En la nueva etapa abierta con el cambio de Juzgado en la investigación de la compraventa del Racing, el Ministerio Fiscal ha optado por rebajar la gravedad de la mayoría de los hechos investigados, tanto en la parte pública, aceptando los argumentos relacionados con la situación económica del club, como en la que afecta a lo privado, el empresario Jacobo Montalvo y el abogado Emiliano Garayar.

Esta nueva etapa es consecuencia de que Javier López Marcano, que fue consejero de Deportes y está imputado en la causa, no tomara posesión de su escaño como diputado regionalista en las pasadas elecciones.

Al dejar Marcano de ser aforado, la causa ha cambiado de Juzgado

Esto supuso que perdiera el aforamiento (el privilegio judicial que tienen determinados cargos políticos), y pasara a investigarle un juzgado inferior, lejos de la incisiva investigación que venía ejerciendo la magistrada Paz Hidalgo (a la que sus críticos sitúan en la órbita del PP, impulsor de la causa desde el Gobierno, a pesar de que ninguno de los acusados políticos la llegó a recusar).

Bajo su mandato la causa había quedado lista para ser juzgada, por un Tribunal del Jurado (esto es, con ciudadanos elegidos por sorteo que examinarían si los acusados eran culpables o no, algo que tampoco sucederá ahora) con imputaciones a los exconsejeros López Marcano y Ángel Agudo, así como a un colaborador de este, Luis Egusquiza, además de al abogado Emiliano Garayar y el expropietario del club, Jacobo Montalvo.

En la investigación se analizaba el papel jugado en la compraventa de las acciones que pertenecían a Cantur, empresa pública del Gobierno, que fueron pasando sucesivamente por distintas empresas hasta llegar a Ali Syed, y se veían indicios de delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación o administración desleal, entre otros.

Ahora, el Fiscal, a la hora de pronunciarse ante nuevas peticiones de las partes, rebaja la gravedad de los hechos investigados, en especial en lo relacionado con el préstamo que se perdonó a Dumviro, empresa de los Montalvo, y con el traspaso de acciones a una sociedad holandesa, apelando a argumentos de carácter político o a estrategias contables.

Pero no percibe un fin delictivo previo, que, para probar, quiere tratar de acreditar conociendo a los autores de los ya famosos informes previos a Zurich que hizo el despacho de Gómez-Acebo y Pombo , en realidad unos borradores que la jueza Hidalgo ya había rechazado como pruebas.

Además, quita relevancia al papel jugado por Montalvo y Garayar (si bien este último tendrá su papel en dos causas derivadas de esta que tendrán su propia investigación, la del Ecoparque Besaya y la de sus sucesivos contratos con la administración).

En lo que sí extiende la gravedad de las acusaciones es en el tema de las subvenciones al Racing, tras comprobar que excedieron lo acordado y que desde los sucesivos Gobiernos, incluido el del PP, se emitieron certificaciones de que se habían cumplido las condiciones sin que fuera así, lo que lleva a la imputación de tres directores generales de Deportes, (dos de PRC-PSOE y uno del PP).

LA SITUACIÓN DEL CLUB

En su último escrito, el Fiscal relata la sucesión de hechos que se hicieron para ayudar a un club en una situación de “absoluto desequilibrio económico” que “habría de conducir inexorablemente a su disolución”, y de como se hicieron con un “fin aparente de interés público regional”.

Le resta importancia al hecho de que las acciones del club pasaran temporalmente a una sociedad holandesa, con el fin de que su situación económica, con una importante deuda, no influyera en la contabilidad de las finanzas cántabras.

Para el Fiscal, se trata de una gestión “meramente contable” sin trascendencia penal, más allá del “reproche social” que, asegura, puede merecer la “poca transparencia” de esta operación.

En cuanto a la titulización de acciones, el Fiscal defiende que fue conocida en todo momento, y que “entra de pleno en el terreno de la oportunidad política”, que, añade, puede ser criticable, pero no corresponde al campo del Derecho Penal, añadiendo que, al igual que en otras decisiones del Gobierno (subvenciones, inversiones, etc…), se cuenta con asesoramiento previo a su realización.

Tampoco se ve reproche penal en el préstamo participativo que se dio a Dumviro, del que se cuestionaba que se hubieran “perdonado” partes, sino que se entiende que esa no era directamente la “intencionalidad”, que, en realidad, era evitar que la empresa no pudiera hacer frente a sus compromisos ante su delicada situación económica.

El Fiscal insiste en conocer el contenido de los trabajos de asesoría que hizo el despacho Gómez-Acebo y Pombo (era algo que la jueza anterior ya había rechazado, pues ya se habían aportado la causa y además no eran informes completos, sino borradores con anotaciones). Por tanto, el Fiscal quiere conocer a los autores de esos documentos, para conocer si las intenciones fueron delictivas o si se trató de un mal resultado.

MONTALVO Y GARAYAR

Por un lado, el Fiscal se inclina por investigar de forma separada el caso Ecoparque Besaya (la adjudicación a la empresa de Montalvo de un frustrado proyecto inmobiliario en la zona), y las facturas al abogado Emiliano Garayar, porque, pese a tener relación con todo lo sucedido en el asunto del Racing, no la tienen estrictamente con los hechos investigados.

Emiliano Garayar

Y también porque el propio Fiscal asume que localizar toda esa documentación resultará complejo, por lo que acumular los hechos en una misma causa supondría retrasar la investigación de todo el conjunto, mientras que por separado se podría ir cerrando lo tocante al Racing, más avanzado.

En cualquier caso, el Fiscal va diluyendo el papel de Garayar, bien por la prescripción de ciertos hechos, bien por no encontrar beneficio económico directo en este abogado más allá de su función como tal en las distintas fases.

Emiliano Garayar era un abogado que trabajó en el despacho madrileño al que llegó el expediente del Racing, del que se acabó independizando para tener protagonismo él en todas las decisiones jurídicas que afectaron al club, y recibiendo contratos del Ejecutivo cántabro, del área de influencia de Ángel Agudo, por otras funciones posteriores.

Lo mismo puede suceder con Jacobo Montalvo, que fue propietario del club, imputado en la causa, ya que se señala su papel en el cambio de propiedad del club como una consecuencia de las decisiones de su padre, Javier Montalvo, que no está imputado en la causa (aunque sí que se la ha llamado al orden en varias ocasiones por no aportar documentación requerida por la Justicia).

LAS SUBVENCIONES

Desde la Fiscalía se duda de la veracidad de las certificaciones que se han ido emitiendo cada año desde la Dirección General de Deportes sobre la veracidad de la subvención concedida al Racing y su cumplimiento, en un hecho que afecta a todos los directores generales de Deportes desde que se firmó, incluido el que asumió esta responsabilidad con el PP de Ignacio Diego.

Es más, la Fiscalía añade que esas subvenciones excedieron lo acordado, en base a la documentación aportada por el propio club, y pese a ello se dio por bueno.

Son subvenciones que no se dieron por una situación extraordinaria, sino por lo que parecía un mal “endémico” del club.

La cantidad es de 22 millones de euros, dos millones anuales, a partir de 2005.