Todos los partidos del Ayuntamiento de Santander han aprobado por unanimidad la búsqueda de fórmulas para paralizar el proyecto urbanístico en El Pilón, en General Dávila, el antiguo alta.

Así se ha aprobado este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Santander en una sesión en la que el PP ha asegurado que no descarta modificar el Plan General, según informa Eva Mora, 

En El Pilón existe un proyecto urbanístico, recogido en el Plan General de Ordenación Urbana a petición de la empresa que lo promueve, para la construcción de viviendas, garajes y la prolongación de un vial.

No obstante, cualquier paso que se ha dado al respecto tendrá que ir respaldado por informes técnicos, según han insistido reiteradamente tanto el alcalde Íñigo de la Serna como el portavoz del PP y concejal de Urbanismo, César Díaz, por lo que el hecho de que esta votación se lleve a la práctica dependerá de esos informes

Zona de El Pilón

Para ejecutarlo, se constituirá una figura llamada Junta de Compensación, en la que la mayoría de la propiedad la tiene la empresa Costa Verde Hábitat, promotora del proyecto, y que al ser mayoría puede forzar las decisiones en base a sus intereses.

Todos los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, habían presentado, en el mismo día del Pleno, una moción en la que reclamaban la paralización de los planes, ante la inminencia de la fecha límite para la constitución de la Junta de Compensación que supondría el principio de las actuaciones y la expulsión de los propietarios.

Sobre todo, porque el próximo Pleno de Santander sería el día 24, y la fecha límite vence el 25, si bien el concejal César Díaz aportaba que sería el día 30, según le han trasladado sus servicios jurídicos.

Desde el equipo de Gobierno se remitieron a la necesidad de que todas las decisiones vengan avaladas con un informe jurídico para evitar incurrir en prevaricación (en un argumento recurrente desde el Grupo Popular) y en base a un expediente administrativo, y lamentaron que la moción se hubiera presentado sin hablar previamente con ellos.

El alcalde Íñigo de la Serna insistía en la importancia de estos informes para cualquier decisión. La existencia de ellos no puede consultarse en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santander.

El portavoz socialista Pedro Casares le replicaba que nadie ha planteado nada que fuera en contra de la legalidad, algo en lo que abundaba Miguel Saro, de Izquierda Unida, que recordaba que la propia moción habla de respeto a la legalidad y recalcaba que no puede ser de otro modo dado que de otra forma no ayudarían a los vecinos.

Además, Saro insistía en que la decisión sobre el proyecto depende del equipo de Gobierno y no exclusivamente de los técnicos. Antonio Mantecón, de Ganemos, hablaba también de la “voluntad política”.

En respuesta, César Díaz, portavoz del PP y concejal de Urbanismo, expresaba que la “voluntad política” es buscar todas las alternativas posibles para la paralización de la actuación, incluyendo, en lo que es una reiteración, una modificación de la Ley del Suelo (autonómica) en lo tocante a las expropiaciones.

Aunque aseguraba que no descartaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander.

Y el regionalista José María Fuentes-Pila apelaba a la “urgencia” de convocar de nuevo la mesa de trabajo con todas las partes implicadas para analizar soluciones.