Esta semana el portal de transparencia del Ayuntamiento de Santander ha publicado el patrimonio de los concejales de todos los grupos políticos del Consistorio.

En esta sección, individual para cada uno de ellos, comenzando por el alcalde Iñigo de la Serna, explican el patrimonio personal dividido en Bienes Inmuebles, Valor total de otros bienes y las deudas, préstamos o créditos que tenga cada uno.

Portada de la web que recoge los patrimonios de los ediles.

Según la normativa de transparencia aprobada, las cifras corresponden a las posesiones de cada edil, sin introducir posibles datos que correspondan a sus parejas de hecho o matrimonio, si es que los hubiera.

Al leerlo más detalladamente, al final más por pura curiosidad y saciando ese morbo cotilla, realmente te das cuenta de que hay una transparencia en el patrimonio, sino total, al menos inicial; pero que no resuelve las principales dudas que pueda plantearse un ciudadano de cara a sus representantes.

EL CONCEPTO DE TRANSPARENCIA SE HA DISTORSIONADO

La petición de mayor transparencia por parte de la ciudadanía, inicialmente motivada por todos los casos de corrupción y para conocer de qué modo ha crecido el patrimonio sobre todo de los políticos que llevan más años en vida pública que en la empresa privada, se ha transformado hasta ser casi irreconocible.

¿Realmente qué importa saber si el alcalde cuenta con bienes inmuebles por valor de 249.602,24 euros, más una hipoteca de casi 73.000 euros y un valor total de otros bienes de algo más de 6.000 euros? Realmente lo que importa del tema es si algo de ese dinero se ha logrado de manera ilegal, utilizando su cargo público de manera deshonrosa, cayendo en algún tipo de delito o haciendo negocios privados aprovechando su posición en el Ayuntamiento. Porque si todo eso lo ha conseguido por la vía legal, entonces en la balanza no entra más que el morbo de saber quién tiene más o quién tiene menos.

En ese espacio de la vida parecido al Sálvame, que bien puede ser la barra del bar o la cola del supermercado, puede que encaje la conversación sobre cómo es posible que Gema Igual no tenga declarado ningún bien inmueble tras tantos años con un sueldo fijo; o cómo lo hace el recién estrenado concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, para tener un patrimonio de más de 1,3 millones de euros (inmuebles incluidos) sin ningún tipo de deuda; o cómo no se agobia José María Fuentes Pila, líder del PRC en Santander, teniendo 623.000 euros de hipoteca. Así como sentir lástima por el menos afortunado de la lista, Raúl Huerta (PRC), que no tiene ni inmuebles ni deudas pero el patrimonio total no llega a los 3.000 euros.

Y es que, además, los datos están acumulados, sin concretar, y sin explicar a qué corresponden exactamente. Son, como digo, perfectos para conversaciones a la hora del café, pero que no resuelven ninguna duda del funcionamiento real del Ayuntamiento ni de la falta de honorabilidad (en caso de que la hubiera) de los ediles.

Es el concepto de transparencia el que está distorsionado, porque como contribuyente lo que me debe preocupar es que las personas que están a cargo de gestionar las cuentas públicas sean de fiar, tengan más o menos patrimonio.

Esto me recuerda a la decisión errada (y populista, si puedo añadir) de María Dolores de Cospedal de eliminar los sueldos de los Diputados en Castilla la Mancha. ¿Les hace eso menos corruptos? No. ¿Soluciona algo? Un ahorro superficial, pero principalmente desvía la atención.

Y es que no se puede pretender una igualdad si se convierte la política en un pasatiempo al que se va después del trabajo, y al que solo pueden dedicarse quienes tengan suficiente tiempo libre y no deban preocuparse del dinero que llegue a casa. Si se optó en su momento por poner sueldo a los políticos era para facilitar que los más desfavorecidos pudieran acceder a la vida política. Eliminarlos porque hay corruptos que se aprovechan de su cargo es como cortarse el pelo porque te duele la cabeza; y, por cierto, supone volver a los Parlamentos de las élites.

Pues, volviendo a la transparencia, da la sensación de que se están sacando los pies del tiesto con estos aspectos. Esto no puede convertirse en una competición de quién tiene más patrimonio o menos, porque eso no indica nada de cómo son como gestores.

Como ciudadana me interesa más saber si ese patrimonio ha aparecido ‘de golpe’ tras cuatro años como concejal de un modo que no lo justifique su sueldo, o que se haga un desglose de ese valor total de otros bienes que tan poco especifica el portal de transparencia.

Como, por ejemplo, si estos ingresos si se tratan de acciones de empresas relacionadas de algún modo con el Ayuntamiento que puedan suponer un conflicto o favorecimiento en su gestión, o si tiene alguna relación de cualquier tipo con un banco que, casualmente, de repente tenga cuentas del Consistorio que antes no tenía.

En definitiva, este tipo de morbo no me soluciona nada. A quien tenga mayor patrimonio y ahorros ligados a la legalidad le otorgo mis felicitaciones más sinceras. Pero no busco ver quién es el ‘humilde’ de la baraja ni crucificar al rico simplemente por tener mejor vida que yo. Soy ciudadana, y como tal pido gestores honestos y transparentes. Y esta transparencia que se ha puesto tan de moda no me soluciona ninguna de las duda que ya tenía…