La Fiscalía Superior de Justicia de Cantabria ha considerado ilegales y enmarcadas dentro del ilícito administrativo y, por tanto, de la “irregularidad administrativa” la gestión realizada por el alcalde de Meruelo, Evaristo Domínguez, en las cuestiones planteadas por el Grupo Municipal del PRC en Meruelo a la Fiscalía en la denuncia presentada en febrero de 2015.

La Fiscalía se ha pronunciado en estos términos ante la documentación aportada por el Ayuntamiento de Meruelo a consecuencia de la denuncia del Grupo Municipal Regionalista que alertaban a esta institución de la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos.

El PRC entendía que Domínguez habría incurrido en una serie de delitos por considerar que se habían cometido “graves irregularidades” en los procedimientos seguidos para la compra de unas naves, la concesión de la gestión de las pistas de pádel, de las instalaciones deportivas y de la emisora municipal, y la contratación de personal.

Para los ediles regionalistas, la respuesta de la Fiscalía pone en evidencia que la actuación de Evaristo Domínguez está “alejada del rigor” y supone una “evidente ilegalidad y falta de respeto a los cauces administrativos, necesaria para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento”.

Los regionalistas pedirán a la Fiscalía que aclare aquellos aspectos sobre los que no se ha pronunciado y que son “graves” como la contratación de personal, la legalidad de la emisora o la adquisición de la segunda nave.

Además, el Grupo Regionalista en Meruelo pedirá a la Secretaría Municipal que inicie los trámites administrativos para que se cumpla con la legalidad en los aspectos que, hasta el momento, la Fiscalía se ha pronunciado y ha considerado ilícitos.

El Grupo Municipal del PRC ha recordado que las decisiones adoptadas por el alcalde del PP han supuesto un “perjuicio económico” a los intereses de los vecinos de Meruelo. Y han advertido que continuarán, desde la oposición, velando por los intereses de los ciudadanos, ejerciendo su labor de “fiscalización” del equipo de Gobierno.