La consejera de Presidencia y Justicia en funciones del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, defendió en 2012 una bajada de sueldos en personal público, y, en concreto, de los bomberos.

Leticia Díaz, junto a Miguel Ángel Serna (titular de Educación) y el director general de Justicia, Santiago Ruiz, ha pedido al Gobierno de Cantabria que la compense económicamente por la diferencia entre lo que ha cobrado como consejera y lo que percibía en su responsabilidad anterior, tal y como detalla este martes El Diario Montañés.

Y lo hacen acogiéndose a una particularidad que se reserva para los funcionarios cuando pasan a la política, que fue incluida en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos del año 2000 (un texto legal cuyo origen es realizar precisiones a los presupuestos autonómicos y que todos los gobiernos han acabado utilizando para modificar leyes e impuestos).

En base a esta medida, los tres reclaman una cantidad que suma 114.000 euros.

Sindicatos como UGT y Comisiones Obreras ya le han afeado a Díaz estas intenciones, y las han puesto en contraste con la pérdida de poder adquisitivo en un 21% durante su mandato de los empleados públicos, a los que se les han suprimido o congelados pagas extras y fondos sociales, entre otros conceptos.

SACRIFICIOS Y ESFUERZO

Desde el Ejecutivo se han realizado durante la legislatura varios reconocimientos a los “sacrificios” y “esfuerzos” que con motivo de la crisis han hecho el conjunto de los cántabros, y, en especial, los funcionarios, añadiendo que los propios miembros del Gobierno también los habían hecho a través de medidas como la reducción de su tamaño o su bajada de sueldos.

Entre las distintas medidas adoptadas se encontró la reducción de diputados en el Parlamento de 39 a 35, que no ha entrado en vigor hasta ahora. El sueldo de un diputado raso, según la Web del Parlamento, ronda los 44.000 euros al año. La cantidad que reclaman estos altos cargos se puede comparar, por ejemplo, al ahorro anual de la supresión de dos parlamentarios.

EL CONFLICTO CON LOS BOMBEROS

Como consejera de Presidencia, Díaz es la responsable de los funcionarios del Gobierno de Cantabria, así que tiene competencias en materia laboral.

Fue uno de los principales apoyos para los planes de ajuste en la Administración, plasmados en el denominado Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, al que siguió una oleada de EREs en el sector público, en las empresas públicas de Cantabria.

Entre ellas, estaba el SEMCA, la empresa pública de emergencias, de la que depende personal como los bomberos, con los que protagonizó un intenso conflicto.

Fue en ese contexto cuando ella defendió que con una bajada de sueldos del 18% se evitarían los despidos de personal (28 trabajadores), entre los que se encontraban los bomberos.

Finalmente, los despidos de bomberos no se ejecutaron gracias a que estos aceptaron bajarse el sueldo en un 11%

La consejería también ha sido una defensora de la apuesta por la transparencia de las Administraciones, responsabilidad que depende directamente de su departamento.

Y así lo reivindicaba en los distintos foros a los que acudía, en los que llegó a abogar por una transparencia “real y efectiva” de la Administración, objetivo al que declaró que respondía el Portal de la Transparencia.
El citado Portal recoge los salarios de miembros del Gobierno y, en el caso de que tuvieran actividades privadas, las detalla, pero en cambio no hace referencia a esta excepción salarial que se marca para los políticos que hayan sido previamente funcionarios.

LOS SUELDOS Y LA DIGNIDAD

En 2004, en sus primeros presupuestos, el Gobierno de PSOE y PRC incluyó una subida de sueldos de un 19% para los miembros del Ejecutivo, que justificaron en la necesidad de “dignificar” los cargos públicos.

Entonces, el PP hizo bandera del tema, llegando a sostener en el Parlamento que en política la “dignidad” se correspondía con el “trabajo y la honestidad”, y no con los sueldos que se percibieran,

En la última etapa del Gobierno de PSOE y PRC se aprobaron recortes de sueldos que afectaron también a funcionarios, en un 5%, que se sumaron a congelación de medidas sociales, y el PP las criticó por considerar que se hacía pagar a este colectivo los efectos de la crisis económica.

A la bajada de sueldos de PSOE y PRC se sumó otra del PP, nada más llegar al Gobierno, en 2011, que es la que ha hecho aflorar las diferencias de sueldos entre políticos y funcionarios, un colectivo del que ‘tiran’ las administraciones para formar sus Ejecutivos.