El Partido Popular (PP) se ha quedado solo en el pleno de este jueves en su defensa a la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida popularmente como Ley Mordaza. Es la primera votación que el PP pierde en Santander tras 16 años, tras haber perdido su mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales.

El Partido Socialista (PSOE) ha conseguido el apoyo de todos los grupos de la oposición para sacar adelante la moción presentada para que el Ayuntamiento de Santander inste al Gobierno central a derogar la Ley Mordaza. 14 votos (5 del PSOE, 4 del PRC, 2 de Ciudadanos, 2 de Ganemos y 1 de IU) a 13 (los concejales del PP).

Pedro Casares, portavoz socialista, ha presentado esta moción entendiendo que la ley supone «ir a la caza del que piensa diferente» y que «restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades de nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de Derecho».

Pleno del Ayuntamiento de Santander.

Casares ha nombrado algunos puntos de la ley que restringe la libertad de manifestación y de expresión como el hecho de que «se podrá castigar hasta con 30.000€ una manifestación para impedir un desahucio».

El PSOE también ha destacado que el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso contra la ley. «Su ley tiene los días contados», ha asegurado Casares ante Iñigo de la Serna. También añadió que habían llevado la moción al pleno del Ayuntamiento de Santander «para poner en evidencia una vez más su falta de respeto a las reglas democráticas».

Desde el grupo mixto Izquierda Unida (IU) ha calificado a esta ley como «excesiva» y cree que trata de extender la represión y el miedo entre la población. Ganemos Santander Sí Puede ha asegurado que la Ley Mordaza supone «la defunción de los derechos sociales con la excusa de más seguridad», en un país que ha recordado, con datos de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que está a la cola de Europa en la comisión de delitos.

El murmullo de aprobación del público ha llegado con la intervención de Ciudadanos, que confirmó que apoyaría la aprobación de esta moción, «debido a que restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos», al igual que, aseguró, apoyaría cualquier moción contra cualquier ley que «restrinja la ley de expresión y de prensa».

El Partido Regionalista (PRC) ha calificado esta ley de «control extremo» sobre la población, con el agravante de que carecen de «garantía jurídica». De este modo, José María Fuentes-Pila, portavoz regionalista, considera que la ley es una forma de violencia usada contra los ciudadanos.

EL PP DEFIENDE QUE LA LEY ES «GARANTISTA Y DEMOCRÁTICA»

Por tanto, la única defensa a la Ley Mordaza ha venido por parte del partido que la ha sacado adelante en el Congreso de los Diputados, el PP. El concejal Pedro Nalda ha asegurado que esta ley es «garantista y democrática», lo que ha levantado las risas irónicas del público asistente.

El concejal del Partido Popular ha defendido que esta ley no está hecha «para impedir el ejercicio de las libertades y protestas», y ha asegurado que el hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso «no quiere decir nada».

Posteriormente se ha enzarzado con la oposición sobre la cuantía de las multas que conlleva cada falta o delito contemplados en la Ley Mordaza. Pedro Nalda ha insistido en que «no es cierto que se castigue con más de 30.000€ las manifestaciones contra los desahucios , es una falta leve que puede ser sancionada con 100€ y 600€», aunque no se ha pronunciado sobre el hecho de que la legislación se haya hecho estrictamente para  afectar a colectivos como la PAH.

EN CANTABRIA LA PAH ESTRENÓ LA LEY MORDAZA

La ley de Seguridad Ciudadana se estrenó en Cantabria siete días después de entrar en vigor, el 8 de julio, y los integrantes fueron algunos de los integrantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Los activistas entraron en la oficina de Caja Cantabria en Amós de Escalante, en pleno centro de la ciudad de Santander, con el objetivo de reabrir las negociaciones de los pagos de algunos de los afectados.

Los responsables bancarios les retuvieron y encerraron en las instalaciones de Caja Cantabria, que se encuentra integrada en Liberbank, hasta que las autoridades les sacaron por la fuerza, les identificaron y les denunciaron.