Javier López Marcano no tomará posesión de su acta de diputado

El diputado electo del PRC, Francisco Javier López Marcano, ha renunciado esta mañana a recoger su acta en el Parlamento de Cantabria, con lo que despeja el camino para la investidura de Miguel Ángel Revila, que depende de la abstención de Podemos, ya que PRC y PSOE suman 17 diputados y necesitan asegurarse la mayoría.

En las negociaciones para la investidura de Revilla, Podemos había exigido que no hubiera imputados en el Gobierno, el Parlamento o las empresas públicas.

El también vicesecretario general de Política Institucional del PRC ha renunciado esta mañana a su acta de diputado, en un escrito presentado ante la Junta Electoral Provincial, a escasas siete horas de la toma de posesión de los nuevos diputados en el Parlamento, ha informado la formación regionalista a través de su página web.

El propio Marcano explicará públicamente mañana esta decisión, que ha adoptado por razones personales, en una rueda de prensa, en la que comparecerá junto al secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla.

La vacante en el Grupo Parlamentario Regionalista la cubrirá el número 13 de la candidatura José Miguel Fernández Viadero, concejal del PRC en Meruelo, quien ya fue diputado en la pasada legislatura. Fernández Viadero es director del Centro de Enseñanza El Salvador en Torrelavega.

El exconsejero de Turismo, Cultura y Deporte había concurrido en el número cinco de la lista regionalista a las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo, cuando estaba imputado en el caso Racing que instruye la magistrada, Paz Hidalgo, que en un auto del 11 de mayo incoaba juicio por el procedimiento del Jurado para todos los acusados.

CASO RACING

Además, según se ha publicado, su defensa en la instrucción del caso Racing le habría aconsejado no tomar posesión, de manera que la causa saldría del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para pasar a la instrucción ordinaria, ya que es el único acusado que estaba aforado.

La magistrada, Paz Hidalgo, instructora de la investigación, ya había indicado el juicio por el procedimiento del Jurado, la Fiscalía se había sumado a las acusaciones al apreciar un presunto delito de malversación de fondos en la venta del Racing a Ali Syed en 2011, y la apertura de juicio oral estaba a expensas de la resolución de varios recursos.

Además de Marcano, están acusados Ángel Agudo (presidente del PSOE y exconsejero de Economía), Luis Egusquiza (exresponsable del Instituto Cántabro de Finanzas), Jacobo Montalvo (empresario) y Emiliano Garayar (abogado).

Las acusaciones particulares de las empresas públicas Cantur y CEP Cantabria y la acusación popular de Manos Limpias, añaden un presunto delito de fraude en las operaciones entre el Gobierno y el Racing de Santander.

LA NEGOCIACIÓN CON PODEMOS

En las últimas elecciones al Parlamento, PRC (12 diputados) y PSOE (5) se quedaron a uno de poder facilitar con sus votos la investidura de Miguel Ángel Revilla, como presidente de una nueva edición del pacto PRC-PSOE.

De esta manera, se hacían imprescindibles los votos de Podemos (3) o Ciudadanos (2), aunque la desde el principio el PRC ha encontrado una buena disposición en la formación de Pablo Iglesias, que en cualquier caso puso sobre la mesa unas condiciones ligadas a la regeneración política.

En Cantabria, para la investidura, basta con mayoría simple en segunda vuelta, así que la abstención de Podemos hace presidente a Revilla.

Entre ellas, que no hubiera imputados en las instituciones: en el Gobierno, en el Parlamento o en las empresas públicas. Desde ese momento, la atención se puso en el único imputado entre los 35 diputados electos el 24 de mayo, Marcano.

Además, Podemos se negó a que el nuevo Gobierno retire la acusación particular del caso Racing si los informes jurídicos de la Consejería de Presidencia (que será del PRC) avalaban tal decisión.

En una nueva vuelta de tuerca, El Diario Montañés publica este jueves que los regionalistas van a plantear a Podemos seguir en la acusación pero cambiar de abogados.

Es decir, retirar a los letrados externos contratados por Cantur en la etapa de Gobierno del PP y que asuman la acusación los servicios jurídicos del Gobierno, cuyo director será un cargo de confianza del PRC, de libre designación.

Y con un perfil bajo en ese procedimiento, al igual que la acusación de CEP Cantabria, que aceptó a regañadientes la invitación de la magistrada instructora del caso, al entender Hidalgo que la empresa pública estaba perjudicada por un quebranto público a las arcas regionales de 43,8 millones de euros.