Los 87 trabajadores que, al cerrar la antigua Teka, cedieron el dinero de sus indemnizaciones a Nestor Martin por conservar un trabajo, llevan meses protestando por la “estafa” que han sufrido.

Este jueves iniciarán, en el Juzgado de lo Social número 1 de Santander, las actuaciones judiciales pertinentes contra el ERE de extinción que ha llevado a la calle a 42 trabajadores.

Durante la campaña electoral, los trabajadores trataron de protestar en un mitin de Mariano Rajoy, pero la fuerte presencia policial les impidió acercarse al presidente.

Será a las diez de la mañana, y muchos de los afectados, junto al Comité de Empresa y representantes de los sindicatos seguirán de cerca el juicio. Se prevé que en él se pronuncien diferentes testigos de ambas partes, como el Director de Exportación (por parte de Ecomasa-Nestor Martín) o el Jefe de Producción, que hablará como testigo de la acusación.

De momento la querella está compuesta por el conjunto de los trabajadores afectados, pero los abogados no descartan iniciar posteriormente procedimientos individuales dependiendo de la información que acabe revelándose en el juicio.

LA “ESTAFA” DE LAS INDEMNIZACIONES DE NESTOR MARTIN

Los afectados piden que se reconozca el incumplimiento del Plan de Acompañamiento Social que incluían sus contratos con Nestor Martin, y que contemplaban la reducción del salario en un 12,5% a cambio de mantener la antigüedad a la fecha del despido de Teka a todos los efectos, “incluidos los indemnizados”.

El caso de las indemnizaciones cedidas es complejo. La cantidad depende de cada caso particular y la antigüedad de cada persona en la empresa, pero muchas de ellas rondan los 50.000 euros.

En junio de 2015 Nestor Martin llevó a cabo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que había anunciado, despidiendo a 42 de  sus 96 trabajadores.

Estos se querellaron contra la empresa por despido improcedente, pues no se les indemnizó por despido tal y como se había acordado, sino que únicamente se le dio una pequeña cantidad correspondiente a los atrasos de sueldo.

El resto lo entregaron al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para pagar parte de las indemnizaciones a través de este. Algo que el Comité de Empresa denunció, pues eso impediría que los trabajadores pudieran cobrar en un único pago y de forma inmediata el dinero correspondiente.

Según informan desde el Comité de Empresa, FOGASA les informó que aún no pueden abonar esa cantidad a los trabajadores despedidos al estar aún la empresa en funcionamiento. Y que, en caso de que lo hagan, solo pagarían por los dos años y medio que han estado trabajando en Nestor Martin, sin respetar la antigüedad en Teka.

OTRA QUERELLA QUE VINCULA A ALTOS CARGOS DEL ANTERIOR GOBIERNO

Imagen que está circulando por las redes sociales

Además del procedimiento que se inicia mañana, el pasado mes de mayo los trabajadores presentaron otra querella contra los empresarios Jesús Lavín y Andrés de León, por delitos contra los derechos de los trabajadores, de estafa, apropiación indebida y fraude de subvenciones.

En la querella apuntan a posibles responsabilidades de altos cargos del Gobierno del PP, como el director del Instituto Cántabro de Finanzas, Jorge Gómez Cos o la directora general del Servicio Cántabro  de Empleo, María Ángeles Sopeña Villar.

Asimismo, el texto contiene alusiones al papel de intermediario del expresidente Ignacio Diego, de quien los trabajadores sugieren que le une con los empresarios una amistad, o de la propia Sociedad de Desarrollo Regional, propietaria del 30% de la sociedad y con el control del 70% restante.

Además de los 3,2 millones de los 87 trabajadores de Teka, el Gobierno inyectó en la empresa más de 18 millones de dinero público, a lo que habría que añadir créditos y avales por parte del Ejecutivo cántabro, cuyo destino está por el momento pendiente de saberse.