Los propietarios de las viviendas turísticas, agrupados en la recién constituida Asociación de Casas en Entorno Rural de Cantabria, han convocado una manifestación este miércoles para exigir la regulación legal de su sector.

Será a las 13 horas en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), ya que ahí se encuentra la sede de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria.

Lo que plantean es una regulación que permita a todas las viviendas de Cantabria dedicadas al alquiler vacacional (esto es, instalaciones que no sean hoteles o casas rurales) seguir ejerciendo la actividad, de forma legal, controlada y supervisadas por las autoridades del sector.

«De idéntica manera a como se está haciendo en todas las comunidades españolas, exigimos que se regule el marco legal adecuado, de forma urgente y que se deje de perseguir a todas aquellas personas que tienen unas propiedades dedicadas al alquiler, sancionando con cantidades desorbitadas y causando unos importantes perjuicios de imposible reparación, no solo a esas personas, sino a todo el entramado empresarial de Cantabria, dedicado al sector servicios y especialmente al turismo y la hostelería», aseguran.

Según detallan, este tipo de viviendas, casas de pueblo, cabañas, etc. «atraen por sus características singulares, a un importante número de turistas, de carácter familiar, que buscan una serie de condiciones que no se dan en otros tipos de alojamientos».

Y reivindican sus aportaciones a las economías locales de entornos rurales, así como su contribución a atraer turistas que puedan conocer el paisaje y patrimonio de Cantabria.

Tal y como explican, la Ley de Arrendamientos Urbanos prohíbe los alquileres de viviendas durante menos de seis meses, aunque las comunidades autónomas podrían regularizar parte de esta situación, por lo que piden un «inmediato» decreto que regule el alquiler y anule las propuestas de sanciones que, ante las acusaciones de competencia desleal por parte de otros establecimientos (turismo rural) se les hacen.

Recuerdan que decretos sobre este sector se han puesto en marcha en otras comunidades, como Canarias, Baleares o Madrid, y adelantan que esta será la primera de las acciones reivindicativas en esta materia, incluyendo contactos con los partidos políticos para que lo incorporen a sus programas electorales.