

Aún así, van trascendiendo algunas medidas, como el derecho a veto de empresas a legislaciones nacionales o, como alertan grupos ecologistas como Ecologistas en Acción, que explican que se abre la puerta a las exportaciones americanas de este tipo de gas sin necesidad de estudios previos de impacto ambiental.