El abogado Roberto Morales, coordinador de Ciudadanos en la zona oriental y número 6 en la lista al Parlamento de Cantabria, fue la persona señalada desde el Ayuntamiento de Castro Urdiales como intermediario en una adjudicación realizada a un militante del Partido Popular por parte del concejal de Hacienda y máximo responsable del partido en el municipio en esos años, José Miguel Rodríguez Kaika.

Roberto Morales

La participación de Morales en el proceso figura en el expediente judicial del caso, consultado por EL FARADIO, si bien conviene precisar que en el plano jurídico se le considera testigo de los hechos y no imputado.

Lo que se dilucida en esta causa es la contratación por parte del Ayuntamiento (y cita en concreto al exalcalde, Fernando Muguruza –ex PRC-; el exteniente de alcalde José Miguel Rodríguez KyK (ex PP) y los exediles Salvador Hierro (ex IU) y Jaime Díez Muro; en la contratación de una lonja (almacén) para uso de bomberos cuyo propietario era militante del Partido Popular, como lo eran por esas fechas Rodríguez y como Morales.

En el proceso se aprecia la posibilidad de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la adjudicación directa, sin informes previos, y pese a los reparos (objeciones de legalidad) que fue poniendo el interventor municipal.

PRIMERO EL ADJUDICATARIO, DESPUÉS EL PROCESO

Tanto el juez como el fiscal se refieren a una reunión en el Salón de Plenos en la que habrían participado Muguruza, Rodríguez López y el empresario local Juan José de los Arcos, militante del PP, amigo de KyK y propietario de un almacén en la calle Leonardo Rucabado.

Pues bien, el 25 de agosto de 2005, la Junta de Gobierno aprobaba el expediente para contratar la lonja para el uso de los bomberos, apelando a la necesidad del servicio y sin elaborar en ese momento el pliego de condiciones.

Y ese mismo día, el 25 de agosto de 2005, el jefe de contratación del Ayuntamiento, Carmelo Cano, recibe un documento con membrete del Ayuntamiento y escrito a mano por Rodríguez López (extremo ratificado posteriormente por expertos en caligrafía).

En ese escrito se dice, textualmente, que “hemos acordado alquilar la nave a Juanjo de los Arcos”, y se señala expresamente a Roberto Morales, que antes de estar en Ciudadanos había sido miembro del Comité Electoral del PP en Castro, como la persona que “traerá el contrato”.

Es decir, el portavoz del PP propuso al Ayuntamiento de cuyo equipo de Gobierno formaba parte el alquiler de la lonja propiedad de un militante del partido y señaló como mediador en la operación a otro destacado afiliado ‘popular’ en el municipio, todo antes de que empezara formalmente el proceso

Poco después, el mismo funcionario, responsable de contratación, Carmelo Cano, recibe indicaciones con detalles de cómo debía ser el local y que coincidían con las características de la lonja de Juan José de los Arcos.

Meses después, en noviembre, se aprueba la adjudicación, a propuesta del concejal de Hacienda, es decir, Rodríguez López, portavoz del PP, de la lonja al citado empresario, militante de ese partido.

Finalmente, se adjudica en diciembre a un precio de 4.450 euros al mes (10 euros por metro cuadrado), durante dos años, aunque finalmente se decide un período inferior al que marcaba el contrato.

Pero las irregularidades detectadas por el juez no terminan en ese momento: cuando se acaba el contrato, se adjudica de forma directa el uso de otra nave para el mismo fin a la empresa Zaitegui, que venía haciendo lo mismo con otro local, y al que en este nuevo contrato se le incrementa el pago del alquiler en un 25%, a petición suya.

Esta causa fue juzgada el pasado mes de marzo y la presencia de Morales, ahora en Ciudadanos, es como testigo y no como imputado ni acusado formalmente. Ni Muguruza ni Rodríguez López pertenecen ya al PRC y al PP.