El Gobierno de Cantabria, a través de su consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha comunicado que ha decidido dejar sin efecto el procedimiento iniciado por su antecesor en el cargo, Francisco Rodríguez Argüeso, para rescindir el contrato de explotación del puerto de Laredo.

Al contrario de lo que había decidido Rodríguez Argüeso, el Gobierno seguirá las recomendaciones del Consejo de Estado, que no considera causa de resolución los incumplimientos del concesionario esgrimidos por el anterior Gobierno de Cantabria.

Puerto de Laredo.

Por este motivo, al no contemplar incumplimientos de condiciones por parte de la empresa, el Gobierno deberá indemnizar a la sociedad de la que forman parte las constructoras Ascán y FCC, con el apoyo financiero de Caja Cantabria.

Mazón ha resuelto no resolver el contrato con el procedimiento que inició su antecesor, y que hubiera supuesto que no habría que compensar a la empresa. En lugar de ello, iniciará otro proceso en base de la apertura de la fase de liquidación del concurso, que se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2014.

Basándose en el informe del Consejo de Estado entiende que los incumplimientos de la concesionaria esgrimidos por el anterior Ejecutivo –renuncia a explotar la obra pública, negligencia en la explotación y negativa a asumir la financiación de la totalidad de las obras ejecutadas- “no justifican la resolución del contrato”, pues “no puede ser considerada un incumplimiento esencial”, ya que la adjudicataria comenzó la explotación “tan pronto como fue requerida”.

Las resoluciones del Consejo de Estado no son vinculantes a la hora de tomar las decisiones pero el Ejecutivo cántabro ha decidido seguirlas.

EL PSOE ADELANTÓ QUE EL RESCATE SERÍA DE 50 MILLONES DE EUROS

La resolución del Consejo de Estado de anular el contrato con la concesionaria del Puerto de Laredo se supo el mismo día en que se firmó el pacto de Gobierno entre el PRC y el PSOE, antes incluso de dar a conocer los nombres de los consejeros socialistas.

Tras conocerse este informe, Ramón Ruiz, secretario de Coordinación y Política Institucional de los socialistas cántabros, avanzaba que el Gobierno deberá hacerse cargo de las deudas de la sociedad del Puerto, que está en proceso de liquidación.

El PP denunció un «intento de pelotazo»

Un rescate que cifró en 50 millones de euros, por encima de los 14 millones previstos inicialmente. Una cifra que el ex consejero Rodríguez Argüeso calificó de “barbaridad”, y denunció un intento de “pelotazo”.

“¿De dónde salen esos 50 millones de euros?” se preguntó. “¿O es que alguien trata de dar un segundo pelotazo con el Puerto de Laredo, y hablan de 50 millones y luego si les dan 30 ó 40 parece como que han hecho una buena negociación?”.

Por el momento se desconoce la cifra final del rescate que correrá a cargo de las arcas públicas.

UN PROYECTO DE LA ANTERIOR LEGISLATURA PRC-PSOE QUE NUNCA LLEGÓ A ECHAR A ANDAR

Al ser terreno y fines públicos, esta infraestructura se articuló a través de una concesión del Gobierno (año 2005, con PSOE y PRC en el Ejecutivo) a la citada unión de empresas, en un proyecto que nunca llegó a culminar las previsiones de ocupación y que acabó dejando imágenes de los atraques vacíos al más puro estilo del aeropuerto de Castellón.

Ya en 2012 la Audiencia Nacional dejó claro, en el contrato que se firmó entonces, que establecía que la parte pública debía mantener el equilibro económico del contrato firmado con la empresa privada, en una tesis que nunca agradó al siguiente Gobierno, del PP. La actividad del Puerto nunca llegó a echar a andar.

Y entonces fueron también los tribunales los que llamaron la atención sobre que la empresa quería a la vez tanto resolver el contrato, es decir, acabar con todo, como recibir la compensación por su contenido.

Esa misma sentencia, recurrida, fijó los problemas del Puerto de Laredo en un momento concreto: cuando la empresa se queda sin uno de los socios, que era una empresa participada por Caja Cantabria, que actuaba así de financiera de la operación.

Sin Caja no había financiación. La sentencia lo entendía, pero añadía, textualmente, que eso no obliga a que “el Gobierno avale ningún tipo de operación de crédito”.