La empresa constructora Ascán, del Grupo Sadisa, pretendió que el Gobierno de Cantabria les indemnizara económicamente por un trámite que en realidad les correspondía solicitar a la parte privada.

Así se lo recuerda a la constructora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Lo hace en una sentencia en la que rechaza indemnizar con 393.000 euros, que es lo que pedía la empresa al Gobierno de Cantabria.

Todo se remonta a 2005, cuando el Ejecutivo decidió suspender el contrato para la construcción de un edificio de talleres e imprenta autonómica en Ojáiz, en la capital cántabra.

Lo hizo porque carecían de licencia municipal, y fue entonces cuando la constructora le reclamó al Gobierno de Cantabria dinero por las pérdidas económicas que esto le suponía.

El Ejecutivo ni siquiera le respondió, esto es, un silencio administrativo que significa que no atendía su petición, por lo que la empresa recurrió a la Justicia, que ahora le da la razón al Gobierno de Cantabria.

Y lo hace alegando además que el plazo para reclamar ya prescribió (la prescripción es una figura que hace que pasado un tiempo establecido los hechos pierdan validez de cara a la justicia y ya no se les puede juzgar).

En este caso, la suspensión de las obras fue en julio de 2005, la resolución del contrato en 2006 y la reclamación se presentó en enero de 2014 (ocho años después, siendo el plazo de prescripción de cuatro años).

La empresa planteaba además que tuvo problemas con la administración municipal para el trámite de la licencia, sin la cual comenzó las obras.

El TSJC le responde que “la obtención de la licencia es obligación del contratista, por lo que no cabe trasladar a la administración contratante la responsabilidad por los perjuicios que deriven de su ausencia”.

“La suspensión de la ejecución tiene por causa la no obtención de dicha licencia, es decir, una situación incardinable en la sobredicha obligación del contratista, el cual debió prever el impedimento que podría surgir de la no obtención de la licencia municipal”, concluye la sentencia.

ASCÁN  Y LAS INSTITUCIONES

Recientemente, Ascán ha sido noticia por el anuncio del PSOE, aún sin tomar posesión, del rescate a la empresa concesionaria del Puerto de Laredo, de la que forman parte Ascán y FCC con el apoyo financiero de Caja Cantabria, y que nunca llegó a tener barcos por los problemas que sufrió la empresa.

El rescate, anunciado por el PSOE tras conocerse un informe del Consejo de Estado, se cifraba en 50 millones de euros, y deriva de las propias condiciones en que se formalizó el proyecto en tiempos de PRC y PSOE, que incluían que la parte pública, el Gobierno, debía velar por el equilibrio financiero del proyecto, como hicieron con sucesivas inyecciones económicas, tal y como ha señalado la Justicia en distintas ocasiones.

Ascán tuvo muy malas relaciones con el Ejecutivo anterior, de Ignacio Diego, que tomó decisiones en contra de proyectos que iba a realizar esta empresa o sociedades del grupo debido a adjudicaciones del PRC-PSOE, como las del proyecto Comillas o el Hospital Valdecilla.

En Santander, una sociedad del grupo gestiona las basuras, y ha acometido proyectos emblemáticos como la Duna de Zaera o el Centro Botín, en obras y en UTE.