Hicieron falta casi cuatro horas de pleno en el Ayuntamiento de Santander para que se tocara el tema del Plan General (PGOU). Los vecinos del Pilón, Prado San Roque y afectados por el incendio de Tetuán han llenado este jueves la sala de Plenos del Ayuntamiento de Santander para escuchar las alegaciones que la oposición les había prometido sobre los expedientes AE-3 (B) y AE-4 (B).

El tema salió en el Pleno a petición del concejal del Grupo Popular, César Díaz, que instó a la Corporación Municipal a solicitar al Gobierno de Cantabria que regule la legislación autonómica de manera urgente para asegurar los derechos de trabajo y retorno como consecuencia de las actuaciones urbanísticas, «aportando de este modo seguridad jurídica, justicia social y equidad en estos procesos».

Pleno de este jueves.

Es la única moción que no ha salido adelante en el Pleno, ya que la oposición en pleno presentó una transaccional que solicitaba la modificación puntual del expediente del área específica 3B del PGOU, y «la suspensión temporal del área específica en atención al artículo 65 de la Ley de Suelo de Cantabria 2001 del 25 de junio».

Ante esta petición, César Díaz instó a los concejales de la oposición a «alejarnos de discursos demagógicos y de etiquetas» en este tema. Y es que el concejal de Urbanismo considera que este problema debe solucionarse «a través de la legislación» cuyas competencias «parten del Gobierno de Cantabria».

Díaz no apoyó la idea de paralizar «algo que ahora mismo está en marcha, que se está desarrollando de acuerdo con un planeamiento en vigor, y que probablemente esa modificación puntual, sea del tipo que sea, hasta que no se apruebe definitivamente no va a trastocar lo que está ahora mismo en vigor».

Es decir, la propuesta del edil ha sido «no concretar una acción determinada desde la Competencia Municipal» sino «solicitar los correspondientes informes técnico-jurídicos para analizar las diferentes alternativas urbanísticas que se pueden aplicar»; planteando la «posibilidad de paralizar la tramitación de las bases y estatutos, en tanto en cuanto se modifique el contexto legislativo como el planeamiento urbanístico».

En resumen, el PP considera más importante modificar antes la Ley del Suelo de Cantabria, mientras que los grupos de la oposición insistían en la urgencia de paralizar las actuaciones que ya están en marcha.

LA OPOSICIÓN PIDE UN «COMPROMISO FIRME»

Ante esta falta de acuerdo, la oposición exigió al Ayuntamiento un «compromiso político firme» en la solución del problema urbanístico que afecta las viviendas de los vecinos. Díaz ha respondido que ese compromiso «es claro», pero insistió en la necesidad de no cerrarse en una sola alternativa, y «estudiar cualquier alternativa» antes de paralizar el expediente.

Vecinos afectados de las plataformas del Pilón y Prado San Roque junto a concejales de la oposición la pasada semana.

La oposición no ha querido votar la moción del PP sin que se incluyera su enmienda transaccional, por lo que ha quedado todo en suspenso a la espera de que el Ayuntamiento solicite «este mismo viernes» informes técnicos y jurídicos para «explorar todas las alternativas posibles», incluida la posibilidad de paralizar las bases y estatutos de la Junta de Compensación.

En el turno de ruegos y preguntas, al finalizar el Pleno, han intervenido algunas vecinas, portavoces de la Plataforma Defendamos las Viviendas del Pilón. María José García únicamente le solicitó al Ayuntamiento que le quiten su casa. «Cualquier personas puede verse en mi situación», ha denunciado esta vecina.

Por su parte, Virginia Velarde ha preguntado si la Constitución al hablar de garantía de vivienda, no considera inconstitucional que se les quiten sus viviendas sin opción de alternativa. Díaz ha insistido en que el Ayuntamiento cuenta con informes jurídicos que apoyan la legalidad de todas sus acciones y que, en ningún caso, «el Ayuntamiento no quiere expropiar su casa».

Al término del Pleno, ambas vecinas admitían que no sabían si «creerles o no» en el compromiso político. «El asunto le ocupa, más que preocupa. Les ocupa espacio en la mesa» cree Virgina. «¿Pero pensarán en nosotros o en la constructora?», se preguntaba María José.

«Habrá que darles una oportunidad de que se reúnan pero como esto siga adelante habrá que ir al juzgado, porque yo no admito una expropiación», ha insistido Virginia.