Perplejos, así se sienten los familiares de la fallecida Amparo Pérez cuando han comprobado que el Ayuntamiento de Santander le ha cargado en su libreta el IBI de una vivienda que fue derribada hace cuatro meses y que antes de su derribo pasó a pertenecer al propio Consistorio.

El propio Consistorio lo ha admitido poco después en comunicado remitido a distintos medios de comunicación, y achaca lo sucedido a un error que se ha producido en el resto de los afectados por las expropiaciones en la zona.

El vial de Amparo en la S-20

En cualquier caso, para la familia ha supuesto la última muestra de insensibilidad de un equipo de Gobierno que durante el conflicto trató a la anciana como si fuera un representante de un partido político de la oposición, que le acusó de pretender enriquecerse y que no la recibió en el Ayuntamiento hasta prácticamente el final de proceso.

Y que se suma a otras, como el derribo de la vivienda mientras ella estaba ingresada en el hospital, o la aprobación días después, y sin informar de forma precisa, del sobrecoste en la obra, a cargo de COPSESA, empresa propiedad del alcalde en funciones de Ramales de la Victoria, compañero de partido del alcalde de Santander.

“Es una locura: la casa, legalmente, es del Ayuntamiento desde el 27 de junio de 2014, la derribaron seis días antes de que ella muriera y ahora, le cobran el IBI de la propiedad que le negaron”, indicaba Marco Santamaría, su nieto.

En concreto, el IBI asciende a 48 euros, y es por un terreno en zona rústica (pese a estar en la zona de expansión de la ciudad), calificación que tuvo la vivienda que en planes anteriores era urbanizable, en un movimiento que supuso además que la cantidad que se le ofreciera como indemnización por la expropiación de su casa fuera menor que si la zona fuera urbanizable.

En un comunicado, la familia recuerda que ya en agosto de 2014 le cobraron el IBI prorrateado hasta la fecha en que la casa y el terreno pasaron a ser propiedad del ayuntamiento tras la expropiación forzosa.

“La falta de sensibilidad del alcalde en funciones, Íñigo de la Serna, parece no tener límite… ahora dirán que es la legalidad vigente o que se trata de un proceso informático, pero la verdad es que quieren hacer daño incluso a la memoria de mi abuela”, insiste Marco Santamaría antes de recordar que están teniendo problemas también con la compañía eléctrica que, a pesar de tener todos los documentos legales que acreditan que ni la casa ni Amparo existen sigue pasando la facturade consumo.

El pasado 17 de mayo, unas 150 personas recordaron a Amparo en el día que habría cumplido 87 años y 48 horas antes de la entrada en funcionamiento del vial, que conecta la Avenida de Los Castros con Camilo Alonso Vega, a pocos metros de otra conexión transversal y en una zona con un tráfico en dscenso, según datos manejados por el propio Ayuntamiento de Santander.