El Estado tiene dudas sobre la constitucionalidad de la Ley Cántabra de Coordinación de Policías Locales.

¿Qué cómo lo sabemos? No desde luego porque el Gobierno de Cantabria, promotor de la Ley, o el Ejecutivo central, el que tiene las dudas, lo hayan comunicado públicamente.

Y tampoco es que hayan reducido su actividad comunicativa, como prueba la intensa actividad pública desplegada por ambas instituciones, ocupadas por el mismo partido, durante la campaña electoral.

Lo sabemos porque el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de Cantabria son más difíciles de controlar.

Es en estos registros, y no en las Webs institucionales ni mucho menos en sus respectivos Portales de Transparencia, donde se publica la creación de una Comisión Bilateral entre el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de Estado.

Ese organismo es el que se crea para resolver las discrepancias entre instituciones; es el que se creó, por ejemplo, cuando Cantabria aprobó una ley antifracking que el Estado recurrió al considerar que invadía sus competencias.

En ese momento todos esos pasos si fueron comunicados a la opinión pública, a la que se quería ‘vender’ los esfuerzos del Ejecutivo autonómico frente a la fractura hidráulica, ante la alarma social suscitada por esta técnica de extracción de gas natural.

CANTABRIA Y EL ESTADO DEBERÁN NEGOCIAR

Con la Policía Local no se ha corrido la misma suerte, y los afectados por lo que suceda con esta ley se enterarán de lo que está pasando bien por la lectura de los boletines o de esta información.

En concreto, el pasado 19 de mayo se acordó publicar la existencia de esta Comisión, que servirá para “iniciar negociaciones” sobre la citada ley.

A partir de ahí se creará un Grupo de Trabajo que buscará una solución, de la que tendrá que informar al Tribunal Constitucional, organismo que vela porque las leyes aprobadas en el país se adecuen al máximo texto doctrinario, la Constitución Española.

Si no hay solución, entonces el Estado presenta un recurso de inconstitucionalidad, y entonces, de forma automática, se suspende la Ley (y por tanto, las medidas concretas incluidas en ella) hasta que se resuelva el recurso.

Este trámite puede alargarse: un ejemplo, recientemente el Constitucional ha confirmado que el Plan de Ordenación del Litoral aprobado por PSOE y PRC se ajustaba a la Constitución, en contra de lo que preconizaba el Partido Popular, entonces en la oposición.

LAS DUDAS DEL ESTADO

Y más en concreto, las dudas sobre la constitucionalidad de la modificación de la Ley de Coordinación de las Policías Locales se centran en su apartado 25 del artículo 1 (el único del que consta la ley, por cierto).

Este apartado regula los procedimientos penales o sanciones contra los agentes, como su suspensión de funciones.

La Ley de Coordinación de las Policías Locales de Cantabria fue aprobada en diciembre de 2014. En realidad, lo que se aprobó fue modificar esa ley, aprobada en el año 2000, incluyendo varias peticiones de los propios policías locales. El texto parte de la Consejería de Presidencia y Justicia y fue aprobado con los votos del PP, apoyados parcialmente por PSOE y PRC.

OTRAS DUDAS

No es el primer texto aprobado por Cantabria que suscita dudas del Estado sobre su sujeción a la Constitución: sucedió con la ley antifracking y también con la Ley de Cooperativas (en la que tampoco se informó sobre las dudas).

O con la Ley de Aprovechamiento Eólico, en la que las empresas criticaban la introducción de una tasa que veían recaudatorio, algo que, finalmente, el Gobierno de Cantabria acabó admitiendo.

Y al margen de las dudas expresadas por el propio Gobierno central, está por ver las que tienen los jueces sobre las distintas modificaciones de la Ley del Suelo que se han realizado esta legislatura para tratar de resolver el problema de las sentencias de derribo de urbanizaciones en la costa, construidas en base a licencias concedidas tanto por los ayuntamientos como los gobiernos que luego resultaron concedidas de forma incorrecta.