Ya van dos semanas desde que la Asamblea de la Senda Costera registró varias preguntas a las Administraciones cántabras pertinentes. Catorce días en los que los vecinos de Cueto, Monte y San Román no han recibido ningún tipo de respuesta real.

La Asamblea vuelve a reunirse mañana martes, en el Hogar de San Pablo, a las ocho de la tarde. Es otra de tantas plataformas que no se han disuelto con las elecciones, como parecía apuntar el alcalde de Santander que, harto, las denominó ‘plataformitis’, asegurando que eran «electorales».

Pero el problema de la senda continúa vigente, por lo que ellos siguen en la brecha, tal y como nos ha confirmado su portavoz, Santiago Sierra. En el orden del día de la reunión de mañana se informará a los vecinos sobre el actual estado de la Senda después de que Costas volviera a intervenir, esta vez justificándose en criterios de seguridad, el estado de las respuestas a las preguntas enviadas, las distintas entrevistas oficiales que van a pedir próximamente con motivo del cambio de gobierno en Cantabria, y diferentes propuestas de actividades lúdicas en la Senda para este verano.

Respuesta del Gobierno donde transfiere las preguntas a Costas y al Ayuntamiento de Santander.

En cuanto a a la última intervención, desde la Asamblea denuncian que, tras ella, quedaron repartidos por toda la costa «acopios de madera a su suerte que nadie retiró», lo que, a su juicio, demuestra que el proyecto fue «una decisión chapucera y electoralista».

Sobre las cuestiones realizadas, desde la Asamblea confirman que el pasado 29 de junio registraron nuevas preguntas a las diferentes Administraciones, tal y como acordaron en su última asamblea. Las administraciones contactadas son Demarcación de Costas, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

Solo el Gobierno ha respondido, a través de su ex director general de Medio Ambiente, David Redondo, y ha ‘pasado la pelota’ a Costas y al Ayuntamiento santanderino. Fechada el 2 de julio, la respuesta justifica esta actuación porque estima que estas cuestiones «afectan al ámbito de sus competencias».

Las otras dos administraciones no han mandado respuestas, y según asegura Santiago Sierra, «ni espero recibirlas», pues estos meses de lucha (pronto cumplirán un año desde que empezaron las protestas) le han enseñado que «la transparencia es papel mojado» y que «solo se responde lo que no compromete».

LAS PREGUNTAS

Las preguntas trasladas solicitan información sobre las obras y su paralización, sobre si la empresa adjudicataria, Dragados, ha recurrido y sobre si se ha rescindido el contrato.

En caso afirmativo, los vecinos quieren saber cuál es el importe de liquidación a la empresa por la obra ya construida, y cuál ha sido el coste de indemnización por la cancelación del contrato. Esta es una de las cuestiones que más preocupan a los vecinos, que temían que se retrasase intencionalmente la resolución del contrato, dejándolo extinguir y que eso suponga un alto coste para las arcas públicas.

Cartel de convocatoria de la Asamblea.

En caso de que no se haya rescindido el contrato, la Asamblea pregunta a Demarcación de Costas si prevé la resolución de este, o si existe algún criterio o justificación técnica para realizar la intervención, así como conocer más sobre el protocolo, en caso de que lo haya, a seguir para la retirada de los elementos (incluido el presupuesto).

Los vecinos siguen pendientes de la senda, preocupados de si alguna de las Administraciones tiene intenciones de recuperar los lugares degradados por las obras, como la flora dañada o las rocas pulidas con las máquinas.

Llevan meses peleando por la creación de un nuevo proyecto que contemple la actual Ley del Paisaje,, y quieren saber si se tendrá en cuenta el nuevo proyecto del Plan de Ordenación del Litoral (POL), el nuevo Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral que elaboró el Gobierno de Cantabria, y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla recomendaciones específicas para la zona afectada.

También le trasladan a las Instituciones sus dudas sobre si consensuarán el nuevo proyecto con los ciudadanos, tal y como aseguraron en su momentos, y que este sea respetuoso con el entorno natural.