El promotor Luis del Río Diestro reclama al Ayuntamiento de Torrelavega 4,5 millones de euros por los terrenos de la zona de La Carmencita, en cuyo entorno se ha proyectado un Centro de Emprendedores cuestionado por su excesivo gasto, gafado por la aparición de amianto y con el riesgo de que el incumplimiento en los plazos haga perder la subvención europea en la que PP, PSOE y PRC se apoyaban para defender el proyecto.

La reclamación del promotor, propietario de Terrenos Adarzo, se fundamenta en un cambio en la redacción del convenio urbanístico en el que se basó la cesión de los terrenos, y que abría la puerta a que las indemnizaciones por los retrasos se abrieran a cualquier motivo, y no a retrasos sólo imputables al Plan General.

LO QUE DIJO A UN JUEZ

El caso es que el cambio en esa cláusula, una modificación que no pasó por el Pleno, fue idea del propio beneficiario, según admite él mismo en documentación judicial consultada por EL FARADIO.

Así se lo dijo al juez en el proceso contencioso, es decir, precisamente el de la reclamación económica ante el Ayuntamiento, en un escrito en el que indica que tuvo la “prevención” de incluir la expresión “por cualquier otra causa” en el texto del convenio ya redactado.

LO QUE DIJO A OTRO

Sin embargo, esa revelación ante el juez de lo Contencioso se contradice con su testimonio ante otro juez, en este caso el del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Torrelavega.

Allí se investiga (se investigaba) la causa, impulsada por el partido ACPT (Asamblea Ciudadana por Torrelavega) sobre la presunta falsificación del citado convenio.

Y cuando Del Río Diestro, imputado en el proceso, declaró allí, aseguró que ni había manipulado el convenio ni había negociado con el entonces alcalde, el regionalista Javier López Marcano.

El matiz entre una declaración y otra es que en la primera es una reclamación que parte de él, y la segunda es imputado y, como tal, tiene derecho a mentir para no declarar en su contra.

Además, en esa declaración sólo respondió a las preguntas de su abogado y no a las de la parte perjudicada, el Ayuntamiento de Torrelavega, algo que también es su derecho y que puede hacer dentro de su estrategia.

ARCHIVO Y CONSECUENCIAS

La causa acaba de ser archivada por el juzgado (en una decisión contra la que ACPT presentará recurso), no porque no haya visto delito, sino porque se considera que en la parte relacionada con el empresario ya ha prescrito, es decir, ha transcurrido el plazo (diez años) para que deje de ser visto como delito.

Ya se había archivado previamente otra parte, la que afectaba a Javier López Marcano, el que fuera alcalde de Torrelavega por el PRC cuando se firmó el convenio.

Obras de construcción del Centro de Emprendedores de La Carmencita, en Torrelavega,

El archivo se decidió al poco de declarar Del Río Diestro, y para entonces el Ayuntamiento de Torrelavega había solicitado una serie de peticiones de declaraciones de testigos que pudieran poner luz sobre el proceso de redacción del convenio urbanístico.

Entre ellos se encontraban los sucesivos secretarios municipales (cuya función es velar por la legalidad de los acuerdos municipales) o los interventores (que fiscalizan las cuentas económicas).

Esas declaraciones fueron aceptadas, pero al inclinarse el juzgado por el archivo (que no había solicitado ninguna parte), no se harán, de modo que la única prueba practicada al respecto ha sido el testimonio del propio acusado.

La Fiscalía puso el pasado mes de diciembre un matiz a la prescripción en la parte que afectaba a Del Río Diestro: para considerar prescrito se entiende que ha pasado un plazo sin ningún avance de ningún tipo, y aquí se produjeron pasos en 2008 y 2013, que no permitirían encajarlo en el plazo de los 10 años desde 2003 necesario para la prescripción.