A Costa Verde Hábítat, la constructora propietaria de la mayoría de la zona de El Pilón, donde hay en marcha un proyecto urbanístico que supondrá expropiaciones a vecinos, se le multó en su momento por el mal estado en que tenía fincas de su propiedad en el barrio.

Son fincas que, sumadas a pisos y otros terrenos, le permitieron hacerse con el porcentaje suficiente para ser mayoría en la Junta de Compensación y poder así decidir sobre los proyectos en la zona, contemplados en el PGOU bajo la denominación 3v(B).

Esto sucedió ya en el año 2009, cuando se había presentado el proyecto de Unidad de Actuación y el Plan General estaba en un proceso de revisión que le daba validez, en el que de hecho se aceptaron todas las sugerencias de esta constructora.

La multa no fue muy cuantiosa: 300,51 euros, y se llegó al extremo de esta sanción después de varios avisos desde el Ayuntamiento de Santander a la citada empresa constructora.

La razón fue el mal estado en dos fincas que le pertenecían, en General Dávila, 112.

Y que presentaban un estado de abandono que llegó a propiciar que creciera la maleza y presentar un “aspecto de no haber sido limpiada en mucho tiempo”.

En El Pilón hay fincas que no tuvieron mantenimiento

Por este motivo, la Policía Local denunció a Costa Verde Hábitat, ya en agosto de 2008, al que la empresa se opuso alegando defectos en la notificación y que no concretaba exactamente a qué fincas se refería, al no aportar referencia catastral.

Ambas objeciones fueron rechazadas por el Ayuntamiento de Santander, que le replicó que el hecho de que les hubiera respondido suponía que sí había sido notificado de la situación; y le recordó que en el expediente sí que figuran esas referencias del Catastro, que le concretan.

La Ley del Suelo establece que los propietarios de terrenos tendrán la obligación de mantener sus propiedades en condiciones de seguridad y salubridad suficientes, y permite a los Ayuntamientos tomar las medidas que sean necesarias para que esta obligación se cumpla.

En consecuencia, se impuso a Costa Verde Hábitat una multa (300 euros, aunque podía haber llegado a ser de 3.000), después de haberle pedido que procediera a la limpieza de sus propiedades, en una oportunidad que al rechazar se tradujo en esta sanción económica.