Hace casi un año, prácticamente cuando se acabó el Mundial de Vela de Santander, el Ayuntamiento de Santander aprobaba definitivamente el Convenio de San Martín, que permitía el desarrollo urbanístico de esta zona comprendida entre Reina Victoria y Gamazo, junto al Palacio de Festivales.

Zona de San Martín

El convenio permite la construcción de 140 viviendas, con realojos de los propietarios en las mismas condiciones de vistas y alturas, y fue aprobado de forma exprés, con período de información pública en agosto y estando la Jefa de Urbanismo de vacaciones.

No obstante, llegar hasta allí no resultó fácil para el Grupo SADISA, al que pertenece la constructora ASCAN, propietario desde hace años de la mayoría de los terrenos en la zona a través de la sociedad Playa de San Martín.

Porque la tramitación del desarrollo de la zona no estuvo exenta de tiras y aflojas entre el Ayuntamiento y la empresa propiedad de Santiago Díaz, como se desprende de documentación municipal manejada por EL FARADIO.

De hecho, lo que acabó siendo un convenio con tramitación exprés fue calificado inicialmente como “inaceptable” por representantes de la empresa, que llegaron a amenazar al Ayuntamiento con llevarles a los tribunales si no les hacían caso en sus peticiones.

“UN CONVENIO INACEPTABLE”

Hasta el punto de que las alegaciones que hicieron representantes de Playa San Martín como Antonio Diestro (estrecho colaborador de Santiago Díaz, responsable máximo del Grupo SADISA, en otras empresas) advertían al Ayuntamiento de que se exponía a indemnizaciones millonarias si cambiaba sus planes para la zona.

La empresa rechazó los planes iniciales

En SADISA se aferraban a un PERI (Plan Especial de Reforma Interior, una figura urbanística) para San Martín.

Una herramienta que, explicaban, se había aprobado inicialmente “de forma expresa” y provisionalmente “de forma tácita”, es decir, de una manera no formal pero sí sobreentendida.

Por tanto, veían derechos jurídicos reconocidos, y ajustados a la legalidad del Plan General que regía previamente.

Lo que quería la empresa es que el Plan General, revisado, recogiera ya lo que pensaban que iba a terminar por ocurrir más adelante, es decir, el PERI que decían que estaba aprobado de forma provisional y “tácita”.

En este sentido, advertían de que de no aprobarse en esos términos, la empresa tendría derecho a reclamar a la administración “indemnizaciones millonarias”, ya que veían derechos jurídicos reconocidos y ajustados a la legalidad.

Pese a ese tono de las alegaciones poco habitual en el resto de las que presentaron empresas y ciudadanos, la empresa continuaba mostrando su “buena voluntad” proponiendo una redacción alternativa, elaborada por ellos mismos.

SADISA QUISO EXCLUIR AL PUERTO DEL DESARROLLO DE LA ZONA

Pese a estas tensiones con el Ayuntamiento, en SADISA parecían tener claro que era mejor tratar el desarrollo de esa zona en la que tenían intereses con una administración única, y no con varias.

Allí coinciden varias administraciones: además del propio Ayuntamiento hay terrenos que le pertenecen al Puerto de Santander, ya que la zona albergaba en el pasado infraestructuras portuarias como unos antiguos astilleros, el dique de Gamazo o la caseta de bombas.

Durante la tramitación del Plan General, en el período de alegaciones, representantes del Grupo SADISA, llegaron a pedir en esas alegaciones que la zona se desarrollara sin que fuera necesario contar con otras administraciones.

Zona de San Martín

Concretamente, reclamaron la “autonomía del ámbito”, “exigiendo” que se pueda desarrollar “sin que sea necesario compromiso o acuerdo alguno de las administraciones colindantes”.

Para el conjunto de la zona, por ejemplo, existe el Plan Maestro del Frente Marítimo, que requirió un acuerdo entre el Estado, el Puerto, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

Las peticiones de SADISA para el resto de las administraciones se extendieron a infraestructuras dependientes de la Autoridad Portuaria, como el archivo del Puerto, una pequeña nave de una planta en Gamazo, cerca de la nueva explanada.

“Cabe esperar que las respectivas administraciones faciliten la ocupación de los terrenos necesarios”, sugerían en sus alegaciones.

Finalmente, el convenio fue aprobado por el Ayuntamiento de Santander, que aprobó además mejoras al margen del propio convenio (las conexiones entre Reina Victoria y la reforma de la Plaza de San Martín).

Y contaron con la colaboración del propio Puerto de Santander, con dos propiedades en el área incluida, que firmó el texto, facilitando la operación.