Movilización contra el polémico RD 16/2012

El Gobierno de Cantabria ha pedido de forma oficial al Gobierno de España que derogue el Real Decreto 16/2012 que regula la exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular, así como la de otros colectivos.

Así consta en el documento oficial de alegaciones del Ejecutivo cántabro a la última propuesta del Ministerio de Sanidad, según ha podido saber El Faradio.

Es la respuesta al último planteamiento del Gobierno central, que pretende crear un registro para atender a aquellos con una antigüedad de empadronamiento de  6 meses, siempre y cuando el solicitante acredite no tener recursos económicos, y vinculado sólo a la atención primaria.

Esta posición fue trasladada a las comunidades autónomas en la Comisión Técnica celebrada el pasado 2 de septiembre, con carácter previo al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el órgano en el que se adoptan las decisiones.

Tras el encuentro, el secretario general de la Comisión dio un plazo de 15 días a las CC.AA. para que formularan sus alegaciones a la propuesta del Ministerio.

LAS ALEGACIONES DE CANTABRIA

Y es en ese contexto en el que Cantabria ha pedido la derogación del RD 16/2012, que es el marco jurídico que ahora mismo sitúa a las comunidades que se niegan a aceptar las condiciones del Gobierno central en situación de rebeldía.

La administración central ha llegado incluso a amenazar con sanciones millonarias a las comunidades en caso de prestar atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

Desde el primer momento, muchas comunidades autónomas – de signo contrario al PP, desde el cambio de gobiernos autonómicos en las últimas elecciones de mayo- se han plantado contra la exclusión sanitaria.

Y ahora Cantabria lo argumenta. En el documento remitido al Ministerio alega con su propia normativa autonómica, y asegura que no va aceptar un aumento de los requisitos para la atención sanitaria ni una disminución de las prestaciones.

Así, la Consejería de Sanidad plantea la vuelta a la atención universal (para todo aquel que lleve empadronado más de tres meses, que es el tiempo máximo de un periodo vacacional).

De esta manera, devolvería el derecho objetivo a la atención sanitaria a todos los colectivos excluidos por el Gobierno del PP, con el único trámite de un documento que se podrá solicitar en cualquier centro de salud sin necesidad de requerir atención médica.

5.000 TARJETAS SANITARIAS RETIRADAS EN CANTABRIA

En Cantabria se han retirado 5.000 tarjetas sanitarias desde la entrada en vigor del RD 16/2012. No todas son inmigrantes en situación irregular; también hay cántabros que han emigrado.

El anterior Gobierno del PP cedió y ordenó la atención sanitaria a los sin papeles, después de que la titular de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, hubiera confrontado públicamente con los movimientos sociales y tras defender «el cumplimiento de la Ley en un Estado de Derecho».

Sin embargo, el cambio de criterio del Gobierno del PP en la región no terminó de satisfacer a la plataforma ‘Ciudadanía contra la exclusión sanitaria en Cantabria’, al plantear trámites y burocracia que dificultaba en la práctica la restitución de la atención a los colectivos excluidos, con criterios similares a los que ahora plantea el Gobierno central.

El actual Ejecutivo regional (PSOE-PRC) espera que podrían volver al sistema hasta 3.000 ciudadanos excluidos por la actual legislación.