La exconsejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, ya ha percibido la cantidad económica que reclamaba al Ejecutivo como compensación por la diferencia entre lo dejado de cobrar por su anterior puesto (funcionaria de alto nivel) y su responsabilidad en el gabinete de Ignacio Diego.

Y el exconsejero de Educación, Miguel Ángel Serna; y el director de Justicia, Ángel Santiago (que seguirá provisionalmente en el cargo con el nuevo gobierno) han percibido lo correspondiente a un mes, el de junio, renunciando expresamente y por escrito a los atrasos del resto de años (a raíz de la polémica desatada), según ha podido saber EL FARADIO de fuentes de la administración autonómica.

Es una posibilidad, esta de cobrar atrasos con la diferencia con el sueldo anterior si este era mayor, totalmente legal para los empleados públicos, que venía incluida en un artículo de la Ley de Acompañamiento de hace quince años, y que hasta la fecha no se había aplicado porque no se había dado el caso que un consejero cobrara menos, hasta que se redujeron estos salarios.

En el caso de Leticia Díaz, fueron 4.000 euros que insistió en cobrar pese a las críticas levantadas cuando se supo que se acogieron a ese derecho tanto ella como el exconsejero de Educación, Miguel Ángel Serna, como el exdirector general de Justicia, Ángel Santiago (el primero trabaja en la Universidad y el segundo es fiscal).

Serna y Santiago lo pidieron, este desfase, al día siguiente de las elecciones, y llegaron a cobrar el mes de junio, la parte proporcional, pero luego renunciaron, por escrito, a todo lo demás (100.000 euros entre los dos), según explican fuentes de la Administración.

Díaz no renunció, y el presidente Ignacio Diego trató de justificar aludiendo a su situación económica personal, extremo que ella misma negó.

EL ARTÍCULO 33

Dinero que se suma al conocido como Artículo 33, un complemento salarial vitalicio que tienen los funcionarios de alto rango cuando han ocupado cargos en la Administración y lo dejan.

En su caso, asciende a 230 euros, y lo percibía ya antes, pues en su momento fue secretaria general de la Consejería de Sanidad, de modo que al abandonarlo se le concedió el Artículo 33.

La supresión del Artículo 33 ha sido una reclamación realizada en varias ocasiones por UPYD.

REORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

De la Consejería de Presidencia dependen las políticas de personal relacionadas con los empleados públicos, es decir, con los funcionarios.

Bajo el mandato de Díaz se impulsó una reorganización de la administración, a través de la llamada Ley de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, la que redujo los diputados del Parlamento, introdujo el céntimo sanitario y copagos en la dependencia, y suprimió los consejos de participación.

Dentro de esa ley se arbitraron medidas que afectaban a condiciones y organización de los funcionarios, pero no se incluyó la regulación ni del Artículo 33 ni de la compensación de la diferencia salarial.