La reorganización del sector administrativo que impulsó la consejera de Presidencia en funciones del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz dentro del plan de ahorro en la Administración abanderado por el presidente Ignacio Diego no incluyó entre las medidas que afectaban a los empleados públicos aquellas que afectaban a los funcionarios que hacen carrera política: sus planes ni eliminaron la posibilidad de que un funcionario reclame al Ejecutivo la diferencia respecto a su sueldo anterior si es menor, ni se reguló el complemento económico vitalicio que cobran los funcionarios que han sido miembros del Gobierno una vez vuelvan a su plaza.

EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Una de las primeras medidas de calado que adoptó el Gobierno presidido por Ignacio Diego fue el denominado Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria, un conjunto de acciones para reducir gasto y aumentar ingreso.

Leticia Díaz, consejera de Presidencia y Justicia

Incluía medidas como el céntimo sanitario a la gasolina, la reducción del Parlamento de 39 a 35 diputados o la supresión de los consejos de participación (Económico y Social, Mujer y Juventud), junto a cambios en la Renta Básica o una nueva tasa a la dependencia, entre otras.

Y además se aprovechó la coyuntura para introducir una serie de cambios en la propia forma de funcionar la Administración cántabra, desde una mayor flexibilidad en la asignación de puestos hasta cambios en los permisos, las jornadas o las ayudas sociales que perciben los empleados públicos.

LA RECLAMACIÓN

La consejera de Presidencia, Leticia Díaz ha reclamado al Gobierno de Cantabria una compensación por el dinero que ha dejado de cobrar durante su paso por el Ejecutivo en relación con su anterior puesto de trabajo, letrada en la propia Administración (en su propia consejería, de hecho).

Es una posibilidad prevista en la Ley de Acompañamiento de hace 15 años, para los miembros del Gobierno que hayan sido previamente funcionarios públicos, y a la que inicialmente se acogieron también el consejero de Educación, Miguel Ángel Serna (procedente de la Universidad) y Ángel Santiago (director general de Justicia, colaborador de Leticia Díaz, fiscal de profesión).

Pero ante la polémica desatada, Serna y Santiago han renunciado a este complemento, algo que no ha hecho Díaz, la que menos dinero reclama de los tres (4.000 euros)

EL NIVEL 33

El cobro de lo perdido en el paso de un trabajo al Gobierno no es el único privilegio del que disfrutan los funcionarios públicos que pasan a ejercer funciones en los Ejecutivos.

También se encuentra el denominado Nivel 33, un complemento salarial específico y vitalicio que se asigna a los funcionarios que hayan sido miembros de un Gobierno cuando salgan del mismo, una práctica que ha denunciado UPYD en varias ocasiones.

Es decir, un funcionario que sea nombrado director general o consejero tendrá, a su salida del Gobierno y cuando regrese a su plaza en la propia administración, un complemento salarial vitalicio.

Es un complemento, del orden de 230 euros al mes, del que ya disfrutaba Leticia Díaz, funcionaria, que en una etapa pasó a ser secretaria general de la Consejería de Sanidad, volvió a su plaza, con el 33, que recuperará ahora, en cuanto deje el Gobierno y vuelve a su puesto de letrada.

A la hora de formar gobiernos es normal que los partidos fichen a funcionarios de la propia administración. En su momento se habilitaron este tipo de normas para compensar a los empleados públicos que, después de pasar por los Gobiernos, volvían a sus plazas y sufrían represalías por parte de los Gobiernos siguientes.

LOS AJUSTES EN EL PERSONAL LABORAL

Ni el Nivel 33 ni la posibilidad de cobrar el dinero dejado de ganar a su paso por el Gobierno fueron aspectos que se incluyeran en las medidas de reorganización y ajuste del Ejecutivo que afectaban a personal público y funcionarios.

El Plan llegó a regular cuestiones como la reducción al mínimo de los delegados sindicales del Gobierno de Cantabria, cambios en cuestiones como las reducciones de jornadas, las bajas por enfermedad o la prolongación de servicio, entre otras.

Pero, y pese a perseguirse como objetivo final un ahorro económico, no se actuó sobre estas medidas que afectan a personal público y que implicaban una reducción de costes.