El PSOE propone penalizar las bajas temerarias en Santander
El PSOE de Santander propone penalizar en las adjudicaciones públicas que haga el Ayuntamiento a las empresas que hayan incurrido en bajas temerarias.
Es el caso de Copsesa, la empresa de José Domingo San Emeterio, alcalde de Ramales de la Victoria, (miembro, al igual que el alcalde Íñigo de la Serna, del Partido Popular), que además está siendo investigada por la justicia y por las instituciones europeas por un proyecto, Green Road, que, por cierto, no aparece mencionada en el programa electoral del PP.
Esta empresa es adjudicataria habitual del Ayuntamiento (casi 11 millones de euros desde que De la Serna es alcalde) y que incurre de forma reiterada en sobrecostes respecto a los precios fijados inicialmente, como se evidenció en el vial de Amparo Pérez, la vecina fallecida tras su lucha contra la expropiación o, más recientemente, en los microespacios de Tetuán.
Empresarios y partidos han denunciado reiteradamente el problema de los sobrecostes, que suele venir acompañado de las bajas temerarias: la empresa en cuestión tira el precio respecto a la oferta que hace la institución, consigue llevarse el proyecto y, durante la obra, alega modificados que se traducen en sobrecostes con los que se logra equilibrar el precio final.
Esta medida viene incluida en el programa electoral del Partido Socialista a las elecciones municipales de Santander, con Pedro Casares como candidato a la Alcaldía, que incluye también penalizaciones en la contratación pública a empresas que tengan condenas firmes por determinados delitos.
El programa, consultado por EL FARADIO, también aborda otro de los problemas que se ha evidenciado en Santander en el tramo final de la legislatura, el de la participación ciudadana:
Se propone, por ejemplo, que los Consejos de Distrito sean más y que no los presida, como pasa ahora, un concejal, con la celebración de asambleas abiertas a los vecinos y ante los que se deberían presentar proyectos como el PGOU, o impulsar que los vecinos puedan hacer preguntas en el Pleno (ahora ya se puede, pero lo quieren potenciar).
Finalmente, sí se incorpora una mención expresa a la senda costera (en un acto público organizado por la Asamblea en Defensa de la Senda Costera el representante del PSOE no concretó si aparecería), proyecto que se quiere “reconsiderar”, aunque no la hay a las expropiaciones en el Prado San Roque ni al problema de las expropiaciones en general ni a otro asunto polémico, el de las irregularidades en la selección de desempleados para contrataciones municipales.
Es un programa con mucho contenido en política social y de apoyo a familias o colectivos en riesgo de exclusión social, y que incluye guiños muy socialistas.
Como la exigencia de que la Iglesia pague el IBI o la prohibición de que se ceda suelo público y apoyen centros que diferencia entre sus alumnos en función del sexo (como hace en Cantabria el Torrevelo-Peñalabra, ligado al Opus Dei), además de menciones expresas al colectivo LGBT (lesbanas, gays, bisexuales y transexuales, que el programa del PP ni siquiera menciona) o a las mujeres.
También se hacen propuestas que evocan áreas de gestión socialista en épocas de Gobierno en Cantabria, como el impulso al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, junto a otras en materia de innovación como promover la instalación de empresas tecnológicas en la zona de Varadero (Barrio Pesquero) e incrementar las ayudas a los emprendedores.
Consulta aquí el programa electoral del PSOE de Santander. Y aquí el resto de programas electorales.
ECONOMÍA Y CULTURA
En materia económica, proponen la creación de centros de coworking (en estos momentos hay dos, el del Mercado de Méjico y otro en Pronillo) piden mejorar las conexiones de transporte a los polígonos industriales así como acabar con la “desregulación” en el comercio e implantar precios de aparcamiento reducido en el centro para apoyar a este sector; y en el apartado fiscal, aplicar la progresividad a los tributos municipales, aunque el programa no cita la reducción real del IBI ni la actualización del callejero fiscal, una reivindicación clásica socialista que pone en evidencia el diferente trato en materia de impuestos locales a determinadas calles.
En la política cultural, destacan las menciones a la necesidad de recuperar patrimonio de la ciudad poco atendido o abandonado, como el cementerio protestante de Cazoña, el convento de la Santa Cruz en la calle Alta o la Cámara de la Propiedad Urbana, un edificio con toque mozárabe cerca de Cañadío en un alarmante estado de abandono desde hace años.
También se propugna una revisión “en profundidad” del Instituto Municipal de Deportes.
Es un programa que no cuantifica el coste económico de las propuestas (salvo la ampliación de las ayudas a emprendedores y la dotación de un Plan de Choque en materia de exclusión social) y que incluye bastantes propuestas muy genéricas que podrían valer para cualquier ciudad (de hecho, aparecen en bastantes ocasiones referencias genéricas a “los ayuntamientos”).
