El Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Francisco Martín, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria no adjudicará el contrato del teleférico de Vega de Pas. Eso no quiere decir que se renuncie al proyecto de Vega de Pas, sino que se quieren «estudiar alternativas técnicas y medioambientales».

Zona proyectada para el recorrido del teleférico de la Vega de Pas.

Además, también ha anunciado que el Ejecutivo cántabro negociará el contrato del teleférico de Cabárceno por el «riesgo» que supone para las cuentas cántabras. Y es que Martín ha manifestado que tiene dudas  sobre las previsiones de visitas en Vega de Pas y sobre la forma de financiar el de Cabárceno.

Además, ha hecho saber que el Gobierno y la empresa de Cabárceno tienen discrepancias sobre quién tiene que asumir la electrificación. Se trata de un gasto de 700.000 euros que el consejero manifiesta que «no está claro».

Martín ha advertido en rueda de prensa de la situación en la que se encuentran las cuentas de Cantur: si se supera un umbral, su deuda computaría para Cantabria y eso supone restricciones futuras al endeudamiento de la comunidad autónoma o posibles planes de ajuste, como ha sucedido en los últimos años cada vez que se excede el objetivo de déficit.

De hecho, el Gobierno tiene previsto realizar un aporte de cuatro millones de euros al capital social de Cantur para evitar que entre en disolución.

Martín ha insistido mucho en los aspectos económicos: en Cabárceno, el teleférico se financia con cargo a las entradas al parque, se suba o no al teleférico, con lo cual de los ingresos por entrada se detraen ya estas cantidades.

Y también en las previsiones de visitas sobre el Pas: ha puesto como ejemplo que el teleférico de Fuente Dé, la infraestructura más parecida que hay en Cantabria, tiene 200.000 visitantes en una zona que recibe 2 millones. En la Vega de Pas las visitas son 33.000, mientras que la previsión de viajeros del teleférico es de unos 120.000.

LAS CONDICIONES IDEALES PROPUESTAS PARA LA EMPRESA CONCESIONARIA

El Mirador del Pas es un proyecto del Gobierno de Ignacio Diego cuyo objetivo es construir una instalación similar al teleférico de Fuente Dé en la zona del Pas, que suba al Castro Valnera y que tiene como objetivo también dinamizar la zona pasiega, ya que manejan unas previsiones de que esta infraestructura tenga unos 195.000 usuarios sólo en su primer año.

Con una inversión de 16 millones de euros, el Ejecutivo recibirá un canon fijo de 50.000 euros al año y luego una parte variable, que es un porcentaje de los ingresos por visitas a partir de las 120.000.

El proyecto se adjudicó inicialmente a Casacal S.L., una sociedad mercantil perteneciente al Grupo Casado, de fundadores cántabros, y con intereses en España e Iberoamérica, centrados especialmente en negocios inmobiliarios, energéticos y agropecuarios.

La empresa cambió de objeto social (la denominación de las actividades que puede hacer una compañía) un mes antes de la adjudicación.

Pocos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, EL FARADIO dio a conocer las condiciones ideales propuestas por el anterior Ejecutivo para la empresa ganadero del concurso de Vega de Pas.

Infografía del Mirador del Pas

Según los pliegos del contrato, la empresa contaría con una ayuda extra del Gobierno de Cantabria por si las cosas no salían conforme a las optimistas previsiones del Ejecutivo (casi 195.000 usuarios y tres millones de euros de ingresos el primer año).

Las condiciones incluían un rescate preventivo que se apoyaba en cláusulas como el uso de avales económicos a cualquier operación que se realizara con la empresa adjudicataria o la política de tarifas, en la que los precios altos beneficiarían a la empresa y los bajos la penalizarían.

Es decir, con un precio de 25 euros se ‘disuadirían’ a los visitantes, consiguiendo no cumplir el mínimo de viajeros marcado en el contrato. De este modo, la empresa no solo recibiría los beneficios por los viajeros totales sino que se llevaría 500.000 euros extra de ‘rescate’.

El aval se materializaría en el equivalente a un año de pasajeros si no se llegaba a los 120.000 viajeros, aunque es un importe que no puede concretarse, y se extendía a cualquier operación en general que realizara Cantabria con la empresa adjudicataria.

Finalmente, Cantur propuso que esa empresa fuera la unión entre Shepar Investment, una sociedad financiera ligada a los hermanos Cortina, y Casli, que ya ha sido adjudicataria de otro cuestionado proyecto de la etapa anterior en turismo, los cañones de nieve en la estación de Alto Campoo,.

Un proyecto que logró en compañía de Copsesa, la constructora del exalcalde de Ramales de la Victoria (PP), imputado judicialmente por la planta de asfalto de Camargo desde la que se produce el proyecto de asfalto ecológico en Santander.