El anterior Gobierno de Cantabria de socialistas y regionalistas continuó con su política de ayuda al Racing de Santander pese a que llegó a dudar de si eran ilegales.

Así se desprende de documentación judicial consultada por EL FARADIO, en la que se pone de manifiesto que existieron dudas sobre la legalidad del apoyo al club verdiblanco y, pese a ello, se continuó con esas medidas de apoyo.

La venta del club irá a los tribunales

Las ayudas al club, o mejor dicho, a sus sucesivos propietarios, incluyeron desde la compra del Racing con su deuda a Santiago Díaz hasta la concesión de un préstamo al grupo societario de Javier Montalvo para que le adquiriera la mayoría de las acciones.

Préstamo del que se fueron aprobando sucesivas modificaciones, e incluso se produjo una condonación de parte de la deuda.

Esa condonación hizo que miembros del Gobierno se plantearan si se estaba vulnerando la legislación comunitaria, según se desprende de documentación judicial del proceso de investigación a la gestión del club.

La Unión Europea es especialmente beligerante con las ayudas públicas de forma directa a las empresas privadas, al considerar que pueden vulnerar el derecho a la libre competencia de las empresas que no se beneficien de estas ayudas.

De hecho, CEP Cantabria (la Coordinadora de Empresas Públicas, organismo que dependía del Ejecutivo y, en especial, del área de Ángel Agudo, para controlar el entramado de empresas públicas creado esos años) pidió un informe específico sobre esta posibilidad, para determinar si el apoyo al Racing era compatible o no compatible con el derecho comunitario.

El apoyo del Ejecutivo al Racing fue tal que llegó a provocar un exceso en el límite de déficit autorizado para Cantabria en 2013 por la Unión Europea, que interpretó que las ayudas al club sí que debían contabilizarse como déficit.

LA INVESTIGACIÓN AL RACING

La causa del Racing llevará al banquillo a los exconsejeros de Economía Ángel Agudo (presidente del Partido Socialista), de Deportes (el regionalista Javier López Marcano, número 5 de la candidatura al Parlamento), así como a Luis Egusquiza, director del ICAF; así como los empresarios Javier Montalvo y el abogado Emiliano Garayar.

La investigación se ha dado por finalizada: quedan por presentarse y responder recursos, y formularse los escritos de acusación, paso previo a que se fijara la fecha del juicio oral que se celebrará con toda seguridad.

La investigación comenzó con una querella del actual Gobierno de Cantabria basada en las conclusiones de la Comisión de Investigación parlamentaria sobre Cantur, la empresa pública que asumió las acciones del Racing.

Este martes había una comparecencia para la concreción de las imputaciones, que finalmente será el jueves.