El Senado acaba de aprobar, gracias a una serie de enmiendas de PSOE  y PP, una modificación legal que permitirá a los propietarios de viviendas afectadas por sentencias firme de derribo en la costa cántabra (alrededor de 500, en lo que supone un problema histórico que Cantabria viene arrastrando durante varias décadas) que reciban una indemnización antes de que se materialice el derribo.

Como perjudicados por decisiones de otros (en este caso fueron las administraciones, tanto la local como la autonómica, las responsables, las que concedieron y avalaron las licencias a sus propiedades en base a normas que luego fueron siendo sucesivamente anuladas por sentencias judiciales hasta llegar al Supremo).

Unas sentencias que las instituciones llevan años intentando evitar, legalizando las viviendas a través de nuevos Planes Generales, y en el que ha asomado otro punto de debate jurídico: lo habitual es que para indemnizar a alguien por un daño ese daño tiene que haberse producido. Y en este caso el daño principal, el derribo de la vivienda, aún no se ha producido, pero las administraciones han tratado de buscar fórmulas para compensar a los propietarios antes de que se produzca.

Para Emilio Carrera, miembro de Ecologistas en Acción e histórico activista en defensa del medio ambiente, esto supone una «aportación inédita» al Derecho, que es la de «elevar a categoría histórico» la figura del «delito sin delincuente».

Urbanización del Alto del Cuco, en Piélagos

Porque, a su juicio, lo que se hace es «consagrar la impunidad y la irresponsabilidad de los autores de tales fechorías», entre las que enumera posibles figuras delictivas que hayan podido producirse, desde la prevaricación a la malversación de fondos públicos, el pago de comisiones, los cohechos y sobornos, además de otras situaciones como la especulación del suelo y los impactos ecológicos y contra la ordenación del territorio, entre otros.

De todos ellos, lamenta Carrera, los autores «han salido completamente ilesos de las operaciones urbanísticas a costa, eso sí, del dinero de los contribuyentes que serán, en última instancia, los que, de una forma u otra, hagan frente a las secuelas financieras del círculo tan virtuoso de esta banda invisible de delincuentes fantasmas».

Porque, según señala, en el acuerdo alcanzado en el Senado, hay un «olvido fundamental»: no se solicita a las autoridades judiciales competentes la investigación y esclarecimiento de las circunstancias concretas en las que se autorizó la construcción de viviendas que resultaron manifiestamente ilegales, como confirmó la Justicia tras las denuncias de la asociación ecologista Arca.

No se da ni eso ni la depuración de las responsabilidades económicas y personales de los responsables, en un proceso que sólo ha llegado a los tribunales en la parte administrativa, es decir, la de las propias licencias y los planes, pero no en la de la búsqueda de consecuencias contra sus autores.

Y eso que «les tenemos perfectamente identificados», incluso, sentados de nuevo en las instituciones, asevera el activista Emilio Carrera, quien llama la atención también sobre los costes, que recaen en las arcas públicas, de la restauración de las zonas perjudicadas, cantidades económicas que se suman a las de las indemnizaciones.