El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha nombrado este jueves director de la empresa pública SICAN a Antonio Bocanegra, exdirector del Puerto de Laredo y directivo de la empresa constructora y concesionaria, ahora en liquidación, Marina de Laredo S.A., una UTE entre las constructoras ASCAN (Santiago Díaz) y FCC (Esther Koplowitz), que mantienen un litigio con el Gobierno de Cantabria por esta infraestructura.

Imagen nocturna de un Puerto de Laredo sin barcos || Fuente: marinadelaredo.es

El acuerdo se ha adoptado esta misma tarde en una reunión del Consejo de Administración de SICAN, empresa pública que depende de la consejería de Industria, cuyo titular es Francisco Martín, independiente nombrado por el PRC que en la anterior etapa del bipartito (2007-2011) fue consejero de Medio Ambiente con el PSOE.

En el reparto de empresas públicas entre el PRC y el PSOE al reeditar el Gobierno tras las elecciones de 2015, SICAN y PCTCAN quedaron del lado regionalista, mientras que SODERCAN salió de Industria para pasar a formar parte de la macroconsejería que dirige la vicepresidenta del Gobierno, la socialista Eva Díaz Tezanos.

Antonio Bocanegra es concejal en la actualidad en el Ayuntamiento de Laredo, donde resultó electo como número 2 del PRC en las últimas elecciones locales del 24 de mayo.

Entre 2006 y 2014 ha estado vinculado al polémico puerto deportivo de Laredo, que está prácticamente vacío después de que se inaugurara en la antesala de las elecciones de 2011, con una inversión de 90 millones de euros.

Bocanegra, Ingeniero de Caminos, fue director de la obra del Puerto de Laredo, premiada en el año 2012, como recogió en su web SADISA, el grupo del que ASCAN es la matriz.

Además, fue directivo de la sociedad constructora y gestora, Marina de Laredo (era apoderado mancomunado solidario). También ha estado anteriormente vinculado a proyectos ligados al sector público en Castilla y León.

ASCAN, la empresa cántabra de la UTE Marina de Laredo, ha remitido a su persona como portavoz autorizado cuando empezaron los problemas en el puerto deportivo. El presidente del grupo SADISA, Santiago Díaz, incluso delegó en Bocanegra el día de la inauguración, el 26 de marzo de 2011, a menos de dos meses de las elecciones.

En aquella convocatoria se ausentaron los Díaz y también FCC, dejando todo el protagonismo a un eufórico Miguel Ángel Revilla, el secretario general y candidato también entonces del PRC, que calificó al Puerto de Laredo como “la obra de mayor inversión regional de toda la historia para el mejor puerto pesquero y recreativo del Norte de España”.

Y se declaró «más feliz que si Berlusconi le invitara a dar una vuelta con esas amigas por el mar».

MARINA DE LAREDO Y EL GOBIERNO DE CANTABRIA

La empresa Marina de Laredo de FCC y ASCAN está en liquidación desde el mes de noviembre de 2014 y está siendo polémico el final de la relación con el Gobierno de Cantabria en relación a esta infraestructura  y su gestión.

El actual consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón (PRC) ha detenido el procedimiento iniciado por el PP por incumplimiento de contrato de la adjudicataria. Por el contrario, se ha basado en un dictamen del Consejo de Estado no vinculante que conlleva una indemnización para la empresa. Mazón ha pedido comparecer en el Parlamento de Cantabria para dar más explicaciones.

Después de las elecciones de mayo, el actual consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz (PSOE), antes de ser nombrado, en un comunicado enviado desde el partido socialista, preparó el terreno para un rescate del Puerto de Laredo con un coste para todos los cántabros de 50 millones de euros; una «barbaridad» y un «intento de pelotazo» para el exconsejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso (PP).

Podemos, artífice con su abstención de la investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria para la legislatura en curso, tras firmar un documento de compromisos con el líder regionalista, ya ha solicitado el contrato del Puerto de Laredo para estudiarlo, y alguno de los miembros del Consejo Ciudadano ha criticado con anterioridad la actuación pública.

UN PROYECTO FALLIDO DE LA PRIMERA  ETAPA PRC-PSOE

Al ser terreno y fines públicos, esta infraestructura se articuló a través de una concesión del Gobierno (año 2005, con PSOE y PRC en el Ejecutivo) a la citada unión de empresas, en un proyecto que nunca llegó a culminar las previsiones de ocupación y que acabó dejando imágenes de los atraques vacíos al más puro estilo del aeropuerto de Castellón.

Ya en 2012 la Audiencia Nacional dejó claro, en el contrato que se firmó entonces, que la parte pública debía mantener el equilibro económico del contrato firmado con la empresa privada, en una tesis que nunca agradó al siguiente Gobierno, del PP. La actividad del Puerto nunca llegó a echar a andar.

Y entonces fueron también los tribunales los que llamaron la atención sobre que la empresa quería a la vez tanto resolver el contrato, es decir, acabar con todo, como recibir la compensación por su contenido.

Esa misma sentencia, recurrida, fijó los problemas del Puerto de Laredo en un momento concreto: cuando la empresa se queda sin uno de los socios, que era una empresa participada por Caja Cantabria, que actuaba así de financiera de la operación.

Sin Caja no había financiación. La sentencia lo entendía, pero añadía, textualmente, que eso no obliga a que “el Gobierno avale ningún tipo de operación de crédito”.