POLÍTICA SOCIAL
En política social, que concentra una parte bastante significativa del programa, reivindican como competencia municipal los Servicios Sociales (que en teoría pasan a ser competencia del Gobierno, pese a que el PP también realiza promesas en esa área en su programa).
Y así, prometen una ordenanza regulatoria, un Observatorio de los Servicios Sociales en la ciudad, y un Plan Municipal de Servicios Sociales (con participación del sector), creándose Centros Municipales.
Y, junto a ello, un mensaje contra la exclusión social –con el que de alguna manera quieren dar visibilidad al problema de la pobreza y la desigualdad, que materializan en propuestas como Planes de Inclusión Social, y ayudas a comedores escolares, que serán gratuitos para colectivos en riesgo, entre otras, ordenadas a través de un Plan de Emergencia Social.
Se arbitran fórmulas como una tarjeta solidaria de alimentos por valor de 150 euros para intercambiar por comida y un Plan de Choque para la Prevención del Riesgo de Exclusión Social, del que cuantifican su montante: dos millones de euros.
Se quieren ampliar las capacidades del Centro de Acogida Princesa Letizia, que se pretende que se ocupe en su totalidad (algo que ahora no sucede), que dé tres comidas al día y que sea gestionado directamente por los servicios municipales en lugar de por las asociaciones a las que se ha adjudicado su gestión.
Junto a políticas familiares (apertura de colegios por las tardes, extensión de las aulas de 3 años y pactos por los horarios, todo para favorecer la conciliación, Programa de Apoyo Integral a las Familias y un Plan Municipal de Infancia), medidas para mayores y personas dependientes (Consejo Sectorial de Mayores, centros de día, un centro específico para discapacitados… canalizadas a través de un Plan Integral Municipal de Discapacidad.
Las políticas familiares y de inclusión se extienden a la política de vivienda, y guiños al colectivo antidesahucios, con la petición de una “verdadera” Oficina de Mediación Hipotecaria y un listado bancario en positivo, es decir, la publicación en la Web municipal de las entidades con las que se trabaje que hayan sido socialmente responsables y paralizado desahucios, junto a una bolsa de vivienda de alquiler.
TRANSPARENCIA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Hay muchas medidas en materia de transparencia, para reforzar el Portal municipal en esa materia y facilitar la fiscalización ciudadana de la gestión municipal (de las adjudicaciones, de las preguntas que hacen los grupos, de los bienes de los representantes municipales, sean cargos electos o designados….)
El programa incluye una crítica muy específica a la forma de gestión, con la reducción de los concejales liberados (los que cobran sueldo) de 12 a 8, la reducción de sueldos municipales y de asesores, la eliminación de las dietas sin justificar (posibilidad de la que ahora podrían beneficiarse todos los concejales de todos los grupos) y la publicación de las dietas en el portal municipal.
También se plantea una auditoría de las cuentas públicas, que se suma a otra a los servicios públicos que han sido privatizados (cita el agua), ante la opacidad en su fiscalidad, junto a una profusión de Observatorios, Consejos específicos ( de la Juventud, de la Mujer, Económico y Social) y Planes sectoriales, así como órganos como el Defensor de la Ciudadanía.
TRANSPORTE, JÓVENES, IGUALDAD
De ahí se pasa a las políticas juveniles y asociaciones, con el fomento del Consejo de Jóvenes y el papel de las asociaciones, y planes específicos para jóvenes vulnerables (como más pisos tutelados o la figura de Mediador de Calle) o para tratar de que regresen aquellos que han abandonado la ciudad por falta de oportunidades (aunque sin concretar medidas en este ámbito).
Las medidas se completan con un Plan de Transporte Sostenible (que permita meter la bicicleta en el autobús o unificación de tarifas y coordinación con otros servicios como el de Renfe o un sistema en el que las multas de transporte se paguen usando transporte público), la mero.
También hay un Plan de Mediación Familiar, un Plan de Igualdad de Género que busca equilibrar los sexos y que por ejemplo propone compensar en contrataciones municipales a empresas que empleen criterios de igualdad, hay medidas para ayudar a víctimas de violencia de género –a las que se quiere dar trato personalizado en la búsqueda de empleo- y Planes para la Igualdad de Trato.
Y se emite un mensaje específico para el colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), con medidas de educación contra la homofobia, participación de sus asociaciones en las decisiones municipales y, en general, más visibilidad a un colectivo que ni siquiera es mencionado en el programa electoral del Partido Popular.
El programa del PP y el del PSOE coinciden en el uso de las rampas mecánicas, la extensión de las peatonalizaciones, el intento de uso ciclista para el antiguo túnel de Tetuán, los carriles bici y la implantación de la bici eléctricas, un estudio sobre la salud de los mayores.