A menudo apelamos al “sentido común” como si de un argumento incontestable se tratara y del cual no se pudiese dudar. Un sentido común que consideramos tal sin haberlo creado nosotros (el común de los mortales) en su totalidad sino que en ocasiones ha sido dictado por una minoría (la oligarquía), lejana a lo común, y que consigue mediante sus medios económicos y mediáticos que el ciudadano de a pie piense, crea o defienda posturas ajenas a él. Posturas que, por supuesto, van en contra de sí mismo y que, sin embargo, ha asimilado como suyas contribuyendo al pensamiento único.

Por ello, este espacio pretende ser una vía en la que se planteen pensamientos divergentes, alternativos o contrarios a lo (a mi parecer) erróneamente asimilado por grandes sectores de la ciudadanía, fruto de un discurso presentado como único durante años.

En esta primera entrada de “Contra el sentido común” hablaré sobre las retribuciones y recursos económicos en la política.

Cada vez que oigo o leo “Que se bajen el sueldo y que cobren el salario mínimo” o incluso “que no cobren nada, para lo que hacen…” un gatito muere. Miles y miles de gatitos mueren gracias a un discurso que se ha instalado con fuerza (sobre todo a raíz de la crisis-estafa que estamos pasando) en barras de bar, viajes en tren o redes sociales.

Creo que en este tema deberíamos comenzar dejando claro que toda persona que desempeñe un trabajo debe ser retribuida de acuerdo a un baremo lógico en el que capacidad y necesidad sean criterios necesarios (aunque no suficientes).

Así, cabría también tener en cuenta factores como la dedicación exclusiva, parcial o la ejercida tras la jornada laboral en la tienda de ultramarinos, el bufete de abogados o la oficina del INEM.

En esta decisión, tampoco puede permanecer ajeno el tamaño de la Administración (local, comarcal, regional, autonómico o nacional) para la que Fulanito o Menganita han sido elegidos representantes del pueblo.

Antes de poner algún ejemplo no puedo evitar hacer una comparación que no suelo encontrar ni en las columnas de periódico ni en las tertulias de televisión (por qué será…).

Clamamos y con razón contra los recortes en Educación o Sanidad (tanto en personal como en recursos) porque afectan claramente a la calidad del servicio prestado.

Sin embargo, parece que la calidad de la política puede ser defenestrada cada vez que oigo el “que no cobren nada, para lo que hacen…”. Si para educar y curar (o investigar, industrializar o desarrollar planes de agricultura) se necesitan recursos, para hacer política (CON MAYÚSCULAS) también.

Conviene recordar que no todos son iguales y que mientras hay partidos políticos que se financian con cajas B o cuyas deudas son condonadas por los bancos, hay otros que destinan parte de su salario o de los recursos asignados a su grupo municipal, por ejemplo, para colaborar con el resto de su formación y hacer política.

Un político no tiene que ganar dinero a manos llenas por ejercer su labor pero tampoco perderlo (y aun así muchos lo hacen porque prima su vocación de servicio público frente al capital).

Para que nos entendamos, un concejal (o alcalde) de un pequeño municipio de 2100 habitantes, en donde han sido electos 11 concejales y el presupuesto municipal ronda el millón y medio de euros no debería cobrar un salario pues con los concejales elegidos la tarea de gobernar debería ser asumida sin que dicha labor suponga un esfuerzo sobrehumano (aquí entra en juego, por supuesto, la capacidad y voluntad de reparto de funciones y cargos de cada grupo municipal, pero es una cuestión no dependiente de la economía).

Por su parte, en un municipio grande, en donde el presupuesto a gestionar es muy elevado y donde las labores se multiplican, cabría esperar que existan cargos liberados (de forma parcial o total), siempre bajo el escrupuloso criterio de la responsabilidad (y empatía, que falta hace) que supone destinar una partida de dinero específica en estos tiempos que corren. Siempre (repito, siempre), debe ser tomada en cuenta la situación que se viva.

Si hablamos de diputados (regionales o nacionales), el salario es mayor, pues la responsabilidad también lo es. “Que se bajen el sueldo y que cobren el salario mínimo”, vuelvo a oír. No quiero que mis representantes cobren el salario mínimo. Al igual que no quiero que lo haga mi vecino fontanero o mi prima ingeniera. ¿Por qué pretendemos igualar por abajo y no por arriba? Y si hay que cobrar el salario mínimo, subámoslo. Salarios dignos, sin excesos y acorde a la situación actual.

“Ya, pero las dietas y complementos…”. Ahí no digo nada, seguro que estamos de acuerdo en que no es lógico que un diputado nacional cobre un complemento (¡y menudo complemento!) para alojamiento pese a tener casa en Madrid.

Y aquí es donde quería llegar. Este último argumento, empleado para minusvalorar la política, es erróneo (y en ocasiones, malintencionado), pues es tomar la parte por el todo (ya he mostrado distintos ejemplos, cada uno de su madre y de su padre) y además induce a algo muy peligroso: que sólo los ricos puedan hacer política, pues son los únicos que no necesitan trabajar para llevar un salario a casa. Y sabéis, ya nos gobiernan suficientes ricos como para que les demos más trozo de tarta. Los pobres también comemos.